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Fenacore alerta de los cambios y retos en agricultura por cambio climático

El campo sufrirá transformaciones por el cambio climático pero, no sólo resistiría «la africanización» de España que auguran los expertos por el aumento de hasta seis grados de las temperaturas para 2071-2100, sino que podría aprovecharse de algunos beneficios, como la precocidad de las producciones.

Así lo ha explicado a Efeagro el presidente de la Federación nacional de regantes Fenacore (que aglutina a 700.000 productores y dos millones de hectáreas), Andrés del Campo, en referencia a las prospecciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que dibujan a una Sevilla tan cálida como Arizona y a Madrid con las temperaturas de la ciudad hispalense dentro de 50 años.

Del Campo ha señalado que en un escenario de temperaturas más altas, menos lluvias pero más inundaciones, y duros períodos de sequía tendrá mayor importancia si cabe la regulación de las cuencas hidrográficos y los trasvases, que amortiguarán el impacto y evitarán daños «catastróficos» en pueblos y ciudades.

Ha indicado que la escasez de agua será uno de los grandes riesgos que plantea el cambio climático, porque del recurso hídrico depende la producción de alimentos, según avalan los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Tal es la relevancia de este bien que, según Del Campo, para obtener una naranja se necesitan 50 litros de agua; una manzana requiere de 70 litros y, para elaborar 250 mililitros de cerveza, la cantidad necesaria llega a 75 litros.

En este cálculo de consumo se incluye todo el agua que requieren desde la producción, manipulación, transformación, logística y transporte, hasta la distribución al consumidor final, ha puntualizado el presidente de Fenacore.

Para elaborar una copa de vino se consumen hasta 120 litros, una taza de café, 140, aunque si es tostado y va empaquetado, se dispara hasta 21.000 litros.

Si queremos obtener un litro de leche, son imprescindibles 1.000 litros de agua; para un kilo de trigo, 1.300 litros; para una camiseta de algodón, 2.000; para un kilo de pollo, 3.900; para una hamburguesa, 2.500 y, para un kilo de algunas carnes, 15.500 litros.

Del Campo ha resaltado que esta información será de utilidad a los países para definir si les compensa producir ciertos alimentos porque, en muchos casos, la importación será la opción más barata.

El cambio climático hará que cobren más protagonismo en el futuro las nuevas tecnologías para optimizar el agua y la biotecnología para obtener variedades resistentes a la sequía, como el algodón, el maíz, el girasol, el arroz o el trigo, ha subrayado.

A su juicio, habrá nuevos cultivos, otros, como algunos frutales, podrían desaparecer en las zonas más cálidas y menos irrigables, y ciertas producciones, por contra, tendrán un ciclo vegetativo más corto, apenas tendrán parada invernal y se podrán cosechar antes, como ocurre ahora con algunas naranjas del Valle del Nilo, que alcanzan su madurez en 2 ó 3 años, frente a los 7 de España.

Según Del Campo, la precocidad en el fruto puede traducirse, de este modo, en mayor rentabilidad para el agricultor.

Este experto no sólo desmitifica «el infierno» que dibujan algunas proyecciones climáticas, sino que apunta, contracorriente, que nuestro país cuenta con algunas bazas y ciertas ventajas.

El presidente de Fenacore ha recordado que España dispone de un nivel de aprovechamiento del 45 por ciento de los caudales naturales, con 1.300 embalses, por encima de otros países europeos con mayor publiometría que cuentan, sin grandes obras, con una regulación natural del 40 por ciento.

La debilidad del campo español reside en que ese esfuerzo de regulación se traduce en mayores costes debido a la amortización de las inversiones y el gasto en electricidad, en el mantenimiento de infraestructuras, en la tecnología de regadíos y en la red de Confederaciones Hidrográficas.

También ha apuntado que, en contra de lo que pudiera parecer, zonas del norte del país, Cantábrico y Valle del Ebro pueden aguantar peor una fuerte sequía, al tener menos infraestructuras para guardar el agua; mientras que en el sur de España hay ríos muy deficitarios, como el Segura, que es uno de los más regulados del mundo, por lo que está acostumbrado a resistir estrés hídrico.

