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Cancarix verá pronto ampliada su zona regable en 750 hectáreas
El proyecto de ampliación de la zona regable de Cancarix está a punto de convertirse en realidad. Los delegados provinciales de Agricultura, Antonio Mompó, e Industria, Emilio Sáez, han mantenido una entrevista con los agricultores que se beneficiarán de esta iniciativa, en la que estuvieron acompañados por el alcalde de la ciudad, Diego García y concejal de Agricultura, Antonio Valero.
En síntesis se trata de poder reconvertir en terrenos de regadío alrededor de 750 hectáreas ubicadas en el entorno de la citada pedanía, lo que repercutirá en el beneficio de unas 50 familias.
Para ello se utilizarán las aguas tratadas en el estación depuradora de Hellín, que se transportarán por una conducción de 22 kilómetros, ya realizada, cuyo presupuesto ha sido de 4,4 millones de euros, sufragados íntegramente por la Junta de Comunidades.
EMBALSE. Para el almacenaje del líquido transportado se ha realizado un embalse de regulación, con una capacidad aproximada de 800.000 metros cúbicos, también acabado, desde donde salen las conducciones secundarias para el riego en parcela, este apartado ha supuesto una inversión de 3,1 millones, pagados a partes iguales entre el Gobierno regional y los agricultores de la zona, para el proyecto se ha contado con la cofinanciación de la Unión Europea.
Antonio Mompó y Emilio Sáez informaron a los regantes sobre las gestiones positivas que se han llevado a cabo ante Iberdrola, con el fin de poner cuanto antes en marcha la explotación de estas tierras, lo que fue acogido muy positivamente por los asistentes.
Los regantes del Júcar ´rompen´ con la CHJ por actuar a favor de La Mancha
Los regantes tradicionales del Júcar han roto momentáneamente el clima de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, a la que acusan abiertamente de ser cómplice del incumplimiento del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) y de actuar en beneficio de Castilla-La Mancha.
Los regantes de USUJ han decidido presentar un recurso contra la concesión de aguas superficiales del Júcar para Albacete en tanto que este ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tramita el expediente, no reconozcan que la concesión debe estar subordinada al cumplimiento del Convenio del embalse de Alarcón.
El citado convenio, contemplado en el artículo 24 del PHJ, permite el uso por terceros de las aguas reguladas en este embalse siempre que no se encuentre por debajo de la «curva de reserva» establecida en favor de los regantes valencianos, que construyeron y pagaron Alarcón.
Incluso por debajo de esa curva otros usuarios pueden disponer del agua de Alarcón siempre que indemnicen a sus propietarios-los regantes valencianos- por el coste que tienen extraer agua de los pozos en lugar de recibirla sin cargo alguno a través del río.
Este convenio, firmado por los regantes de USUJ y el Ministerio de Medio Ambiente en julio de 2001 no es reconocido ni por el Ayuntamiento de Albacete, ni por los regantes manchegos ni por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los regantes de USUJ y ha roto el ambiente de colaboración con la CHJ ha sido la «desaparición» del condicionante que vinculaba la concesión de Albacete al cumplimiento del convenio.
Según USUJ ha sido la Confederación Hidrográfica del Júcar quien «de oficio y sin oir a los interesados en el expediente», entre ellos USUJ, «ha eliminado» del expediente la propuesta de condiciones que figuraba en los documentos oficiales.
USUJ asegura que apoya el Plan Hidrológico del Júcar y todas las actuaciones incluidas, incluido el abastecimiento a Albacete, aunque condicionado al cumplimiento del convenio.
Confianza rota
Más allá del contenido del recurso, el escrito presentado por USUJ es un aviso dirigido a la CHJ y al Ministerio de Medio Ambiente. Afirman que «ante la territorialización del problema del agua, especialmente grave en Castilla -La Mancha, hemos querido confiar en una administración central fuerte y objetiva» pero «desde hace años» la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio de Medio Ambiente «se están dejando arrastrar» por «la presión de los medios de comunicación que se hace desde Castilla-La Mancha».
Los regantes afirman que han denunciado en la CHJ «todos los incumplimientos del Plan Hidrológico del Júcar que se producen en Castilla-La Mancha con la colaboración de la propia Confederación Hidrográfica del Júcar».
