Las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha, al igual que las del resto de comunidades autónomas, protagonizarán el día 20 de noviembre un paro general para exigir al Gobierno central medidas que palien la situación del sector y una política agraria definida. Una acción que se verá complementada con la manifestación del día siguiente en Madrid.
El sector agrario denuncia que no se recuerda una crisis «tan aguda y generalizada» como la actual, afectando a todas las producciones. Esta crispación ha llevado a que las organizaciones soliciten el apoyo de toda la sociedad, al objeto de que se sume a la defensa del campo.
Una de estas muestras fue la reunión que mantuvieron ayer Asaja, UPA y COAG con los consejeros de Presidencia, José Valverde, y el de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, en Toledo, a quienes solicitaron el compromiso manifiesto de atender todas sus reivindicaciones.
Así, José María Fresneda, Julián Morcillo y Alfonso Marín, «en pie de guerra» desde hace tiempo, exigieron la puesta en marcha de una política agraria nacional, «que no existe desde 1986», un gran Pacto Social a nivel nacional y europeo y, entre otras, un mayor control de los aranceles que permitan competir a los productos importados en igualdad de condiciones que los españoles.
Valverde recordó que el campo, que «no escapa de la crisis económica», sí la sufre de una manera específica. Por ello, dijo, «estamos comprometidos con los agricultores y ganaderos de la Región y, por tanto, estamos buscando solucionar sus problemas y, entre todos, seremos capaces de hacerlo».
Al respecto, confió en que la Presidencia española de la Unión Europea a partir de enero de 2010 se torne en «un momento privilegiado que habrá que saber aprovechar» para intentar buscar soluciones, «no sólo presentes, sino también futuras», concluyó.

El 1º gran parón del campo.
Los tres representantes de las organizaciones agrarias señalaron que la mayoría de los agricultores y ganaderos están perdiendo dinero porque los precios que perciben por sus productos han bajado de forma significativa, mientras que, por el contrario, han tenido que hacer frente a un incremento considerable de los costes de producción.
Por estos motivos, insistieron en la necesidad de llegar a un gran pacto social a favor del medio agrario y rural.
Fresneda, Morcillo y Marín hicieron, además, un llamamiento para que la movilización del próximo 21 de noviembre en la capital española no se instrumentalice políticamente porque «sería lo peor que les pudiera pasar a los agricultores y ganaderos en estos momentos, que se genere un debate político cargado de promesas, pero sin soluciones».
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha también ha expresado su «total respaldo» ante una situación que sufre un «importante colectivo de trabajadores en la Región», alrededor de unos 30.000 y 800.000 en toda España, según informó en nota de prensa.

Tabla reivindicativa
Asaja, UPA y COAG han firmado un manifiesto que contiene ocho reivindicaciones que buscan ser escuchadas en la manifestación del día 21 de noviembre en Madrid: 1. Precios justos para los productos agrarios y regulación de los mercados; 2. Mayor transparencia en los precios; 3. Una fiscalidad agraria adecuada (incremento del IVA compensatorio al sector ganadero, puesta en marcha del gasóleo profesional…); 4. Plan de financiación y refinanciación para el sector; 5. Establecimiento de una PAC sólida más allá de 2013 con un presupuesto actualizado; 6. Un verdadero apoyo a las energías renovables que tengan su base en el sector agrario; 7. Apoyo decidido al sector de cara a su adaptación a las consecuencias derivadas del cambio climático; 8. Plan de concentración de la oferta e integración cooperativa.    

