La Diputación apoya a los pueblos que se niegan a pagar a la CHJ

El presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Pedro Antonio Ruiz, reiteró ayer todo su apoyo, público e institucional, a los pueblos que se niegan a pagar unas obras hidráulicas que no pidieron y que, económicamente, no pueden asumir.
Ruiz Santos hizo estas declaraciones al término del acto de firma de un convenio con tres asociaciones de Almansa, Caudete y Villarrobledo, dedicadas al apoyo de las personas aquejadas de alguna enfermedad mental y de sus familias.
Preguntado por su posición sobre este pulso entre tres municipios -Peñas de San Pedro, Pozohondo y Alcadozo- y la Confederación del Júcar, Ruiz Santos empezó puntualizando que el conflicto es mucho mayor, porque afecta a un total de 20 términos.
«Lo que pasa es que el impacto es muy desigual -aclaró- porque no es lo mismo pasarle una factura de millón y medio en obras al Ayuntamiento de Albacete que pasarle 100.000 euros al Ayuntamiento de Alcadozo; para Albacete, es un problema, pero tiene arreglo, se puede asumir, aunque haya que hacer algún esfuerzo; para Alcadozo, asumir ese pago es, sencillamente, imposible, ni durante 25 años, ni durante uno solo».
Ruiz Santos recordó que, en diciembre de 2008, el Pleno de la Diputación Provincial de Albacete aprobó, por unanimidad, una moción consensuada entre el PSOE y el PP, en apoyo a la veintena de pueblos afectados por esta situación. Y afirmó, ademés, que ese apoyo se ha mantenido y se mantendrá en el futuro.
«Los servicios jurídicos de la Diputación de Albacete han asesorado a los ayuntamientos que decidieron presentar recursos contra estas facturas -subrayó- y el servicios de Asistencia Técnica a Municipios también les ha dado apoyo técnico y legal».
Preguntado por la legalidad de los cobros, Ruiz Santos precisó que, en efecto, los mismos son legales y se basan en la Ley de Aguas. Pero, a su juicio, en una época como la presente, en la que los ciudadanos se vuelven a los municipios como la primera puerta a la que demandan servicios sociales y de empleo, no procede infligirles un doble castigo.
«A un pueblo que vive del campo, que acaba de pasar por una sequía y que, tras la sequía, se encuentra en medio de una fortísima crisis, no le puedes pasar, como premio -ironizó- una factura de muchos miles de euros que ponga a su Ayuntamiento al borde de la bancarrota justo cuando más lo necesitan sus vecinos, la Confederación debería ser sensible a esta situación».
Recordar que, el pasado lunes, los alcaldes de Alcadozo, Peñas de San Pedro y Pozohondo presentaron un duro escrito ante la sede de la Confederación del Júcar en Albacete, en el que solicitaban una entrevista con el presidente del organismo de cuenca, Juan José Moragues, para que éste cumpliese un compromiso al que habrían llegado hace algo más de un año.
Recordar que el organismo de cuenca pretende cobrarle algo más de ocho millones de euros, en total, a los tres municipios, a razón de algo más de 100.000 euros al año por término, durante los próximos 25 años. Por término medio, el presupuesto anual de cada uno de los ayuntamientos es de un millón de euros.    

Deja una respuesta