Más de 1.200 tractores que no pudieron pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Castilla-La Mancha por problemas en la seguridad de sus cabinas, podrán hacerlo ahora gracias al acuerdo entre la Junta de Comunidades, las Organizaciones Profesionales Agrarias y la Asociación de Estaciones de ITV de Castilla-La Mancha (Aecaman).
El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, dio cuenta en Albacete del convenio que garantiza el cumplimiento de la normativa de seguridad industrial en el sector. El compromiso fue rubricado por el consejero Sánchez Pingarrón, José María Fresneda (Asaja), Julián Morcillo (UPA), Alfonso Marín (COAG) y el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de ITV en Castilla-La Mancha, Fernando Rodiño, quienes ofrecieron una rueda de prensa en la sede de la Delegación de la Junta.
Pingarrón indicó que la colaboración entre organizaciones agrarias y responsables de ITV ha permitido «dar solución al problema gracias a una interpretación rigurosa de la normativa, que permite distinguir qué tractores pueden circular sin riesgo». Anunció que se constituye una Comisión de Seguimiento «que velará por el cumplimiento de los objetivos acordados y garantizará la seguridad de los agricultores». El acuerdo deja claros los criterios técnicos que tendrán que aplicar las estaciones de ITV en la inspección de vehículos agrarios lo que les permitirá circular con respeto a las normas de seguridad.
Las organizaciones agrarias se comprometen a informar y difundir los requerimientos y exigencias que establece en materia de seguridad la normativa vigente y a promover la seguridad industrial. La solución acordada sirve a aquellos tractores con bastidor de cuatro o seis postes con cabina, en los que si el fabricante es el mismo que el del tractor, se aportará certificado de que ese revestimiento no afecta a la seguridad. En el caso de que el fabricante de la cabina sea distinto al del tractor, se debe elaborar un informe que deje claro que la cabina no afecta a la seguridad. En el caso de tractor con bastidor de dos postes, si la estructura es homologada, se califica como defecto leve en una inspección que comprobará que esa cabina no afecta a la resistencia del vehículo.    

  El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado un recurso interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de julio de 2007 por el que se autorizaba la utilización de 6,1 Hm3 de la reserva del sistema a favor de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) para paliar el déficit de abastecimiento de los municipios de Alicante, Elche, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Aspe y Hondón de las Nievas, todos ellos servidos por la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, han informado los regantes valencianos en un comunicado.

   La Junta de Castilla-La Mancha se opuso a este acuerdo de la CHJ por entender que esta mancomunidad no forma parte de la cuenca del Júcar y que los órganos de gobierno de la Confederación carecen de competencia legal para adoptar cualquier acuerdo como el impugnado.

   La junta manchega señalaba que «las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y de Valencia tienen competencias estatutarias plenamente vigentes en materia de aguas que discurran plenamente por sus territorios autonómicos y que, en consecuencia, el Estado carece de competencias para aprobar planes hidrológicos intracomunitarios, es decir, referentes a cuencas cuyas aguas no excedan del territorio de una comunidad autónoma».

   La sentencia –dictada por la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJCV y a la que ha tenido acceso Europa Press– recuerda que al amparo del Real Decreto de 21 de octubre por el que se adoptan medidas excepcionales para la gestión de recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía, contempla una serie de atribuciones específicas temporales para solventar la situación de sequía que atraviesa el Estado Español y dota a la administración hidráulica de los «instrumentos legales para proceder a la ordenación de recursos».

   Así, se establece en el artículo 2 del Real Decreto que las juntas de gobierno de las conferederaciones hidrográficas podrán modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico. «Por lo que en todo caso, al amparo de esta disposición la CHJ ostenta cobertura para la adopción de los acuerdos ahora impugnados sin que tampoco se aleguen o acredirten circunstancias que excluyan la subsunción de los acuerdos en la cobertura de la citada norma», señala la resolución judicial.