Albacete podría ser una de las zonas de España que tenga más presencia en la manifestación convocada para el próximo día 21 por las principales organizaciones agrarias en Madrid, ya que el objetivo es desplazar a 10.000 personas de toda la provincia.
Así se dio a conocer en el transcurso de una rueda de prensa, celebrada ayer en la sede de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) en Albacete. En la misma, junto al presidente de los regantes, Francisco Belmonte, comparecieron representantes de Asaja, UPA, COAG y diversas cooperativas de la provincia.
Pero los organizadores fueron más allá de la mera contabilidad de manifestantes, al señalar que su objetivo es mucho más ambicioso. La idea, señalaron, es paralizar la actividad agrícola y ganadera y todo lo que hay a su alrededor, el día de antes, el 20, lo que equivale a paralizar buena parte de la provincia, eminentemente agrícola y ganadera.
«Nuestro objetivo es dejar bien claro que, sin la gente del campo, no hay desarrollo rural que valga -señalaba Julián Martínez, de UPA- y eso quedará claro si, además de parar el agricultor o el ganadero, para el del taller, el de las semillas, el de los fitosanitarios, el de los abonos, es decir, la gente que no trabaja en el campo, pero que también vive de él».
Por su parte, José Pérez Cuenca, de Asaja, iba más allá de las reivindicaciones en materia de precios percibidos, de costes de producción o de mantenimiento de la PAC, al señalar que «el campo necesita alternativas, y las necesita ya, ahora mismo».
«Nosotros podemos entender que hay que dedicarse a cosas nuevas -indicó- porque ya ha pasado en otras épocas, pero es que no nos dan alternativas; por ejemplo, ahora está muy de moda decir que el futuro del campo pasa por las renovables, pero el futuro ¿para quien? -se preguntó- porque o vamos de la mano de una eléctrica, y eso significa no pintar nada, o sólo podemos producir para autoconsumo, no nos dan ninguna otra posibilidad».
Por el momento, la previsión de los organizadores de la protesta es que, el día 21, salgan de Albacete hacia Madrid entre 40 y 60 buses, más un número indeterminado de vehículos particulares. La manifestación, de ámbito nacional, irá precedida de una jornada de paro general en el campo, convocada también para toda España, el día 20 de noviembre.    

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), ha anunciado, esta mañana, que el próximo día 21 de noviembre, 40.000 regantes se manifestarán en Madrid para protestar por la «subida indiscriminada de las tarifas eléctricas para regadío».

Dice que los agricultores atraviesan una situación «crítica» motivada, entre otros factores, por el encarecimiento de las tarifas para regadío, que, según denuncia la federación, han experimentado una subida cercana al 90 por ciento en el último año, haciendo «inasumible» los gastos energéticos de los nuevos sistemas de riego de mejor consumo de agua, pero de mayor demanda energética.

Se unen así a la manifestación convocada por las principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA.

El paraninfo de la UCLM en Albacete fue el lugar elegido por la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea para presentar dos de sus principales proyectos de nuevas tecnologías en el sector del regadío, denominados Flow-Aid y Pleiades.
La elección de Albacete no ha sido casualidad. En Flow-Aid, uno de los equipos de referencia es el que dirige el profesor José María Tarjuelo, director del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), perteneciente al mismo campus; el otro es el del profesor Jos Balendonck, de la Universidad de Waeningen, en Holanda.
En cuanto a Pleiades, sus investigadores principales, Anna Osann y Alfonso Calera, forman parte del equipo de Teledetección y SIG (Sistemas de Información Geográfica) del Instituto de Desarrollo Regional, cuya sede también está en Albacete. Pleiades, además, es la continuación transcontinental de un proyecto nacido en esta parte de España, denominado Demeter.
Ambos proyectos tienen en común la misma idea de partida, el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para controlar en tiempo real el uso del agua en una explotación de riego.
El profesor Calera explicaba que Pleiades usa satélites artificiales para controlar grandes superficies de regadío. «Trabajamos con equipos de Europa, del Oriente Próximo, del Norte de Africa y de toda América, desde Perú a EEUU, pasando por México o Brasil».
Una de las características de Pleiades es que el enorme volumen de datos que generan los satélites de observación terrestre se trata a través de un sistema informático -un SIG- y se pone a disposición de los agricultores a través de internet, a la cual se puede acceder mediante dispositivos móviles, como teléfonos u ordenadores portátiles, desde la propia explotación agraria.
Por su parte, Flow-Aid usa herramientas y tecnologías similares, pero a una escala menor. Si Pleiades funciona a escala global, Flow-Aid lo hace a escala individual, explotación por explotación, entrando en el detalle.
Según explicaba el profesor Tarjuelo, «lo que hacemos es instalar una red de sensores en el suelo y en los cultivos; esta red se conecta a un sistema informático que contiene información meteorológica, geológica, agronómica, a escala local e, incluso, a escala de la parcela y, mediante una red inalámbrica, controlamos cómo están el suelo y la planta en tiempo real».
En el proyecto Flow-Aid, trabajan equipos de España, Holanda, Reino unido, Grecia, Italia, Turquía, Jordania y Líbano. «Todos estos equipos de estudio trabajan, además, en el campo de los riegos deficitarios, algo crítico, precisamente, en zonas como Albacete».
Entre los asistentes no sólo había técnicos y gestores públicos, sino también usuarios, porque cada equipo de investigadores trabaja conjuntamente con usuarios o asociaciones de usuarios, tanto para desarrollar como para testar, sobre el terreno los nuevos sistemas y tecnologías. En Albacete, ese papel lo desempeña la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo).
Por último, destacar que la Junta estuvo presente en el acto, a través del director general de Desarrollo Rural, Miguel Chillarón, y el Gobierno central estuvo representado por Joaquín Rodríguez, subdirector general de Regadío y Economía del Agua.    

