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Les Corts Valencianes piden a la Generalitat que impida reservas hídricas no legitimadas
El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy, con los votos a favor del PP y en contra de la oposición, instar al Gobierno valenciano a continuar los esfuerzos para impedir que se establezca «reserva hídrica alguna que no esté contemplada o legitimada en un Plan Hidrológico Nacional».
El texto, presentado por el PP, también señala que el Ejecutivo valenciano instará al Gobierno central a mantener el trasvase Tajo-Segura «conforme a las leyes que regulan en la actualidad» esa transferencia, a retomar el derogado trasvase del Ebro y a convocar una Conferencia de presidentes autonómicos sobre el agua.
La oposición ha reprochado al PP que mezcle en el texto «de forma premeditada» cuestiones distintas para «imposibilitar» un acuerdo sobre el agua, y ha ofrecido sacar la parte referida al Tajo-Segura y aprobarla, porque según ha dicho el PSPV no van a aceptar ninguna reserva ni fecha de caducidad que vaya contra los intereses valencianos.
El PP ha acusado a la oposición de perder «una ocasión excepcional» para votar a favor de la postura de la «inmensa mayoría» de los valencianos, y ha recibido la aprobación de la proposición con aplausos de sus diputados puestos en pie, igual que los representantes de la federación de regantes de la Comunitat presentes en la tribuna de invitados.
Por otra parte, el pleno ha aprobado, con los votos del PP, el informe de la Sindicatura de Comptes de 2008, que la oposición ha rechazado al no haberse investigado a ninguna de las empresas públicas supuestamente relacionadas con el caso «Gürtel».
El diputado del PP José Marí ha defendido el informe de la Sindicatura por haber sido aprobado «por unanimidad» de los tres síndicos que conforman su Consejo, incluido por el que propuso el PSPV.
Para el diputado popular, el informe resalta «notorios avances» en la mejora de la gestión y el control interno de las cuentas de la Generalitat, y vuelve a llamar la atención sobre las «deficiencias estructurales» que presenta la financiación del sistema sanitario valenciano.
La socialista Cristina Moreno ha tachado el informe de «impresentable» y ha criticado que el president de la Generalitat, Francisco Camps, lo haya usado «como escudo defensivo» durante el año pasado para «todo de lo que se le ha acusado» relacionado con el caso «Gürtel» y la relación del Consell y del PP con las empresas de la trama corrupta.
Pese a todo lo que se ha ido conociendo de la investigación judicial y policial, según la socialista, «la Sindicatura hace como que no se entera y no fiscaliza la Agencia Valenciana de Turismo» ni ninguna de las otras empresas públicas de la Generalitat con vínculos contractuales con Orange Market u otras mercantiles supuestamente implicadas en el caso «Gürtel».
Para Mireia Mollà (Compromís), la Generalitat vive en un «universo paralelo» al impedir a la Sindicatura acceder a «todos» los contratos que avalen la legalidad de la gestión de la Generalitat.
El pleno también ha aprobado, por con votos a favor del PP y el PSPV, en contra de Compromís y la abstención de EU, la ley de la Administración electrónica de la Comunitat Valenciana, que desarrolla el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas.
El texto pretende sustituir el papel por el documento electrónico, el registro físico por el electrónico y la ventanilla sujeta a horarios por el portal permanente, y permitirá que antes de fin de año todos los procedimientos que se tramiten con la Generalitat se podrán iniciar por internet.
El PP ha reivindicado que la ley va a suponer una «revolución social», el PSPV la ha apoyado tras asumirse sus propuestas de garantizar la relación de los ciudadanos con la Administración electrónica, y Compromís y EU han cuestionado que no se haya incluido el fomento del software libre y la libertad de elección tecnológica.
La Diputación apoya a los pueblos que se niegan a pagar a la CHJ
El presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Pedro Antonio Ruiz, reiteró ayer todo su apoyo, público e institucional, a los pueblos que se niegan a pagar unas obras hidráulicas que no pidieron y que, económicamente, no pueden asumir.
Ruiz Santos hizo estas declaraciones al término del acto de firma de un convenio con tres asociaciones de Almansa, Caudete y Villarrobledo, dedicadas al apoyo de las personas aquejadas de alguna enfermedad mental y de sus familias.
Preguntado por su posición sobre este pulso entre tres municipios -Peñas de San Pedro, Pozohondo y Alcadozo- y la Confederación del Júcar, Ruiz Santos empezó puntualizando que el conflicto es mucho mayor, porque afecta a un total de 20 términos.
«Lo que pasa es que el impacto es muy desigual -aclaró- porque no es lo mismo pasarle una factura de millón y medio en obras al Ayuntamiento de Albacete que pasarle 100.000 euros al Ayuntamiento de Alcadozo; para Albacete, es un problema, pero tiene arreglo, se puede asumir, aunque haya que hacer algún esfuerzo; para Alcadozo, asumir ese pago es, sencillamente, imposible, ni durante 25 años, ni durante uno solo».