Como ejemplo, ha explicado que si dejase de llover de forma continuada la población europea dispondría de agua para 72 días, mientras que California soportaría hasta 850, lo que demuestra en su opinión que no hay que «demonizar» los embalses, ni sus repercusiones ecológicas.

Gracias a las obras de regulación, pueden vivir en España unos 45 millones de habitantes y 70 millones si se suma la población «flotante» porque, de lo contrario, en meses como julio y agosto apenas podrían sobrevivir más de 3 millones, con los ratios de consumo actuales, ha defendido. EFE

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Una gran cantidad de peces muertos aparece en varios puntos del canal de la Lobera

La reciente aparición de un gran número de peces muertos en el canal de la Lobera, situado entre Albacete capital y La Herrera (concretamente en el paraje situado en una finca del mismo nombre), debido a una brusca disminución del caudal de agua en ese punto, ha sido denunciada durante los últimos días por ciudadanos que pasaron por la zona. La posibilidad de que este hecho pudiera deberse a una extracción de agua en la vega del río Balazote a su paso por esa localidad albaceteña era negada tajantemente ayer por el alcalde, Juan Antonio Cifuentes Jiménez.
Cabe recordar que río Balazote deriva en varios canales artificiales cuando se aproxima a nuestra capital, el canal de la Lobera, el Acequión y finalmente aguas abajo, el canal de María Cristina. Debido al invierno especialmente lluvioso que vivimos este año desde la propia Confederación Hidrográfica del Júcar se estudiaron incluso actuaciones conjuntas con el Consistorio de la capital, a primeros de año, para prevenir posibles avenidas producidas por las lluvias que de forma continuada se registraron durante varios meses consecutivos. Esas actuaciones también se planificaron en el propio río Balazote, llamado también Jardín y Don Juan en otros tramos.
Juan Antonio Cifuentes nos comentaba que esa elevada pluviosidad habría motivado que canales y cauces habitualmente secos fueran ocupados este año por las aguas y, según el regidor, los peces que ocuparan esos puntos mueran al retirarse las mismas, debido a la falta de oxígeno.

Obras de remodelación. «En el término municipal de Balazote se están llevando a cabo actualmente obras de remodelación de regadíos y no se está regando prácticamente, salvo alguna parcela aislada», informaba el alcalde socialista.
El río a su paso por esta población de la comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel todavía presenta un aspecto inusual para estas fechas con un caudal mucho mayor al habitual, como no se recordaba en las últimas décadas. «Aguas arriba en dirección a El Jardín hay algunos bancales que todavían están encharcados, incluso el río Mirón, que desemboca en el Balazote, todavía lleva agua… ¡ójala estuviera asegurada ese agua para años venideros!», añadía.
Finalmente, Juan Antonio Cifuentes consideraba más que probable que muchos alevines de truchas hayan podido desplazarse este año aguas abajo por el elevado caudal que llevaba el río, llegando a canales y cauces habitualmente secos, quedando los peces atrapados en esos lugares al descender el nivel.    

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La Junta sitúa en 120 hm3 año el límite para derivar agua al levante

El Gobierno de Castilla-La Mancha se opondrá a cualquier incremento de esa cifra porque estima que tienen recursos suficientes para producir la cantidad que emplean para regadío

Javier D. Bazaga / Toledo

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene muy claras sus reivindicaciones en materia de agua, las tiene ahora y las ha tenido siempre pero su voz ha ganado peso desde que la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura decidiera revisar las normas de explotación del acueducto.
En esas reivindicaciones está la de mantener una lámina estable de agua en los embalses de la cabecera del Tajo y que sea allí donde «se regule y embalse» el agua. Lo explicó el Consejero de Ordenación del Territorio ayer para poner de manifiesto que la cuenca del Segura no necesitará más de 120 hectómetros cúbicos (hm3) de agua al año. Una cantidad que gracias a la «experiencia y los datos acumulados en los últimos años» dijo Julián Sánchez Pingarrón, deberá ser suficiente y es «lo que solicita habitualmente la Mancomunidad de Taibilla para abastecimiento».

