La cuenca del río Júcar ha entrado en situación de "emergencia" y obliga al Ministerio de Medio Ambiente a tomar medidas preventivas para proteger las reservas mínimas necesarias para dar de beber a Albacete y Valencia y mantener un mínimo caudal ecológico en el cauce del río.

J. Sierra, Valencia
La Confederación Hidrográfica del Júcar proyecta abordar la próxima campaña de riegos con restricciones del 55% en el regadío tradicional del Júcar y de hasta el 75% en los regadíos no tradicionales.
Además, la CHJ ha pedido al ayuntamiento de Albacete que ponga en marcha de nuevo sus pozos -abandonados por la mala calidad del agua- y que renuncie al agua superficial del río Júcar.
Ante la gravedad de la situación, el organismo de Cuenca, ha lanzado una nueva Oferta Pública de Adquisición (OPA) de derechos de agua – la tercera en lo que va de año- para comprar caudales de pozo en la Mancha y evitar que el río se seque.
El pasado sábado, la Comisión de la Sequía de la CHJ, reunida en Albacete, constató que históricamente nunca el embalse de Alarcón había almacenado tan poca agua en esta época del año y puso en marcha diversas medidas.
El presidente de este organismo, Juan José Moragues, afirmó entonces que el río Júcar «no da para más» y anunció actuaciones para afrontar la situación.
La primera decisión adoptada fue pedir al Ayuntamiento de Albacete que tenga operativos los antiguos pozos del abastecimiento urbano sustituidos hace una década por aguas superficiales del Júcar transportadas a través del acueducto Tajo-Segura.
Moragues dijo que el abastecimiento de Albacete, al igual que ocurre con el del área metropolitana de Valencia, no se encuentra en peligro, aunque un descenso de los caudales en Alarcón o su deterioro obligaría a tomar agua de pozos.
Además, la CHJ ha anunciado que no suministrará aguas superficiales a los regadíos de Albacete y puesto en marcha una nueva OPA, ya que en la última, lanzada hace tan solo unas semanas, tan solo se han apalabrado 1,08 hectómetros cúbicos.
Respecto al regadío valenciano, la CHJ espera que los pozos de sequía, muy recuperados tras las lluvias otoñales- permitan paliar en parte las restricciones anunciadas de aguas superficiales.
De momento no está previsto que se cancelen plantaciones de cultivos de temporada y se confía en los caudales almacenados en Tous y las lluvias primaverales permitan inundar el arrozal.
Extraer los peces
La situación en el embalse de Alarcón es «muy delicada», según fuentes de la CHJ, con apenas 68,2 hectómetros almacenados – y bajando- de los que 30 corresponde al denominado «embalse muerto» y no son utilizables. De hecho, la confederación ha incluido en su Plan Especial de Sequía el proyecto de reducción de la masa piscícola en Alarcón para evitar que el exceso de calor y el bajo nivel del agua embalsada provoquen la muerte de los peces y la putrefacción de las aguas, que las haría inútiles para el consumo humano.
En la sequía de los primeros años 90 del pasado siglo, el Gobierno central ya acometió una campaña de pesca en Alarcón utilizando para ello embarcaciones profesionales de pescadores del mediterráneo.

Los agricultores alicantinos integrados en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) tendrán que afrontar un duro final de año hidrológico salvo milagro meteorológico, porque no hay agua disponible para sus cultivos a ningún precio y sólo les quedan reservas en sus balsas para afrontar, como mucho, la primavera que está a punto de comenzar.

Así lo admitió ayer el vicepresidente del Scrats y presidente de Riegos de Levante, Manuel Serrano, quien desveló que la crítica situación de la cabecera del Tajo les va a impedir hacer efectiva la compra de los 34 hectómetros cúbicos de agua que ya estaba pactada con la Comunidad de Riego de Estremera, en Madrid. «Cualquier posible solución que se pueda adoptar para paliar esta situación queda ahora a expensas de la reunión que mantendremos después de Semana Santa con los responsables del Ministerio de Medio Ambiente», precisó Serrano.