   Tras conocer el fallo, el secretario General de USUJ, Juan Valero de Palma, considera que es «importante porque es una derrota más de Castilla La Mancha en su afán por territorializar el problema del agua y permite continuar con la gestión del agua por la Confederación del Júcar hasta que se delimite el ámbito territorial de la Demarcación del Júcar».

   Paralelamente a este proceso, la USUJ, propietaria del embalse de Alarcón, mantiene en la actualidad un contencioso con el Ayuntamiento de Albacete para reclamar la deuda que el consistorio manchego tiene contraída con los regantes valencianos y que supera el millón de euros, han recordado desde el colectivo.

   Tanto el Plan Hidrológico del Júcar como el Convenio de Alarcón y sentencias recientes del TSJCV establecen que las aguas del embalse pueden ser utilizadas por terceros, como es el caso del ayuntamiento albaceteño, de forma gratuita siempre que la reserva para USUJ esté por arriba de la curva de abastecimientos estipulada. Cuando la curva está por debajo, debe ser el Ayuntamiento de Albacete quien indemnice los costes de la extracción del agua de los pozos por parte de los regantes de USUJ, han explicado.

La Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha ha sufrido una nueva derrota judicial en su estrategia de recurrir sistemáticamente cualquier decisión administrativa que afecte a aguas del Júcar.
El último varapalo se lo ha dado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al desestimar el recurso interpuesto contra el acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de julio de 2007 por el que el citado organismo autorizó la utilización de 6,1 Hm3 de la reserva del Júcar establecida a favor de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ).
El agua fue cedida a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para paliar el déficit de abastecimiento de municipios del sur de la Comunitat Valencia entre los que se encontraban los de Alicante, Elx, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Aspe y Hondón de las Nieves.
La Junta se opuso a este acuerdo por entender que la Mancomunidad de Canales de Taibilla, que utiliza recursos de este río, del Tajo-Segura y ahora también de desalinizadoras, no forma parte de la cuenca del Júcar. Por tanto, los órganos de Gobierno de la CHJ «carecen de competencia legal» para adoptar cualquier acuerdo como el impugnado.
La Junta utilizó también uno de sus argumentos favoritos: que Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana tienen competencias estatutarias sobre sus cuencas hidrográficas y el Estado carece de competencias para aprobar planes hidrológicos intracomunitarios, es decir, referentes a cuencas cuyas aguas no excedan el territorio de una Comunidad Autónoma».
Al respecto, Juan Valero de Palma, secretario general de USUJ, valoró la importancia de la sentencia afirmando que es «una derrota más de Castilla-La Mancha en su afán por territorializar el problema del agua y permite continuar con la gestión del agua por la Confederación del Júcar hasta que se delimite el ámbito territorial de la Demarcación del Júcar».
En este contexto, fuentes de USUJ recordaron que mantienen un contencioso con el Ayuntamiento de Albacete para reclamar la deuda que tiene con los regantes valencianos al negarse a compensar por las aguas recibidas del embalse de Alarcón y que corresponden a USUJ.
La USUJ, «propietaria del embalse», según las fuentes, tienen derecho a ser compensada cuando el nivel conjunto de los embalses de Forata, Tous y Contreras está por debajo de determinado umbral. El agua utilizada en estas circunstancias aguas arriba obliga los regantes a poner en marcha sus pozos, con el sobrecoste que supone el pago de la energía.
Ni la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ni el Ayuntamiento de Albacete, que adeuda algo más de un millón de euros, aceptan estas compensaciones establecidas en el Convenio de Alarcón.

El Gobierno regional pedirá una lámina de agua muy superior a la actual en los pantanos de la cabecera del Tajo, con el fin de que se contemple en la reforma de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo indicó el consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, Santiago Moreno, quien aseguró que esta axigencia será básica y se planteará antes «de que se tenga que plasmar en la aprobación del Plan de cuenca». Se trata «de que se de satisfacción de un viejo anhelo de los municipios ribereños y de los castellano-manchegos: que se establezca una lámina de agua muy superior a la que ahora está establecida».