USUJ asegura por último que el PHJ está siendo objeto «de graves incumplimientos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar» y «siempre en beneficio de los usuarios de Castilla-la Mancha».
«A partir de ahora-advierten- nos vemos obligados a utilizar los mismos instrumentos que Castilla-La Mancha y hacer una campaña permanente en los medios de comunicación con los temas de agua y nuestras reivindicaciones para intentar equilibrar la posición» de la CHJ y el Ministerio de Medio Ambiente.
Albacete ha obtenido el agua potable de pozos situados muy cerca de la ciudad. La explotación salvaje del acuífero ha hecho descender casi 70 metros el nivel del agua y empeorado notablemente su calidad. El ayuntamiento quiere ahora una concesión sobre las aguas reguladas en Alarcón que ya utiliza, pero sin reconocer previamente el Convenio que regula su uso. En 2005, 2006 y 2007, la sequía hizo que el agua almacenada en todos los embalses del Júcar fuera insuficiente para los usuarios tradicionales (USUJ). La CHJ liberó entonces de los embalses del Júcar 247 hectómetros cúbicos reservados a USUJ, de los que Albacete utilizó 29,3 hm3. En Valencia hubo que extraer agua de los pozos pagando una elevada factura eléctrica y se produjeron mermas de cosecha. La indemnización girada por la CHJ asciende a 1,09 millones de euros. El Ayuntamiento de Albacete no ha pagado y ni siquiera recurre la liquidación, simplemente la ignora. j. s.valencia
Albacete no reconoce el Convenio de Alarcón
Albacete ha obtenido el agua potable de pozos situados muy cerca de la ciudad. La explotación salvaje del acuífero ha hecho descender casi 70 metros el nivel del agua y empeorado notablemente su calidad. El ayuntamiento quiere ahora una concesión sobre las aguas reguladas en Alarcón que ya utiliza, pero sin reconocer previamente el Convenio que regula su uso. En 2005, 2006 y 2007, la sequía hizo que el agua almacenada en todos los embalses del Júcar fuera insuficiente para los usuarios tradicionales (USUJ). La CHJ liberó entonces de los embalses del Júcar 247 hectómetros cúbicos reservados a USUJ, de los que Albacete utilizó 29,3 hm3. En Valencia hubo que extraer agua de los pozos pagando una elevada factura eléctrica y se produjeron mermas de cosecha. La indemnización girada por la CHJ asciende a 1,09 millones de euros. El Ayuntamiento de Albacete no ha pagado y ni siquiera recurre la liquidación, simplemente la ignora. j. s. valencia
Ecologistas en acción: Millones contra razones y soluciones
El pasado jueves 8 de abril se reunieron en Toledo el secretario de Estado de Medio Rural y Agua y el presidente de la Junta de Comunidades. La noticia fue recogida en la web del Gobierno Regional con el siguiente titular: «Barreda arranca al Ministerio más de 250 millones de euros…». 100 millones de euros se destinarán a la 2ª fase de la sustitución de bombeos en el acuífero de La Mancha Oriental. 30 millones de euros para la depuradora de la ciudad de Albacete. 77 millones de euros para el abastecimiento a La Manchuela de Albacete y Cuenca desde El Picazo. 8 millones de euros para una planta de ósmosis en la ciudad de Albacete. 35 millones de euros aún no ha transcendido dónde serán aplicados. Hoy nos centraremos en las dos últimas obras mencionadas. 77 millones de euros irán para licitar durante 2010 la primera fase del ‘Proyecto del abastecimiento desde el embalse de El Picazo (Cuenca) a distintos municipios del Sur de la provincia de Cuenca y Norte de la de Albacete’. Y ello a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Júcar aún no ha contestado a las 6 hojas de alegaciones presentadas en febrero de 2009 por ACEM y EeA-AB, razonadas y documentadas, donde entre otras cosas nos preguntábamos:
– ¿Por qué no se resuelven los problemas de sobreexplotación de acuíferos, antes que traer agua superficial canalizada de lugares alejados a la zona que supuestamente tiene problemas de abastecimiento?.