Las reservas de los pantanos de Entrepeñas y Buendía -de los que se nutre la cuenca del Segura- han descendido esta semana hasta los 279 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone que ya sólo les quedan 39 hm3 disponibles para trasvasar, pues la reserva estratégica por debajo de la cual está prohibido hacer transferencias está fijada en 240 hm3.

Esta circunstancia ya ha empezado a tener consecuencias incluso antes de la que la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se reúna para decidir sobre un nuevo trasvase correspondiente al tercer trimestre del año hidrológico. A los embalses de la cabecera del Tajo sólo les quedan 39 hectómetros cúbicos para trasvasar y, si es que se autoriza una nueva transferencia esta primavera, Serrano tiene bastante asumido que «será muy reducida y exclusivamente para consumo humano».

Lo peor de todo es que también va a impedir a los regantes del Scrats recibir los 34 hectómetros cúbicos correspondientes a la operación de compra venta de los derechos de esos caudales que, como en los dos últimos años, estaba pactada con la Comunidad de Riego de Estremera, a un precio de 20 céntimos de euro por metro cúbico.

El campo, una vez más, será el gran perjudicado, ya que no sólo tendrá que olvidarse de recibir un riego de socorro de aquí hasta el final del año hidrológico, sino que ve cómo las posibilidades de obtener algún recurso alternativo se reducen de forma considerable.

Serrano señala que una de las pocas alternativas que quedan para obtener recursos que permitan, si no salvar las cosechas al menos sí el arbolado, pasan por que «el Ministerio de Medio Ambiente autorice la apertura de pozos en el Sinclinal de Calasparra», un acuífero perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Segura del que desde noviembre de 2006 no se han vuelto a realizar extracciones para permitir su recuperación.

La otra posibilidad pasa por que la Mancomunidad de Canales del Taibilla amortice la deuda de caudales que contrajo con los regantes en 2003, cuando se desviaron 40 hm3 destinados a riego para garantizar el suministro a las poblaciones. Casi la mitad de esa cantidad ya se devolvió el año pasado, pero todavía quedan pendientes otros 20 hectómetros cúbicos que este año pueden ser vitales para el campo.

El problema radica en que si no llega agua del Tajo, la Mancomunidad de Canales del Taibilla se enfrenta a serias dificultades no ya sólo para devolver esos caudales, sino incluso para garantizar el suministro, tal y como se encargó de advertir el comité ejecutivo de este organismo, que abastece de agua a 79 municipios de Alicante, Murcia y Almería. Por ello, el vicepresidente del Scrats también señaló que la puesta en marcha de las desalinizadoras que están ya acabadas y pendientes exclusivamente de autorización administrativa para empezar a producir agua -Valdelentisco en Cartagena y Alicante II- puede marcar la diferencia entre disponer de ese riego de socorro o no.

La evolución de las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la de los pantanos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) siguen caminos completamente opuestos. La cuenca del Júcar ha experimentado durante todo el invierno un incremento lento pero constante en la cantidad de agua embalsada. En la última semana ha recuperado otros 4,04 hectómetros cúbicos y ya almacena 768,78, lo que supone un 22,97% de su capacidad total, según informaron ayer fuentes de este organismo regulador.

Aunque la situación de alerta por sequía se mantiene, fundamentalmente porque los embalses de cabecera siguen bajo mínimos, las lluvias han dejado registros por encima de la media durante este invierno en la mitad norte de la Comunitat Valenciana, lo cual ha incidido en las aportaciones en los embalses.

Por contra, en la mitad sur, sólo la Marina Alta y el interior de la Marina Baja han superado la media de precipitaciones este invierno. En el resto de la provincia las lluvias han sido testimoniales y la cuenca del Segura se ha resentido tras un otoño húmedo. En la última semana los embalses de la CHS han perdido otros 5 hectómetros cúbicos y en su conjunto almacenan 210, apenas el 18% de su capacidad total. La situación, con ser crítica, no es peor que en 2007.