El titular de Presidencia dijo que el Gobierno regional está «muy satisfecho» de que Comisión Central de Explotación del acueducto Tajo-Segura haya decidido revisar las normas de explotación del trasvase, porque supone que «por fin» se ha entendido «que el Tajo se regula en la cabecera y no en el Levante». «Nos sentimos muy satisfechos de que por fin se pueda estar empezando a garantizar, como debe ser, que el Tajo va a ser un río vivo y que por lo tanto volverá a tener unos caudales ecológicos, que permitan que sea un río lleno de vida», añadió. Va a ser un río «en el que pueda volver a bañarse la gente, a pescar, a disfrutar de sus aguas y a utilizarlas en su desarrollo económico y social», destacó Moreno.

a decisión del Ministerio de Medio Ambiente de iniciar las negociaciones para modificar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura ha devuelto a la actualidad los intentos del gobierno de Castilla-La Mancha por blindar el agua del Tajo, máxime cuando la herida de la retirada del Estatuto que incluída la fecha de caducidad de la transferencia de agua se cerró en falso. La aprobación la semana pasada de un trasvase de 230 hm3 para riego hasta diciembre ha desvelado, por otro lado, ese cambio de pauta que quiere incorporar el Ministerio con el beneplácito el gobierno castellano-manchego y que hipotecaría el futuro del trasvase.
Los regantes alicantinos han reaccionado con cautela por entender que por encima de la modificación de las normas de explotación está la ley de la propia canalización. Legislación que ya establece una serie de condiciones para la llegada de los caudales: reserva de 240 hm3 a partir de la cual no se puede enviar una gota o, entre otras, que debe ser el Consejo de Ministros quien autorice las transferencias cuando el caudal almacenado en Entrepeñas y Buendía (arranque del trasvase) está entre los 490 y los 520 hm3.
La ley también señala, por otro lado, que si la reserva está por encima de los 1.000 hm3 (año hidrológico actual), Alicante y Murcia tienen derecho a recibir 600 hm3, extremo que no se ha cumplido nunca. De momento, en Castilla-La Mancha se frotan las manos porque entienden que las nuevas normas de explotación del trasvase obligarán a que antes de decidir la cantidad de agua que se envía al Segura la cuenca receptora deberá justificar con estudios por qué necesita el caudal. Mientras, éste no saldrá de los embalses de Castilla-La Mancha.
Un portavoz autorizado de los regantes alicantinos -casi 59.000 hectáreas que deben recibir todos los años 125 hm3- señaló ayer, en este sentido, que «no tenemos ningún miedo al cambio de las normas de explotación siempre que el tema quede en manos de los técnicos y no de los políticos. Nosotros necesitamos el agua para regar y cuando la pedimos estamos cargados de razones. Si hay que hacer estudios se harán», subrayó Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante, la principal comunidad de regantes de España con 20.000 comuneros.
La Comisión Central de Explotación del trasvase Tajo-Segura acordó la semana pasada someter a estudio la revisión de las normas de explotación que rigen el trasvase del Tajo-Segura. Se acordó dado aprobar una disponibilidad en cabecera de hasta un máximo correspondiente a las demandas solicitadas para los diferentes usos. El volumen de agua disponible se mantendrá en la cabecera del Tajo y se trasvasará en función de la demanda real. Las demandas se programarán quincenalmente y se servirán en función de esas demandas reales, llevando a cabo un control a posteriori.
Medio Ambiente realizará un seguimiento técnico de control para atender las demandas «de manera motivada y razonada», algo que considera un triunfo el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, asegura que «no existe» un proyecto en el departamento que ella dirige, sobre un trasvase de agua desde el Tajo Medio al Levante español. Así lo aseguraba en una entrevista a Europa Press en la que insistía «lo sigo afirmando con rotundidad y, de llegar a surgir esa demanda, tendría que salir de la elaboración de los planes de la cuenca», unos planes que por otro lado reconocía están marchando a distintas velocidades ya que muchos de ellos dependen de las comunidades autónomas.
Algunos de estos planes ya están finalizados, y hay otros «que están todavía recién finalizada la información pública» señaló Espinosa, para continuar que si el proyecto de un trasvase desde el Tajo Medio sale de estos planes de cuenca, «se iniciarán los estudios previos». Pero Espinosa volvía a insistir que «no existe ninguna demanda más que la que pueda existir a través de los medios de comunicación».
Estas declaraciones vienen a tranquilizar aún más los ánimos de la región después de conocer que la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, ha abierto las puertas a una modificación de su normativa para las derivaciones futuras en la que se contempla no sólo la disponibilidad y reservas de agua de la cuenca cedente, sino las necesidades reales de la cuenca receptora y la posterior justificación de su utilización para aquello para lo que se pidió.
Además, a partir de ahora se abre un periodo de propuestas que permitirán adaptar la normativa a una realidad que hasta ahora había sido injusta con Castilla-La Mancha, por lo que el Gobierno regional no dudará en solicitar una lámina estable de agua para los embalses de la cabecera del Tajo, como ya anunciara a mediados de la semana pasada, la secretaria de Comunicación del partido Socialista en la Región, Esther Padilla.
Eso sí, esta circunstancia no evita la aprobación del nuevo trasvase de agua de 230 hm3 a levante para los próximos seis meses, cuya petición realizaba el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).