– Con unos recursos renovables del acuífero de La Mancha Oriental que rondan los 250 hm3 en régimen natural, ¿no podría reservarse una pequeña parte de los mismos para el abastecimiento urbano y así resolver el problema de una manera menos costosa y más sencilla?. Una persona que desconociera esta tierra y viera el macroproyecto que se quiere construir para ella, pensaría que se trata de un desierto total. Nada más lejos de la realidad. El abastecimiento desde el Embalse de El Picazo es un método dilatorio para encubrir la escasez social de agua y hacer dependientes a 150.000 personas de recursos de agua ajenos a su entorno inmediato.
– El Proyecto adolece de un estudio detallado del régimen económico de la explotación, de la normativa legal, y lo que es más importante, la repercusión del coste a los usuarios (amortización de la obra, tarifas, energía de elevación, tratamiento del agua, distribución, depuración, gestión, etc). ¿A cuánto se va a tener que pagar el metro cúbico de agua que llegue a las viviendas e industrias?. Convendría que los usuarios conociesen de antemano los costes que van a soportar, así como que tuviesen garantía sobre los mismos, y de esa manera evitar desagradables sorpresas como las derivadas para la ciudad de Albacete del Convenio del Embalse de Alarcón.
No se puede admitir el simplismo de que con dinero e infraestructuras se pueden resolver problemas que son de otra naturaleza. Las infraestructuras y las inversiones deben seguir a la identificación de los problemas y a las propuestas razonables, no precederlas. No ha habido ningún debate público, ni se quiere que lo haya, sobre los verdaderos problemas del agua en La Manchuela, sus causas y sus posibles soluciones, y cuando desde los grupos ecologistas hemos puesto argumentos por escrito, hemos recibido la callada por respuesta. A todas las administraciones implicadas en este asunto (nacional, regional, locales, comarcales) se les llena la boca de procesos de participación ciudadana, pero a la hora de la verdad hacen lo que quieren sin contar con nadie. Pero la alternativa de gestionar mejor lo propio, aun siendo la más barata y la mejor para el territorio y para la mayoría de sus habitantes, no es la más rentable para los potentes grupos de presión interesados en manejar grandes presupuestos de obras y proyectos de gestión centralizada de servicios públicos a través de multinacionales privadas. 8 millones de euros financiarán una planta de ósmosis para tratar el agua de la ciudad de Albacete. Y aquí merece la pena hacer un poco de memoria para tirar del hilo de la sinrazón. Al empeorar la calidad del agua de sus pozos de abastecimiento, debido fundamentalmente a la contaminación agraria derivada de las explotaciones de regadío intensivo de su entorno, se promovió una conducción de agua superficial desde el embalse de Alarcón, derivando las aguas por el acueducto Tajo-Segura hacia una gran balsa de regulación en las cercanías de la ciudad. Una vez realizada la obra, que costó 30 millones de euros, se vio que el agua trasvasada no cumplía los requerimientos exigidos por la legislación para las aguas potables por su alto contenido en sulfatos (se pasó hacer el pertinente análisis previo), motivo por el que se está construyendo una planta de nanofiltración que cuesta 12 millones de euros más para potabilizar el agua. Y antes de culminar dicha planta, ya se anuncia otra más de ósmosis. 32+12+8 = 50 millones de euros cuestan unas obras innecesarias para garantizar el suministro de agua a la ciudad de Albacete. Hubieran bastado los 8 millones de euros que ahora se anuncian para la planta de ósmosis con el fin de garantizar agua en cantidad y calidad a partir de sus muy abundantes aguas subterráneas. Y los 42 millones de euros que ya se han gastado ‘de más’, seguro que hubieran venido muy bien para acometer otras necesidades sociales ‘reales’. Y por si fuera poco, a los mencionados costes de inversión de la traída de aguas de Alarcón, habría que añadir el mantenimiento de la infraestructura y el peaje que hay que abonar por la utilización del acueducto Tajo-Segura y la reciente ‘sorpresa’ del pago de más de 1 millón de euros a los regantes de la cuenca baja del Júcar que han cedido ‘su’ agua para que beba Albacete. ¡Un verdadero despropósito!