Experiencia y Datos
La experiencia y los datos acumulados no son otros que el conocimiento de la existencia de seis plantas desaladoras que son capaces de producir 183 hm3 en la zona del levante, y que en los últimos años, la media de agua trasvasada ha sido de 300 hm3 al año.
Es por esto que el Gobierno regional se opondrá a cualquier trasvase que supere los 120 hectómetros cúbicos al año ya que el resto, que pueden producir las desalinizadoras, «es la cantidad que demandan anualmente para regadío».
Además, Sánchez Pingarrón destacó que la decisión adoptada por la Comisión de Explotación del Trasvase de revisar la normativa de explotación, «marca un antes y un después ya que a partir de ahora será necesario justificar el uso de cada gota de agua que circule por el Trasvase».

Por alusiones
El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, reiteró que con esta revisión, «no va a bajar la guardia» respecto al Trasvase y es que su postura se sostiene en la creencia de que «hay agua para poder abastecer solidariamente las necesidades de los territorios de España», afirmó Valcárcel, «lo que pasa es que tiene que haber un distribución equitativa, ahí es donde se falla».
Por otro lado reconoció que Castilla-La Mancha «tiene prioridad en todo momento» sobre el uso del agua, pero añadió que tanto Castilla-La Mancha, como Murcia, Alicante y Almería «pueden convivir perfectamente con esa agua que es de todos». Concluyó Valcárcel asegurando que el agua es un bien común y por tanto, «de todos los españoles».

Aeródromo
El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, defendió ayer el proyecto de ampliación del aeródromo de Casarrubios del Monte, en Toledo, por ser un importante elemento dinamizador para el desarrollo y el comercio de la Región.
Lo hacía después de que el Consejo de Gobierno de Castilla-La mancha del pasado martes, decidiera declararlo de interés regional por su alto valor como infraestructura aeroportuaria.
El apoyo del Gobierno al proyecto de ampliación se plasma en que será la Sociedad de Infraestructuras aeroportuarias de Castilla-La Mancha la que gestione esta operación, para lo que se ha abierto el plazo de un año para presentar el proyecto de singular interés.

Realidad
El proyecto choca con la intención de la Comunidad de Madrid de construir un aeropuerto en su zona sur para liberar de tráfico aéreo el centro, un conflicto que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha resuelven con la realidad que constituye en aeródromo de Casarrubios, «porque existe y trabaja a pleno rendimiento». En cambio «en Madrid no me consta que se haya dado ningún paso o haya ninguna tramitación al respecto», afirmó Pingarrón para añadir que además, el de Casarrubios tiene futuro «porque se ha declarado de interés regional».
Precisamente para apoyar esa realidad sobre la que trabaja el aeródromo toledano, Pingarrón se refirió a los 14 años que lleva funcionando «y creciendo de un modo natural», y a las 100.000 operaciones de media que realiza al año -con más de 300 vuelos diarios-.

CaracterísticasLa «extraordinaria ubicación» del aeródromo le ha beneficiado en su desarrollo y crecimiento hasta alcanzar una superficie de 37 hectáreas y 40 empresas ubicadas en su entorno para satisfacer todas las necesidades de su actividad. La ampliación prevista, que estima una inversión de 8,6 millones de euros y prevé una nueva pista de 1,6 kilómetros, llevará al aeródromo a ocupar una superficie cercana a las 320 hectáreas. «Este proyecto, por tanto, permitirá un incremento de la actividad económica y una mayor seguridad en toda la operativa aeroportuaria, favoreciendo la creación de nuevas empresas y fomentando el desarrollo socioeconómico de la Región» subrayó Pingarrón.    

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pruebas de campo para medir el «estado de salud» actual de la cuenca del Júcar

Un equipo de investigadores del Instituto para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y de las universidades de Lleida y del País Vasco ha llevado a cabo diferentes pruebas de campo para medir el «estado de salud» actual de la cuenca del Júcar.

Según un comunicado de la UPV, se «han tomado las primeras muestras para analizar los tipos de sedimentos de los ríos y los cambios que en ellos se producen».

El objetivo de este proyecto es describir y predecir las consecuencias del cambio global sobre la disponibilidad del agua, su calidad y los servicios ecosistémicos de las cuencas mediterráneas de la Península Ibérica, además de conocer su impacto en la sociedad y la economía.