Tablas de Daimiel
En el Parque Natural no se van a implantar nuevas medidas de recuperación más allá de las que ya existen tras el incendio de la turba el pasado invierno por la sequía. También lo anunciaba la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, «se va a mantener el plan de actuación» que ya se venía ejecutando y que está dando buenos resultados. «Nos ha sucedido que una de las obras de emergencia que tuvimos que hacer para llevar agua a las Tablas, ha coincidido con un período de lluvias intensas y ha acelerado el proceso de recuperación», argumentó satisfecha la titular de Medio Ambiente.
Sin embargo, insistió Elena Espinosa en que no había que bajar la guardia y que «hay que seguir trabajando como hasta ahora para que no volvamos a ver situaciones como ésta». En este sentido abordaba la necesidad de «trabajar también en los terrenos colindantes» para que las actuaciones den mejores resultados, y eso es algo que, según apuntó Espinosa, «es competencia de Castilla-La Mancha», por lo que no depende sólo de Castilla-La Mancha. Por lo demás, los niveles freáticos de las Tablas de Daimiel han aumentado 15 metros según los últimos datos registrados.

Los regantes advierten de que se trata de un estudio técnico para mejorar el funcionamiento del canal, aunque estarán alerta

El Gobierno central ‘recompensa’ a Barreda y abre un proceso para revisar las reglas de explotación del Tajo-Segura

Los regantes y Barreda veían el jueves satisfechas sus peticiones

No fue un trágala, pero sí una sorpresa para los regantes. La representante de Castilla-La Mancha en la Comisión Central de Explotación del Tajo-Segura puso sobre la mesa la necesidad de revisar las reglas del Trasvase. No se trata de cambiar la ley, sino de cuestionar el manual que se ha utilizado hasta ahora para autorizar los desembalses y transportar el agua desde la cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura. Obviamente, el asunto se ha cocinado entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de José María Barreda, quien ese mismo jueves exhibió el trofeo que había conseguido: cambiar las reglas de explotación para frenar la voracidad hídrica del Sureste. Lo que no había logrado en el Congreso con su Estatuto de Autonomía, lo podría obtener ahora, aunque sin rango de ley, por la vía administrativa.