El año pasado por estas fechas había incluso 20 hm3 menos almacenados. Sin embargo, lo que marca la diferencia es la nula perspectiva de recibir aportaciones de la cabecera del Tajo, pues al principal surtidor de la cuenca del Segura sólo le quedan 39 hm3 trasvasables.

«Nuestras previsiones son que va a haber un acusado estrés hídrico, fundamentalmente en las cuencas del sureste», afirma con seguridad Teresa Ribera, directora general de Cambio Climático.

«Lo cual no es muy novedoso, puesto que coincide plenamente con los escenarios que ha avanzado el Panel Intergubernamental del Cambio Climático para la región del Mediterráneo y sur de Europa», añade.

Es más, la experta en cambio climático señala que los periodos de sequía intensa se incrementarán en intensidad y frecuencia. «Los ciclos de retorno, es decir, las sequías muy profundas podrían variar de los 100 años que nos dicen las estadísticas a periodos de una década», afirma.

La información forma parte de las conclusiones de un equipo de expertos que viene reuniendo información científica para la Comisión de Coordinación de Políticas del Cambio Climático, cuya última reunión ha tenido lugar el jueves pasado. Esta comisión reúne las administración regionales y estatales para diseñar políticas de adaptación al fenómeno climático, de acuerdo con el Protocolo de Kioto.

«Nosotros trabajamos teniendo en cuenta un 10% de la reducción de las precipitaciones, porque el cambio climático es una realidad», asegura Jaime Palop, director general del Agua, quien sabe bien lo que es enfrentarse a una sequía que comenzó una semana después de acceder al cargo y que no ha concluido.

«Esto no sólo afecta a España. Todo el Magreb, Malta o Croacia reciben menos lluvias. El macizo Ibérico, donde nacen el Tajo, Júcar, Segura y Guadalquivir ha tenido una reducción del 20% de precipitaciones», asegura Palop.

La realidad es tozuda. España se encamina hacia su cuarto año de sequía meteorológica, con lo que la piel de toro se cuartea cada día más. Las precipitaciones de otoño e invierno han sido más bajas de lo normal, en torno a los 150 litros por metro cuadrados menos, lo que viene a ser un 40% de reducción.

Primavera seca

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEM) hasta el final del ciclo hidrológico 2007-2008 –aunque indican sólo tendencias–, apuntan a meses cálidos y menos húmedos de lo deseable durante la primavera, y un verano seco como lo son todos. Con ello se cerrará el periodo más prolongado de sequía en esta primera década del siglo XXI, que arrancó en el otoño de 2004 con el menor régimen de precipitaciones desde hace 60 años.

La pregunta del millón es si el cambio climático está afectando ya a nuestra geografía en el régimen pluviométrico. Pero ningún experto responde con precisión. «Si acaso se puede decir que lo que está ocurriendo ‘coincide’ con las tendencias del IPCC, que prevé para la región Mediterránea un descenso de las precipitaciones», afirma Ángel Rivera, portavoz de la AEM.

Para Rivera, lo que está ocurriendo tiene una explicación meteorológica: las borrascas atlánticas que traen las lluvias a la Península tienden a desviarse hacia el polo antes de llegar, a causa de una mayor oscilación norte-sur en la atmósfera en nuestro hemisferio. «Esta es la causa de nuestra sequía y eso mismo contribuye a la fusión del hielo en el Ártico», señala.

«Es excesivo atribuir al cambio climático el actual periodo de años secos», señala el climatólogo de la AEM, Antonio Mestre. Sin embargo, reconoce que «coincide» con las previsiones de IPCC y que la actual sequía es más prolongada de lo normal. Con cuatro años de déficit hídrico se resienten más y más las reservas de los embalses, y por supuesto, los ecosistemas.

«Los ciclos de sequía –normales en la climatología mediterránea– tenderán a agravarse, tanto en intensidad como en frecuencia», asegura Pedro Arrojo, del Departamento de Análisis Económicos de la Universidad de Zaragoza.