Ruiz Santos recordó que, en diciembre de 2008, el Pleno de la Diputación Provincial de Albacete aprobó, por unanimidad, una moción consensuada entre el PSOE y el PP, en apoyo a la veintena de pueblos afectados por esta situación. Y afirmó, ademés, que ese apoyo se ha mantenido y se mantendrá en el futuro.
«Los servicios jurídicos de la Diputación de Albacete han asesorado a los ayuntamientos que decidieron presentar recursos contra estas facturas -subrayó- y el servicios de Asistencia Técnica a Municipios también les ha dado apoyo técnico y legal».
Preguntado por la legalidad de los cobros, Ruiz Santos precisó que, en efecto, los mismos son legales y se basan en la Ley de Aguas. Pero, a su juicio, en una época como la presente, en la que los ciudadanos se vuelven a los municipios como la primera puerta a la que demandan servicios sociales y de empleo, no procede infligirles un doble castigo.
«A un pueblo que vive del campo, que acaba de pasar por una sequía y que, tras la sequía, se encuentra en medio de una fortísima crisis, no le puedes pasar, como premio -ironizó- una factura de muchos miles de euros que ponga a su Ayuntamiento al borde de la bancarrota justo cuando más lo necesitan sus vecinos, la Confederación debería ser sensible a esta situación».
Recordar que, el pasado lunes, los alcaldes de Alcadozo, Peñas de San Pedro y Pozohondo presentaron un duro escrito ante la sede de la Confederación del Júcar en Albacete, en el que solicitaban una entrevista con el presidente del organismo de cuenca, Juan José Moragues, para que éste cumpliese un compromiso al que habrían llegado hace algo más de un año.
Recordar que el organismo de cuenca pretende cobrarle algo más de ocho millones de euros, en total, a los tres municipios, a razón de algo más de 100.000 euros al año por término, durante los próximos 25 años. Por término medio, el presupuesto anual de cada uno de los ayuntamientos es de un millón de euros.
Las cuencas del Júcar y el Segura triplican la media de la última década de agua embalsada
Los embalses de la cuenca del Júcar se encuentran al 53,7 por ciento de su capacidad y los de la cuenca del Segura alcanzan el 64,6 por ciento, con lo que ambas cuencas casi triplican la media de la última década de agua embalsada.
Las abundantes lluvias de la última semana han vuelto a elevar la reserva hidráulica española que, con 45.650 hectómetros cúbicos de agua embalsada, está ya al 82,2 por ciento de su capacidad total, dos puntos más que hace siete días.
Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, los embalses españoles no acumulaban tanta agua desde mayo de 1998, cuando estaban al 81,4 por ciento de su capacidad.
Sin embargo, técnicamente, el máximo histórico, alcanzado en 1979, se mantiene en el 90 por ciento, aunque en esa época había menos embalses que ahora y, por lo tanto, menos agua embalsada.
Aunque las lluvias de la última semana han sido abundantes en toda la Península, la cuenca del Ebro ha decrecido en 64 hectómetros cúbicos y la del Guadiana ha ganado de 118 hectómetros cúbicos.
Según los datos del Ministerio, la precipitación máxima se ha registrado en Málaga, donde han caído 114 litros por metro cuadrado.
La Cuenca Atlántica Andaluza está al 94,9 por ciento de su capacidad, seguida de la del Duero al 91,7 por ciento, la del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) que está al 90,9 por ciento, Cuencas Internas del País Vasco (90,5), Guadalquivir (87,6), Miño-Sil (87,2), Cantábrico (83,6), Galicia Costa (80,7), Cuenca Mediterránea Andaluza (79,4), Ebro (76,7) y Tajo (76,2).
Las únicas cuencas que están por debajo del 75 por ciento son la Interna de Cataluña, que se encuentra al 72,8 por ciento de su capacidad, la del Segura y la del Júcar.
En el siguiente cuadro se recogen, por cuencas hidrográficas, la capacidad total -en hectómetros cúbicos-, la actual y el porcentaje de agua acumulada:
Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada
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Galicia Costa 684 552 80,7
Miño-Sil 3.022 2.635 87,2
Cantábrico 633 529 83,6
P. Vasco 21 19 90,5
Duero 7.500 6.879 91,7
Tajo 11.012 8.394 76,2
Guadiana 8.630 7.847 90,9
C.Atl.And. 1.878 1.783 94,9
Guadalquivir 8.280 7.251 87,6
C.Med.And. 1.177 934 79,4
Segura 1.141 737 64,6
Júcar 3.336 1.792 53,7
Ebro 7.507 5.759 76,7
Cataluña 740 539 72,8