La tecnología al servicio del campo consigue mejoras importantes. La Universidad celebró ayer una jornada sobre Tecnología y ciencia para el regadío eficiente que tuvo como objeto presentar los resultados de dos proyectos europeos que utilizan los últimos avances en la mejora de la utilización del agua, un bien escaso, en la agricultura. Estos proyectos, Flow-Aid y Pleiades, en los que participan una veintena de países europeos, cuentan con unas herramientas y modelos orientados a optimizar la gestión y el uso del agua en un regadío sostenible, tanto a nivel de parcela como en zonas regables.

En el proyecto Flow-Aid trabajan investigadores del Centro Regional de Investigaciones del Agua (Crea) con sede en Albacete y perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha. Su objetivo, desarrollar un conjunto de técnicas y herramientas para ayudar a los agricultores en la gestión del agua «cuanto es escasa en cantidad y en calidad», aclaró el director del proyecto, José María Tarjuelo. Gracias a la tecnología europea se han creado sistemas automáticos para el control del riego a nivel de parcela con sensores en el suelo y en planta que tratan de optimizar el uso del agua, de la energía y de los fertilizantes con un sistema de transmisión de datos inalámbrico.

Mientras, investigadores del grupo de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica del Instituto de Desarrollo Regional (IDR) utilizan los satélites para generar mapas de zonas regables y se generan mapas y conocer en cada momento qué cantidad de agua se necesita gracias al proyecto Pleiades.

El acto de apertura corrió a cargo de los coordinadores de los proyectos José María Tarjuelo y Jos Balendock (de la Universidad de Wageningen) en el caso del Flow-Aid, y de Anna Osann y Alfonso Calera por parte de Pleiades.

Toledo acogió ayer la presentación de la Unión de Agricultores y
Ganaderos de Castilla La Mancha, un nueva organización agraria que nace
«para dar soluciones a los muchos problemas del campo» y frente a los
«pequeños grupos de presión que controlan el cotarro», en palabras de
su responsable regional, Jesús de Juan.
Y es que, dijo, los
agricultores «están hastiados de los profesionales de la representación
agraria» que, a su juicio, han perdido su vinculación con los
«verdaderos problemas del sector» en la última década.
En este
sentido, fue muy crítico con los paros previstos para el 21 y 22 de
noviembre por Asaja, UPA y Coag, las tres organizaciones agrarias
‘tradicionales’ y «alimentadas por los fondos del Forcem». «Falta fe»
entre los agricultores, que ven como nadie les soluciona sus problemas,
sentenció De Juan.
Buena parte de los integrantes de esta
organización proceden de la Plataforma en Defensa de la Vid y el Agua,
como reconoce el responsable regional de La Unión, quien también fuera
dirigente en este movimiento.
Pasando ya al ámbito reivindicativo,
la ‘cartera’ de exigencias de La Unión regional está presidida por los
precios agrarios, la nueva PAC y la crisis ganadera y del sector del
vino. Para esta organización, la presidencia de España en la UE, que
comienza en enero, es un buen momento para llevar los problemas
agrarios a Bruselas.
La Unión de Castilla-La Mancha se declara
«independiente» y está integrada en la federación que constituye La
Unión estatal, junto a otras seis uniones autonómicas.    