Estos trabajos forman parte de un programa denominado SCARCE, coordinado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científica (IDAEA-CSIC) de Barcelona.

El estudio se ha centrado en las cuencas del Llobregat, Ebro, Guadalquivir y Júcar, y en él han participado 12 grupos científicos españoles con más de cien investigadores, entre ellos investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la UPV.

«Intentaremos predecir el comportamiento futuro de los ríos de la cuenca, posibles cambios en su morfología y en su fauna acuática en un hipotético escenario futuro de escasez de agua», ha explicado el investigador del Instituto IGIC de la UPV, Francisco Martínez Capel.

Los expertos del Instituto para la Gestión Integrada de Zonas Costera de la UPV han establecido quince puntos de estudio en toda la cuenca del Júcar.

«Este río de gran valor natural será objeto de un estudio más detallado que comenzará a finales de este año, y servirá para aplicar técnicas más novedosas y distintos modelos para predecir como cambiarán nuestros ríos», han explicado las mismas fuentes. EFE

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El TSJCV desestima un recurso de C-LM contra el uso de 6,1 Hm3 para abastecer a municipios valencianos

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado un recurso interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de julio de 2007 por el que se autorizaba la utilización de 6,1 Hm3 de la reserva del sistema a favor de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) para paliar el déficit de abastecimiento de los municipios de Alicante, Elche, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Aspe y Hondón de las Nievas, todos ellos servidos por la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, han informado los regantes valencianos en un comunicado.

La Junta de Castilla-La Mancha se opuso a este acuerdo de la CHJ por entender que esta mancomunidad no forma parte de la cuenca del Júcar y que los órganos de gobierno de la Confederación carecen de competencia legal para adoptar cualquier acuerdo como el impugnado.

La junta manchega señalaba que «las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y de Valencia tienen competencias estatutarias plenamente vigentes en materia de aguas que discurran plenamente por sus territorios autonómicos y que, en consecuencia, el Estado carece de competencias para aprobar planes hidrológicos intracomunitarios, es decir, referentes a cuencas cuyas aguas no excedan del territorio de una comunidad autónoma».

La sentencia —dictada por la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJCV y a la que ha tenido acceso Europa Press— recuerda que al amparo del Real Decreto de 21 de octubre por el que se adoptan medidas excepcionales para la gestión de recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía, contempla una serie de atribuciones específicas temporales para solventar la situación de sequía que atraviesa el Estado Español y dota a la administración hidráulica de los «instrumentos legales para proceder a la ordenación de recursos».

Así, se establece en el artículo 2 del Real Decreto que las juntas de gobierno de las conferederaciones hidrográficas podrán modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico. «Por lo que en todo caso, al amparo de esta disposición la CHJ ostenta cobertura para la adopción de los acuerdos ahora impugnados sin que tampoco se aleguen o acredirten circunstancias que excluyan la subsunción de los acuerdos en la cobertura de la citada norma», señala la resolución judicial.

Tras conocer el fallo, el secretario General de USUJ, Juan Valero de Palma, considera que es «importante porque es una derrota más de Castilla La Mancha en su afán por territorializar el problema del agua y permite continuar con la gestión del agua por la Confederación del Júcar hasta que se delimite el ámbito territorial de la Demarcación del Júcar».

Paralelamente a este proceso, la USUJ, propietaria del embalse de Alarcón, mantiene en la actualidad un contencioso con el Ayuntamiento de Albacete para reclamar la deuda que el consistorio manchego tiene contraída con los regantes valencianos y que supera el millón de euros, han recordado desde el colectivo.

Tanto el Plan Hidrológico del Júcar como el Convenio de Alarcón y sentencias recientes del TSJCV establecen que las aguas del embalse pueden ser utilizadas por terceros, como es el caso del ayuntamiento albaceteño, de forma gratuita siempre que la reserva para USUJ esté por arriba de la curva de abastecimientos estipulada. Cuando la curva está por debajo, debe ser el Ayuntamiento de Albacete quien indemnice los costes de la extracción del agua de los pozos por parte de los regantes de USUJ, han explicado.