«Existe incertidumbre sobre el régimen pluviométrico del futuro; pero no hay duda de que el calentamiento llevará al alza la evapotranspiración de los cultivos y la flora silvestre. Con seguridad descenderá la escorrentía», añade. Y con ella el agua de los embalses.

«Con eso contamos. Por eso hay que gestionar el agua cada vez mejor, ahorrarla y reutilizarla. Y también desalar. Son las únicas medidas de adaptación al calentamiento. El mérito de nuestra sociedad es que ya se ha empezado a gestionar el agua anticipadamente», concluye Palop.

La cabecera del Tajo está entrando en el peor escenario posible. En los últimos cinco meses las aportaciones de agua son las peores de la historia del Sistema Entrepeñas-Buendía y los excedentes para dar de beber a 2,5 millones de habitantes de Murcia, Alicante y Albacete corren peligro. Si se mantiene la situación actual de sequía, no habrá reservas para trasvasar recursos para la población del Sureste de España.

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla alertó ayer de que «a corto plazo» se puede producir «la imposibilidad legal de realizar trasvase alguno para nuestros abastecimientos». Añade que crece la posibilidad de que la cabecera del Tajo baje de los 240 hectómetros cúbicos, el límite legal para derivar caudales. La situación no es mala sólo en la cuenca del Segura, sino que afecta a otras zonas, incluida parte del Duero. La ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, mantuvo el miércoles pasado una reunión de urgencia con los presidentes de todas las confederaciones hidrográficas y organismos públicos.

Pese a todo, se cree que el escenario que se presenta en la cuenca del Segura no es el peor si se compara con otras demarcaciones hidrográficas. A día de hoy, y si surten efecto las medidas adoptadas ayer, se espera que no haya que aplicar restricciones para la población.

Aviso de emergencia

Si la cabecera del Tajo baja de los 240 hectómetros, los trasvases al Segura serían legalmente imposibles de acuerdo con las reglas de explotación. Sólo en casos excepcionales el Consejo de Ministros podría autorizar un desembalse mínimo para abastecer a la población. Los 2,5 millones de habitantes del Sureste necesitan cada mes una media de entre 11 y 12 hectómetros cúbicos del Tajo.

En la actualidad, el agua almacenada en los dos grandes embalses de cabecera no llegan a los 280 hectómetros. Falta lo peor del año hidrológico -primavera y verano-, por lo que el coeficiente de disponibilidad de recursos pasaría de la situación actual de «normalidad» a la de «alerta y emergencia», indicó ayer este organismo en una nota oficial. Subraya que si la situación de los abastecimientos es mala, la de los regantes «es significativamente más grave».

Para hacer frente a esta situación, el organismo abastecedor se ha propuesto acelerar los trámites para poner en marcha lo antes posible las desalinizadoras de Alicante II y Valdelentisco (Cartagena), que podrían aportar a corto plazo unos 3 hectómetros mensuales (el consumo de 30.000 habitantes). Asimismo, se ha facultado al presidente de este organismo, Isidoro Carrillo, para lanzar una oferta de compra de aguas de origen privado.

La cuenca del Júcar se encuentra ya a estas alturas del año en estado de emergencia y el embalse de Alarcón almacena el menor volumen de agua de toda su historia. Y es que éste es el cuarto año de sequía que sufre el país. Un panorama nada alentador, tal y como ayer transmitió el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, tras la reunión de la Comisión de Sequía celebrada ayer en Albacete.

Una reunión «densa», en palabras de Moragues en la que se adoptaron diversas medidas para intentar paliar en lo posible esta difícil situación. El responsable de la Confederación insistió en que hoy por hoy no es posible garantizar «simultáneamente» el abastecimiento con aguas superficiales para la ciudad de Albacete, que los regantes puedan usar recursos del Júcar, y mantener el caudal ecológico del río.

Medidas

Así la primera decisión adoptada es que este año no habrá agua para sustitución de bombeos en la Mancha Oriental. «Lo lamentamos muchísimo pero no va a haber», afirmó Moragues prácticamente a modo de disculpa.