Al mismo tiempo, Barreda conseguía que quedara en un segundo plano la autorización de uno de los mayores desembalses del Tajo al Segura en los 31 años de funcionamiento del acueducto: 230 hectómetros repartidos en seis meses para los regadíos, que se soltarán de Entrepeñas y Buendía de acuerdo con una planificación bisemanal de necesidades establecida entre las confederaciones del Segura y el Tajo. De esta forma, el agua asignada al Sureste queda almacenada más tiempo en los embalses de cabecera -para sus fines turístico y de ocio- en lugar de ser transportada de una tacada, como ha publicado ‘La Verdad.’ Conviene precisar que esos 230 hectómetros se quedarán finalmente en 180 efectivos, ya que hay que restar los caudales aún no consumidos del desembalse aprobado en Semana Santa.

Así que, una cosa por la otra, los regantes y Barreda veían el jueves satisfechas sus peticiones, según el prisma del Ministerio. La revisión de las reglas de explotación es la moneda de cambio a la nueva derivación de agua. Y esa revisión, como apunta José Manuel Claver, presidente del Sindicato Central de Regantes, se plantea precisamente cuando hay más recursos almacenados en el sistema y menos problemas para su distribución. ¿Por qué no se revisaron las reglas en los años de feroz sequía? Claver considera inevitable que el presidente de Castilla-La Mancha se esté apuntando un tanto político en su región sobre un trámite administrativo que a la postre, según éste, no debe afectar al funcionamiento del acueducto. Pero el mensaje del Gobierno castellano-manchego ya estaba calando. El jueves, Claver fue entrevistado por la SER de Cuenca y la primera pregunta que le hicieron se refirió al triunfo de Castilla-La Mancha por cambiar las reglas de explotación.

«En la reunión de la Comisión no nos opusimos a la revisión de unas reglas que llevan 13 años de funcionamiento porque no tenemos nada que ocultar, y dejamos bien claro que debe hacerse con criterios técnicos y no políticos. Lo que se acordó fue iniciar un estudio de esas reglas, que siempre han sido orientativas», explica Claver. Para éste, la ley del Plan de Cuenca del Tajo no cambia, ni tampoco el nivel mínimo no trasvasable de 240 hectómetros. ¿Qué puede cambiar entonces? Podría afectar a los escenarios sobre los que operan dichas reglas, que actualmente son cuatro.

En el nivel uno, en el que nos encontramos, se autoriza el máximo trasvasable anual de 600 hectómetros. Se cumple siempre que las aportaciones de un año en Entrepeñas y Buendía superan los 1.000 hectómetros, o bien cuando ambos embalses almacenan más de 1.500. En el segundo nivel se reducen los desembalses de acuerdo con las existencias de cada mes y son decididos por la Comisión de Explotación. En el tercer nivel, de excepcionalidad, los caudales almacenados oscilan entre los 490 y 520 hectómetros y la autorización depende del Consejo de Ministros. El último nivel impide cualquier desembalse porque no se superan los 240.

En teoría, se pretende cambiar este protocolo a requerimiento de Castilla-La Mancha, pero Claver advierte de que se trata de un proceso administrativo muy largo en el que no se sabe qué va a salir ni cómo se va a realizar. Deben participar todas las instancias implicadas, incluidos los usuarios, y expertos del CEDEX. «Si hay algo que no funciona bien o que se puede mejorar, estamos dispuestos a que se analice, aunque nos sorprende que ahora le den tanta importancia a las reglas de explotación cuando se las han saltando un montón de veces a la torera». El dirigente de los regantes advierte de que estarán vigilantes para impedir que ese estudio derive en un ataque al acueducto. «Barreda está vendiendo su producto, pero lo que se aprobó no cambia el Trasvase», recalca. Claver subraya que por encima de todo permanecen las leyes del Trasvase y el Plan de Cuenca del Tajo.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, calificó de muy positiva la decisión tomada por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de modificar las normas que rigen el trasvase, pues a partir de ahora el «Tajo estará en el Tajo».