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Más de 23,8 millones de ha de cultivos optan a las ayudas del Pago Único

Según el Avance de superficies de los regímenes de ayudas directas por superficie en la campaña 2010-2011 recogido por el Fondo Español de Garantía Agraria, la superficie de secano solicitada para acceder al Pago Único asciende a 20,8 millones de hectáreas.

La mayor cantidad corresponde a pastos (7,8 millones de ha), seguida de la cebada (2,6 millones), barbecho tradicional (2,3 millones) olivar (1,7 millones) y trigo blando (1,49 millones).

Por comunidades, Castilla-La Mancha concentra la mayor cantidad de hectáreas (5,05 millones). Por detrás, Andalucía (4,03 millones), Extremadura (2,5 millones) y Aragón (1,5 millones).

Por su parte, en el apartado de superficies de secano de otros regímenes de ayuda alcanza las 980.483 ha con las ayudas a los frutos de cáscara a la cabeza (415.103 ha). Castilla-La Mancha (450.000 ha) y Aragón (296.282) concentraron el mayor número de hectáreas.

En cuanto a otras superficies, las forrajeras llegan a los 7,5 millones de ha con Castilla y León como la comunidad que más extensión tiene (1,8 millones).

REGADÍO

Más de 3 millones de superficie de regadío optan en la campaña 2010/2011 al Pago Único siendo el trigo blando el que más extensión presenta (396.441 ha). Por comunidades destacan Extremadura (929.039 ha), Andalucía (410.050), y Castilla y León (398.096).

Por su parte, en cuanto a la superficie de otros regímenes de ayuda destaca el pago específico al cultivo del arroz (115.886 ha) o la ayuda especifica al cultivo del algodón (49.035 ha).

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El problema de miles de agricultores con la ITV entra en vías de solución

Más de 1.200 tractores que no pudieron pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Castilla-La Mancha por problemas en la seguridad de sus cabinas, podrán hacerlo ahora gracias al acuerdo entre la Junta de Comunidades, las Organizaciones Profesionales Agrarias y la Asociación de Estaciones de ITV de Castilla-La Mancha (Aecaman).
El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, dio cuenta en Albacete del convenio que garantiza el cumplimiento de la normativa de seguridad industrial en el sector. El compromiso fue rubricado por el consejero Sánchez Pingarrón, José María Fresneda (Asaja), Julián Morcillo (UPA), Alfonso Marín (COAG) y el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de ITV en Castilla-La Mancha, Fernando Rodiño, quienes ofrecieron una rueda de prensa en la sede de la Delegación de la Junta.
Pingarrón indicó que la colaboración entre organizaciones agrarias y responsables de ITV ha permitido «dar solución al problema gracias a una interpretación rigurosa de la normativa, que permite distinguir qué tractores pueden circular sin riesgo». Anunció que se constituye una Comisión de Seguimiento «que velará por el cumplimiento de los objetivos acordados y garantizará la seguridad de los agricultores». El acuerdo deja claros los criterios técnicos que tendrán que aplicar las estaciones de ITV en la inspección de vehículos agrarios lo que les permitirá circular con respeto a las normas de seguridad.
Las organizaciones agrarias se comprometen a informar y difundir los requerimientos y exigencias que establece en materia de seguridad la normativa vigente y a promover la seguridad industrial. La solución acordada sirve a aquellos tractores con bastidor de cuatro o seis postes con cabina, en los que si el fabricante es el mismo que el del tractor, se aportará certificado de que ese revestimiento no afecta a la seguridad. En el caso de que el fabricante de la cabina sea distinto al del tractor, se debe elaborar un informe que deje claro que la cabina no afecta a la seguridad. En el caso de tractor con bastidor de dos postes, si la estructura es homologada, se califica como defecto leve en una inspección que comprobará que esa cabina no afecta a la resistencia del vehículo.    

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Barreda dice que la nueva normativa ministerial corrige algún

Barreda dice que la nueva normativa ministerial corrige algún «error de planteamiento» del trasvase Tajo-Segura

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha asegurado este lunes que la reciente normativa de explotación hídrica aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino corrige algún «error de planteamiento» relacionado con el trasvase Tajo-Segura al permitir una mayor gestión de los recursos propios y al garantizar que los desvíos sólo se realizarán cuando no se alcance una «lámina de agua» mínima en la cuenca receptora.