El presidente del órgano de cuenca anunció de igual modo que se dirigirá al Ayuntamiento de Albacete para solicitar que «vuelvan a estar operativos» los pozos para el abastecimiento de la capital albaceteña. En este sentido, Moragues aseguró que el abastecimiento humano no corre peligro y que se trata de «estar prevenidos» ante lo que pueda suceder en los próximos meses. «Para el caso de que no haya suficiente agua en cantidad en Alarcón o no tenga la suficiente calidad», matizó Moragues. De hecho actualmente este pantano tiene embalsados 68,2 hectómetros cúbicos aunque de ellos no son utilizables entre 30 y 35 hectómetros, es decir casi la mitad.

El ahorro

Pero las decisiones adoptadas ayer no terminaron ahí. A instancias del representante de la Junta de Comunidades en la Comisión, la Confederación aprobó el lanzamiento de una nueva Oferta de Adquisición de Derechos de Agua (OPA), la tercera en lo que va de año hidrológico, dirigida a los regantes del tramo medio del río.

Moragues indicó que en los próximos días se ultimarán los términos y plazos de esta oferta. En todo caso avanzó que no se podrá extraer más agua que el año anterior y que en julio y agosto no se permitirá tomar agua de tomas directas desde el río. De hecho en los dos meses estivales sólo se permitirán extracciones mínimas. También anunció que el presupuesto que se destinará a esta nueva convocatoria será «cuantioso» en todo caso.

Asimismo amentó los resultados, provisionales, de la última OPA en la que el ahorro conseguido ha sido de 1,08 hectómetros. Por otra parte, apuntó que los usuarios de los regadíos tradicionales de Valencia, sufrirán restricciones del 55% mientras que para los no tradicionales de la Ribera Alta serán del 75%.

Por su parte, el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, tras la Comisión reconoció que las medidas adoptadas son «el menor de los males posibles». Belmonte afirmó que llevan tres meses trabajando y proponiendo soluciones para evitar que el río se seque y conseguir que «perjudique lo menos posible a los regantes». En este sentido valoró positivamente el lanzamiento de la nueva OPA:

La Cuenca Andaluza del Guadalquivir es el nuevo organismo que tiene previsto crear la Junta de Andalucía, a semejanza de la Cuenca Atlántica y de la Mediterránea, para gestionar las aguas de aquel río que discurren por la Comunidad, asumiendo gran parte de las competencias que durante ochenta años han correspondido a la Confederación Hidrográfica.

El problema está en que el Guadalquivir es un río no andaluz cien por cien, y tanto Extremadura -cuyo Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el traspaso- como Castilla-La Mancha y Murcia tienen algo que decir en todas las decisiones que se están adoptando.

De consumarse el nuevo modelo competencial que se está fraguando en los despachos, la tan aplaudida hasta ahora unidad de cuenca amparada por el Estado será sustituida por otro sistema de toma de decisiones, en el que a modo de reino de taifas cada delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente querrá tener su cuota de poder.

Ése es el temor que embarga a Feragua, la Federación de Comunidades de Regantes, cuyo secretario general, Pedro Parias, muestra su desacuerdo con que, al igual que se ha hecho con las Cuencas Atlántica y Mediterránea, se provincialice la gestión del Guadalquivir.

«Granada y Jaén están en la parte alta de la cuenca y Córdoba Sevilla en la parte baja, y cualquier decisión que se tome en una provincia repercutirá en las otras y viceversa», dice.

El concepto de unidad de cuenca se remonta a ochenta años atrás, «y España -apunta Pedro Parias- fue pionera en gestionar el agua por cuencas hidrográficas, a través de las confederaciones».

Resalta el secretario general de Feragua que «esto ha sido exportado al mundo entero, ha sido consagrado por la Directiva Marco de Aguas, y ahora, con la nueva configuración territorial, se pretende que las comunidades autónoma participen de la gestión de la cuenca».