Además señaló, en una comparecencia en Ciudad Real, que considera «crucial» que se hayan revisado las normas y que ahora los demandantes de agua tengan que justificar el uso que van a darle y demostrar que la han utilizado para ello.

«Hemos dado un salto hacia delante en nuestra filosofía de agua para todos, sí, pero agua para todo no«. Además, aplaudió que, por primera vez, se tiene en cuenta a la cuenca cedente, ya que hasta el momento bastaba con una mera petición formulada.

Padilla se muestra satisfecha ya que con la decisión de cambiar las normas de explotación comienza a levantarse la hipoteca del trasvase, «mientras, el agua se queda aquí».

Javier D. Bazaga / Agencias

En el Levante seguirán haciendo peticiones desmesuradas como la solicitada recientemente de 230 hm3 «porque a veces da la impresión de que no tienen fin», decía ayer la secretaria de Comunicación del PSOE, Esther Padilla. La diferencia a partir de ahora es que no sólo se tendrán que tener en cuenta las posibilidades de la cuenca cedente, sino las necesidades reales de la cuenca receptora y para qué se va a utilizar el agua trasvasada.
Ese cambio en las normas del juego se hará de forma participativa por lo que se abre ahora un periodo de propuestas entre las que Castilla-La Mancha, fiel a sus reivindicaciones históricas, solicitará una lámina estable de agua en los embalses de la cabecera del Tajo, para garantizar así una reserva hídrica a la Región.
Un cambio en las normas que pretende adaptar las necesidades a la realidad que hasta ahora la hacían injusta. «Ahora tenemos el agua, y si se necesita y se acredita la necesidad de ese agua se irá pasando, mientras tanto, el agua permanecerá en nuestros pantanos», decía Padilla sin ocultar cierta alegría.
También tendrá importancia la negociación del Plan de la Cuenca del Tajo que recoge ya una reserva suficiente en la cabecera que garantice un caudal ecológico muy superior al reflejado actualmente. «Por lo tanto, son muy buenas noticias y harán que Castilla-La Mancha vaya garantizando las necesidades que tiene y a la vez vaya levanténdose la hipoteca del Trasvase Tajo Segura», concluyó la responsable de Comunicación, «independientemente de quién gobierne en Madrid o de quién gobierne en las autonomías colindantes»

Municipios Ribereños
Al igual que el PSOE en la Región, los municipios ribereños aplaudieron la revisión de las normas de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura ya que «después de 20 años aguantando las exigencias de los regantes murcianos, por fin parece que va cambiando la mentalidad» decía el presidente de la asociación Julián Rebollo en declaraciones a Europa Press.
Una satisfacción que también se dejaba notar al afirmar que «después de más de dos décadas de libre disposición de los murcianos de los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía, como afluentes reguladores del Segura y no del Tajo, se les vaya poniendo un poquito de freno.
Para el consejero de Agricultura y Medio Ambiente también es «un paso importante» porque evita que el agua del Tajo se regule en la cuenca del Segura.
El contrapunto lo ponía el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Seguro, donde sorprendió la noticia. Su presidente, José Manuel Claver, insistía en que no tienen ningún inconveniente en que se modifiquen las reglas del juego siempre que sean técnicos y no políticos los que controlen y estudien tanto las necesidades de agua como el uso que se da a la que llega del trasvase.
Claver no dejó pasar la oportunidad para añadir algo de enfrentamiento al asunto al manifestar que «es curioso que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha haya estado cayada durante todos los años de seqwuía y ahora exija este cumplimiento». Lo que no admitirán dijo, es que se «quiera aprovechar esta reconsideración para recortar los derechos del trasvase de tipo político, para lo que se van a encontrar con nuestra oposición lógica», manifestó el dirigente del Sindicato de Regantes del Acueducto.