Barreda dice que la nueva normativa ministerial corrige algún

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Barreda ha realizado estas declaraciones en la central hidráulica de Bolarque, durante el acto de conmemoración del centenario de la planta, al que acudió el Príncipe Felipe. Junto a esta central hidráulica sobre el río Tajo se encuentra la infraestructura de desvío de agua hacia el Segura.

El presidente de Castilla-La Mancha ha calificado el trasvase de «tropelía» y de «obra faraónica propia de otros momentos de la historia, de otros planteamientos, otras necesidades y otra realidad social y política», cuya construcción se realizó en una época en la que no había quien mostrara «con fuerza y potencia» su rechazo a esta infraestructura.

No obstante, la nueva normativa «beneficia los planteamientos» de la región al «cambiar la filosofía», ya que a partir de ahora «el río Tajo se regula en los pantanos del propio río Tajo». «Es aberrante pensar que por el mero hecho de que haya agua aquí se la puedan llevar allí independientemente de que la necesiten o no. Ése es el error de planteamiento que hay que cambiar absolutamente», ha añadido.

El requisito de que la cuenca receptora deba acreditar una lámina de agua inferior a un umbral predeterminado «garantizará» una «lámina permanente en los pantanos de la cabecera, dará «satisfacción a los pueblos ribereños» y aumentará el «caudal ecológico», ha señalado el presidente regional.

Por otro lado, Barreda ha rechazado que Castilla-La Mancha pueda acoger más centrales nucleares, en alusión al informe de las grandes industrias consumidoras de electricidad en el que se citaba la planta alcarreña de Zorita, en proceso de desmantelamiento, como el lugar idóneo para la construcción de una nueva nuclear.

«Nuestra posición es igualmente clara: más contribución nuclear que la que tenemos, no, gracias. Ya tenemos bastante», ha afirmado al ser preguntado sobre esta cuestión. En Guadalajara se encuentra, aparte de Zorita, la central nuclear de Trillo.

Durante la ceremonia de celebración del centenario de Bolarque, el Príncipe ha descubierto una placa conmemorativa y visitó las instalaciones de la planta. Además, ha firmado el libro de visitas con un comentario de felicitación al personal de Gas Natural Fenosa, propietaria de la instalación, y una alusión a la vinculación de la Casa Real con la planta, que fue inaugurada por Alfonso XIII.

Además del Príncipe y Barreda, al acto han acudido el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín; el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Pedro Rivero; el presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, y el consejero delegado de la compañía, Rafael Villaseca.

Bolarque está compuesto por una central convencional a pie de presa de 28 megavatios (MW) de potencia, una central reversible de 208 MW y una minicentral de caudal ecológico de 4,2 MW. El sector forma parte del Alto Tajo, junto a los saltos de Entrepeñas, Buendía, Zorita y Almoguera.

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El TSJCV desestima un recurso de C-LM contra el uso de 6,1 hectómetros cúbicos

  El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado un recurso interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de julio de 2007 por el que se autorizaba la utilización de 6,1 Hm3 de la reserva del sistema a favor de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) para paliar el déficit de abastecimiento de los municipios de Alicante, Elche, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Aspe y Hondón de las Nievas, todos ellos servidos por la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, han informado los regantes valencianos en un comunicado.

   La Junta de Castilla-La Mancha se opuso a este acuerdo de la CHJ por entender que esta mancomunidad no forma parte de la cuenca del Júcar y que los órganos de gobierno de la Confederación carecen de competencia legal para adoptar cualquier acuerdo como el impugnado.

   La junta manchega señalaba que «las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y de Valencia tienen competencias estatutarias plenamente vigentes en materia de aguas que discurran plenamente por sus territorios autonómicos y que, en consecuencia, el Estado carece de competencias para aprobar planes hidrológicos intracomunitarios, es decir, referentes a cuencas cuyas aguas no excedan del territorio de una comunidad autónoma».

   La sentencia –dictada por la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJCV y a la que ha tenido acceso Europa Press– recuerda que al amparo del Real Decreto de 21 de octubre por el que se adoptan medidas excepcionales para la gestión de recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía, contempla una serie de atribuciones específicas temporales para solventar la situación de sequía que atraviesa el Estado Español y dota a la administración hidráulica de los «instrumentos legales para proceder a la ordenación de recursos».