Según Parias, «eso es razonable, pero no que cada Comunidad autónoma gestione las aguas de su territorio rompiendo el principio de unidad de cuenca». Así, llegado el momento, «Extremadura puede tomar una decisión que afecte a Andalucía. El que puede garantizar la unidad es el Estado, y no sé si con el nuevo modelo va a ser posible».

En opinión de Pedro Parias, a Feragua le es indiferente qué Administración gestiona las aguas. «lo que nos importa es que se haga bien y sin tensiones. Tensiones que pueden venir si impera el modelo provincializado».

Una vez más, las organizaciones agrarias han denunciado los perjuicios que el incremento del precio del combustible ocasiona al sector. En un año, el gasóleo agrícola se ha encarecido un 30%, según recuerdan Coag-Ir, Asaja y UPA, que reclaman al Ministerio de Agricultura medidas para hacer frente a esta nueva ‘vuelta de tuerca’ en los ya de por sí disparados costes de producción.

Sin ir más lejos, Coag-Ir ha denunciado que, en la actualidad, llenar el depósito de los tractores cuesta el doble que hace cuatro años, indicando que el litro de gasóleo agrícola cuesta hoy 0,88 euros, frente a los 0,46 euros por litro de 2004. «Los agricultores y ganaderos desembolsan 265 euros aproximadamente por llenar un depósito con una capacidad media de unos 300 litros, mientras que hace cuatro años suponía un coste de 138 euros», han explicado.

En la base del problema se encuentran las históricas cotizaciones que está alcanzando el barril de petróleo en los mercados internacionales, aunque el presidente de Coag-Ir Albacete, Fernando Ruiz, subrayaba que la coyuntura alcista no es nueva y, de hecho, «nos hemos sentado ya en años anteriores con la Administración para reclamar un gasóleo profesional y un tratamiento fiscal especial».

El máximo representante de esta organización agraria en Albacete afirmó que el aumento del precio del gasoil se produce en paralelo al del transporte o al de los abonos, puesto que según manifestó «todo está interrelacionado», y añadió que aunque existen bonificaciones para el profesional, éstas resultan «insuficientes», por lo que insistió en la necesidad de un gasóleo profesional. Fernando Ruiz pidió «soluciones definitivas» y no «parches» que es lo que, a su juicio, se ha estado poniendo hasta la fecha sobre la mesa para sortear el problema.

Impuestos

Para paliar el alza del gasóleo agrícola, cuantificada en un 30% respecto al pasado año, Coag-Ir reclamó entre otras medidas que se agilice el diseño de eliminación del Impuesto Especial de Hidrocarburos (0,078 euros por litro) mediante la tarjeta profesional y la aplicación un tipo reducido de IVA, pasando del 16% actual al 7%.

Igualmente, solicitó extraer el gasóleo agrícola del ámbito objetivo de aplicación del impuesto de minoristas sobre ventas, conocido como tasa de hidrocarburos, y la recuperación para este año de las medidas referidas al IRPF.

Entre ellas figuran la deducción en el rendimiento neto previo de un 15% de los gastos en fertilizantes y plásticos hasta el 30 de junio de 2008, la reducción del 2% del rendimiento neto para el periodo 2008 y la deducción en el rendimiento neto previo del 35% de los gastos en gasóleo en el periodo 2008.

El director de Relaciones Internacionales de Asaja, Juan José Álvarez, hizo hincapié en la necesidad de articular un gasóleo profesional para el sector agrario y demandó que la compensación del IVA del sector ganadero suba en 1,5 puntos y se equipare al 9% del agrícola, al tiempo que consideró «imprescindible» que se ponga en marcha un plan de modernización de tractores -independiente del actual Renove- para aumentar la eficiencia y el ahorro de costes a través de una reducción del consumo de combustible.

«Estamos ante una situación crítica y complicada», apuntó, por su parte, el técnico de UPA Javier Alejandre, quien comentó que se debe abrir un periodo de reflexión para ver qué medidas adicionales se pueden acordar con el nuevo Gobierno para frenar los efectos de la subida del gasóleo.