Como conclusión final, tanto de las obras ya realizadas para abastecer la ciudad de Albacete con aguas superficiales del Júcar, como las que se pretenden realizar para hacer lo mismo con La Manchuela, decir que en nada ayudan a atajar las causas del deterioro, además de no ser las más eficientes ni en la inversión inicial ni en el posterior mantenimiento de las instalaciones, por lo que no deberían llevarse a cabo. Estos proyectos adolecen de cuatro deficiencias fundamentales:
1ª) Problemas de cantidad: la cuenca del Júcar tiene unos recursos superficiales muy irregulares, por lo que malamente permitirían asegurar todos los años el abastecimiento de la ciudad de Albacete (ya conectada) y todos los municipios que ahora se pretenden conectar.
2ª) Problemas de calidad: el agua superficial del río Júcar es de una calidad similar a la de las aguas subterráneas de la zona, utilizadas hoy mayoritariamente para riego.
3ª) Es antieconómico: el megaproyecto propuesto resultaría más caro que otras alternativas de abastecimiento basadas en el aprovechamiento de los puntos de captación de aguas subterráneas actualmente existentes y su posible tratamiento potabilizador en los casos en que ello fuera preciso.
4ª) No ayuda a corregir la mala gestión reinante: los problemas de abastecimiento de los municipios que se pretenden abastecer con aguas superficiales del Júcar no son fruto de la escasez física de agua, sino de su mala gestión, puesto que están asentados sobre el mayor acuífero de Castilla-La Mancha.
Y otro día hablaremos de los 165 millones de euros restantes que se ‘arrancaron’ al Ministerio.
Industria niega a los regantes la posibilidad de pagar sólo por la potencia usada
La negociación con el Gobierno para reducir los costes de electricidad de los regantes continúa, pero Industria ya ha avanzado su negativa rotunda a la propuesta que defendían los agricultores de pagar sólo por la potencia que realmente consumen sus explotaciones y no por la que se ven actualmente obligados a tener contratada todo el año para poder hacer frente a los momentos de riego. Los regantes sólo consumen un 10% al año de la potencia que contratan.
Sobre la mesa de negociación en la que se sientan las organizaciones agrarias y representantes del Ministerio de Industria han quedado otras dos posible opciones para aliviar el coste de estas tarifas a los regantes: la doble contratación de potencia en un mismo año – es decir contratar y pagar una potencia alta en la temporada de riesgo y otra mínima cuando no hay que regar; o bien el contrato de temporada, que parece ser la opción por la que apuesta el Ministerio ya que tiene redactado un borrador de decreto al respecto.
Solución urgente
El pasado viernes se celebró la cuarta reunión entre organizaciones agrarias y Ministerio para abordar este tema, tras la huelga del campo de noviembre. Pese a que se esperaba que en esta reunión se tomara ya una decisión sobre el asunto, la solución definitiva se ha vuelto a postergar a pesar de que para los agricultores ya es urgente que se clarifique la situación pues la temporada de riego de muchos cultivos ha empenzado ya.
La opción de la doble contratación de potencia, que los regantes prefieren al contrato de temporada, fue en principio desechada por los representantes de Industria en la reunión pero la decisión final será tomada a nivel político por lo que todavía hay una posibilidad de que salga adelante, según fuentes de Asaja. Mientras tanto, los representantes de los agricultores ya han presentado sus alegaciones al borrador sobre el contrato de temporada en las que rechazan entre otros capítulos los costes «abusivos» que supondría la formalización inicial de este contrato y el que no se detallen las causas que pueden dar lugar a que las comopañías denieguen la petición de contrato de temporada. En cualquier caso.esta opción es la que menos gusta a los regantes, entre otras razones, porque, por sus limitaciones, no podrá ser de aplicación global.
Subida del 300 por ciento
El recibo de la electricidad supone actualmente el 29% de los costes de una explotación de regadío. Esto es así desde que se liberalizó el mercado electrico, lo que ha supuesto un encarecimiento del coste de la potencia contratada, que recauda el Estado, del 300% además del encarecimiento del coste por consumo que facturan las eléctricas y que ha sido aproximadamente del 20%.
El problema como explica el técnico de saja, Carlos Mesa es que «el agua, imprescindible para los cultivos de regadío, no se puede utilizar por el encarecimiento abusivo de la energía disponible para su distribución que es la eléctrica». Lo cierto es que al haberse modernizado los regadíos y haberse implantado los sistemas de riego por goteo y por aspersión se necesita electricidad para regar.
En Andalucía, el 65% de los regadíos están ya modernizados y, por tanto, condicionados al coste de la electricidad.