   Así, se establece en el artículo 2 del Real Decreto que las juntas de gobierno de las conferederaciones hidrográficas podrán modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico. «Por lo que en todo caso, al amparo de esta disposición la CHJ ostenta cobertura para la adopción de los acuerdos ahora impugnados sin que tampoco se aleguen o acredirten circunstancias que excluyan la subsunción de los acuerdos en la cobertura de la citada norma», señala la resolución judicial.

   Tras conocer el fallo, el secretario General de USUJ, Juan Valero de Palma, considera que es «importante porque es una derrota más de Castilla La Mancha en su afán por territorializar el problema del agua y permite continuar con la gestión del agua por la Confederación del Júcar hasta que se delimite el ámbito territorial de la Demarcación del Júcar».

   Paralelamente a este proceso, la USUJ, propietaria del embalse de Alarcón, mantiene en la actualidad un contencioso con el Ayuntamiento de Albacete para reclamar la deuda que el consistorio manchego tiene contraída con los regantes valencianos y que supera el millón de euros, han recordado desde el colectivo.

   Tanto el Plan Hidrológico del Júcar como el Convenio de Alarcón y sentencias recientes del TSJCV establecen que las aguas del embalse pueden ser utilizadas por terceros, como es el caso del ayuntamiento albaceteño, de forma gratuita siempre que la reserva para USUJ esté por arriba de la curva de abastecimientos estipulada. Cuando la curva está por debajo, debe ser el Ayuntamiento de Albacete quien indemnice los costes de la extracción del agua de los pozos por parte de los regantes de USUJ, han explicado.

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El TSJ rechaza el recurso de Castilla-La Mancha contra una cesión de agua del Júcar a Alicante

La Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha ha sufrido una nueva derrota judicial en su estrategia de recurrir sistemáticamente cualquier decisión administrativa que afecte a aguas del Júcar.
El último varapalo se lo ha dado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al desestimar el recurso interpuesto contra el acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de julio de 2007 por el que el citado organismo autorizó la utilización de 6,1 Hm3 de la reserva del Júcar establecida a favor de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ).
El agua fue cedida a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para paliar el déficit de abastecimiento de municipios del sur de la Comunitat Valencia entre los que se encontraban los de Alicante, Elx, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Aspe y Hondón de las Nieves.
La Junta se opuso a este acuerdo por entender que la Mancomunidad de Canales de Taibilla, que utiliza recursos de este río, del Tajo-Segura y ahora también de desalinizadoras, no forma parte de la cuenca del Júcar. Por tanto, los órganos de Gobierno de la CHJ «carecen de competencia legal» para adoptar cualquier acuerdo como el impugnado.
La Junta utilizó también uno de sus argumentos favoritos: que Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana tienen competencias estatutarias sobre sus cuencas hidrográficas y el Estado carece de competencias para aprobar planes hidrológicos intracomunitarios, es decir, referentes a cuencas cuyas aguas no excedan el territorio de una Comunidad Autónoma».
Al respecto, Juan Valero de Palma, secretario general de USUJ, valoró la importancia de la sentencia afirmando que es «una derrota más de Castilla-La Mancha en su afán por territorializar el problema del agua y permite continuar con la gestión del agua por la Confederación del Júcar hasta que se delimite el ámbito territorial de la Demarcación del Júcar».
En este contexto, fuentes de USUJ recordaron que mantienen un contencioso con el Ayuntamiento de Albacete para reclamar la deuda que tiene con los regantes valencianos al negarse a compensar por las aguas recibidas del embalse de Alarcón y que corresponden a USUJ.
La USUJ, «propietaria del embalse», según las fuentes, tienen derecho a ser compensada cuando el nivel conjunto de los embalses de Forata, Tous y Contreras está por debajo de determinado umbral. El agua utilizada en estas circunstancias aguas arriba obliga los regantes a poner en marcha sus pozos, con el sobrecoste que supone el pago de la energía.
Ni la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ni el Ayuntamiento de Albacete, que adeuda algo más de un millón de euros, aceptan estas compensaciones establecidas en el Convenio de Alarcón.

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