En la actualidad se dispone de un 29,4% total de la reserva, lo que suponen 981 hectómetros cúbicos, 9 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada. El año pasado por estas fechas había un 23,6%, frente al 29,4% actual, es decir, hay 5,8 puntos más.

Además, según estos datos, la reserva de agua ha aumentado en 11 puntos más que hace dos años y se dispone de un 8,6% más que la media de los últimos cinco años y que en los últimos 10 años.

En concreto, hace un año se disponía de 789 hectómetros y ahora 981, es decir, 192 hectómetros más, un 24,3%. La media de los últimos cinco años era de 697 hectómetros y ahora 981, es decir, 284 más, un 40,7% superior.

Finalmente, las mismas fuentes señalaron que la media de los últimos 10 años era de 696 hectómetros y ahora alcanza los 981, es decir, 285 más, un incremento del 40,9%.

La reserva de agua acumulada en los embalses peninsulares ha subido ligeramente (un 0,1 por ciento) debido a las precipitaciones de la última semana, aunque se encuentra al 41,5 por ciento del total, por debajo del nivel de los últimos años.

Según los últimos datos facilitados hoy por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, los embalses acumulan 22.547 hectómetros cúbicos, 49 más que hace siete días, con variaciones que van desde la disminución de 28 hectómetros cúbicos en la Cuenca del Miño y el aumento de 83 hectómetros en la del Ebro.

Las precipitaciones han sido abundantes en todo el territorio nacional y la máxima se ha registrado en San Sebastián, donde se han recogido 154 litros por metro cuadrado.

Las cuencas más precarias son las del Segura y la del Júcar, que están al 24,9 por ciento y al 29,4 por ciento, respectivamente.

Están también por debajo del 50 por ciento de su capacidad las cuencas del Tajo (al 34,6 por ciento), Guadalquivir (36,6), la cuenca mediterránea andaluza (37,2), Guadiana (37,9), la cuenca atlántica andaluza (43,6) y Duero (45,9).

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua acumulada:

.

Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada

—————————————————————

Galicia 684 379 55,4

Miño-Sil 3.030 1.728 57,0

Cantábrico 625 384 61,4

P. Vasco 21 15 71,4

Duero 7.470 3.426 45,9

Tajo 11.012 3.810 34,6

Guadiana 8.630 3.274 37,9

C.Atl.And. 1.878 819 43,6

Guadalquivir 7.366 2.695 36,6

C.Med.And. 1.052 391 37,2

Segura 1.141 284 24,9

Júcar 3.336 981 29,4

Ebro 7.403 3.888 52,5

Cataluña 740 473 63,9

———————————————————–

TOTAL 54.388 22.547 41,5

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sigue en sus trece. En los próximos días, 15 ayuntamientos de la provincia recibirán una nueva remesa de facturas, expedidas por el organismo de cuenca, por cantidades que oscilan entre los 3.000 y los 145.000 euros. y que, entre todas, sumasn más de medio millón.
Estas cantidades se expiden como un suplemento a las tarifas del agua que deben pagar las corporaciones a la CHJ, en concepto de diversas obras de emergencia realizadas para garantizar el suministro de aguas en 2008.
Varios alcaldes ya han anunciado que no pagarán, porque no pueden hacer frente a estos recargos. Además, siguen sin entender por qué deben pagar el 100% de las obras cuando, en otras ocasiones, éstas se han cofinanciado entre las administraciones nacional, regional y local.
La relación de cantidades detalladas y los municipios afectados se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Las tres mayores cuantías corresponden al Ayuntamiento de Albacete (145.919 euros), el de Alcadozo (131.155 euros) y el de Pozohondo (101.841 euros).
«Para Albacete, este recargo es un inconveniente -señalaba ayer el portavoz del PP en la Diputación, Antonio Serrano- pero es asumible, al fin y al cabo hablamos de un incremento de menos de un euro por habitante; pero en municipios como Alcadozo o Pozohondo, esto es un problemón».
Así, los 736 habitantes de Alcadozo tocan a 178 euros por cabeza y año, mientras que los 1.810 de Pozohondo salen a 56 euros por cabeza y año. Pero Serrano, como alcalde de Peñas de San Pedro, un municipio que también tiene este mismo problema, recuerda que las dimensiones del mismo son mucho mayores.
«Para empezar, los ayuntamientos afectados no son 15, son 23, supongo que las tarifas de los restantes saldrán en breve -señaló- y para seguir, no hablamos de pagar estas cantidades un año, y ya está; es que nos van a pasar una factura idéntica, todos los ejercicios, durante los próximos 25 años».
Amparo Núñez, alcaldesa de Pozohondo, señalaba ayer a La Tribuna de Albacete que «el presupuesto de nuestro Ayuntamiento es de 1.800.000 euros al año; no puedo pagar 100.000 euros cada año, durante 25 años años, es simplemente imposible; si el municipio fuese una empresa privada, estaríamos abocados a la suspensión de pagos».
Tanto Serrano como Núñez son alcaldes populares. Pero ambos señalaron que, en este asunto, no hay diferencias de partidos, pues en estos 23 ayuntamientos hay corporaciones gobernadas por el PP y por el PSOE.
De hecho, Serrano señaló que «en este asunto, el respaldo que estamos recibiendo por parte de la Diputación de Albacete es total, los servicios jurídicos de la Corporación provincial están a nuestra disposición, de forma gratuita, para poder recurrir, y nos consta que se están haciendo gestiones ante el Gobierno central».
Estas gestiones se hacen desde el equipo de Gobierno de la Diputación, gobernada por el PSOE, y llegan hasta el mismo Consejo de Ministros, que es quien, en última instancia, de su visto bueno a las tarifas.
Pero donde Serrano no ahorró críticas fue al referirse al organismo de cuenca: «en este asunto, no soy capaz de entenderla posición de la Confederación, pues ya nos han pasado la mano por el lomo varias veces, palmaditas en la espalda, tranquilos, no pasa nada y, mientras tanto, cada cierto tiempo, como un reloj, nos exigen unas cantidades que no podemos pagar; da la impresión de que se ríen de nosotros, la verdad».    

La entrada en vigor de la Directiva de Aguas Subterráneas en España, a través de un Real Decreto que se publicó esta misma semana en el BOE, ha sido recibida de forma opuesta por dos de los principales colectivos implicados, los regantes y los ecologistas.
Por parte de los regantes, la publicación del Real Decreto 1514/2009 ha sido recogida de forma positiva, al considerar que la nueva norma, al dejar la determinación de los valores umbral para un posterior Real Decreto, permitirá realizar una evaluación más precisa y, por tanto, más útil, de cada acuífero.
Por parte de los ecologistas, este Real Decreto sólo ha cosechado críticas, y exactamente por el mismo motivo, porque trasponer una Directiva de la UE sin determinar los valores umbral es una maniobra dilatoria para evitar su aplicación rigurosa y estricta en cuencas como la del Júcar.
Como se recordará, el Real Decreto 1514/2009 establece las llamadas normas de calidad, que son unas normas mínimas y universales, exigibles para todas las masas de agua subterránea, independientemente de su situación concreta. Por ejemplo, se marcan unos 50 miligramos por litro para los nitratos. Pero, si se establece que un acuífero se encuentra en mal estado o hay riesgo cierto de que llegue a estarlo, la nueva normativa establece la creación de los llamados valores umbral, que serán la base de un plan de prevención o supresión de los contaminantes en acuíferos dañados.
El problema es que no se detallan las masas de agua, ni su estado, ni los posibles valores umbral. Es más, en una de las disposiciones finales del RD 1514/2009, se dice que se promulgará una nueva norma sobre este asunto «en caso de que resulte conveniente».
«A nosotros nos parece lógico que se haya hecho así», señalaba a La Tribuna el secretario de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Herminio Molina, «porque lo que se está haciendo es, al fin y al cabo, trasponer una norma europea que stá concebida para toda la UE y que, por tanto, no puede ni debe entrar en detalle, porque los posibles problemas de contaminación de un acuífero que se encuentra, por ejemplo, en Polonia, nunca serán los mismos que los de un acuífero que está en el sur de España».
Molina señaló que, en las contadas ocasiones en las que la Unión Europea se ha metido a legislar en detalle «los resultados siempre han sido contraproducentes» porque es, imposible que un técnico en Bruselas pueda hacer una norma que sea válida, cubriendo todas las situaciones posibles, desde el Mar del Norte hasta el Estrecho de Gibraltar, indicó Herminio Molina.