Garantizar agua de calidad para el abastecimiento de la población de Alicante es el objetivo de una nueva propuesta que ayer formuló el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón. Tras una reunión con el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, García Antón propuso ejecutar una segunda toma en el trasvase Júcar-Vinalopó, compatible con la de Azud de la Marquesa. Las obras tendrían un coste de entre 20 y 30 millones de euros y serían sufragadas por la Generalitat.

García Antón se reunió con el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, que se mostró dispuesto a “renunciar a Cortes de Pallás, a retirar contenciosos y a trabajar de forma constructiva con el Ministerio de Medio Ambiente”.

El conseller condicionó incluso las obras del post-trasvase, competencia de la Generalitat, que tienen como objetivo conectar el canal principal del trasvase con las ciudades, con la realización de la segunda toma. Incluso está dispuesto a “poner la máquina a toda marcha si se accede a esta propuesta”.

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, le contestó que en vez de hablar de segundas tomas, “el conseller debería ponerse a trabajar en las obras del post-trasvase”.

Ayer, 18 de junio, se cumplió el tercer aniversario de la derogación del trasvase del Ebro por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. García Antón calificó este periodo como “tres años perdidos para solucionar los problemas hídricos de la Comunitat”. Por su parte, Bernabé replicó que en ocho años de Gobierno de Aznar el PP “no ha sido capaz de traer una gota de agua”.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) critica en un informe la «frenética construcción» de desalinizadoras en España y su impacto negativo en el medio ambiente y el cambio climático.

Según el informe Haciendo agua, desalinización: ¿opción o distracción para un mundo sediento?, España es el país con «mayor capacidad de desalinización del mundo occidental», aunque para el WWF esa no es la mejor solución para garantizar el suministro de agua.

«Desalinizar el mar es una forma cara y de gran coste energético para conseguir agua», indicó el director del Programa Mundial para el Agua Dulce del WWF, Jamie Pittock, quien explicó que la desalinización lleva a la emisión de gases de efecto invernadero y a la destrucción de las costas, lo que agrava el cambio climático. Para la organización ecologista, la «frenética» construcción de plantas desalinizadoras tiene su origen en la cancelación en el 2004 del proyecto del trasvase del Ebro, que era una de las piezas centrales del Plan Hidrológico Nacional, y en «su tradicional intento de garantizar el agua en uno de los países más secos de Europa».

El informe critica «la transformación de la árida Almería en la mayor concentración de invernaderos de horticultura de Europa entre 1987 y 2004» y la planta desalinizadora de Carboneras, construida en esa región y que es la más grande de Europa.

Además, el aumento del turismo en España ha llevado igualmente a un mayor consumo de agua debido a la constante construcción de residencias secundarias en urbanizaciones levantadas en las proximidades de campos de golf, como el Desert Springs (norte de Carboneras), según el estudio. En ese mismo sentido, el WWF recuerda que «España estableció un nuevo récord al construir 800.000 nuevas propiedades en el 2005, principalmente en la costa sur» y asegura que esa cifra supera las edificaciones realizadas en Francia, Alemania y el Reino Unido juntos.

Por todo ello, la organización de defensa del medio ambiente se hace eco de «las voces que sostienen que el problema real del agua en España está más vinculado a expectativas poco realistas y a una pobre gestión del agua». Por otra parte, el estudio se refiere a la importancia que tiene la industria desalinizadora española a nivel mundial, ya que las empresas del país «participan en el desarrollo desalinización de EE UU, el Reino Unido y Oriente Medio.

España está consiguiendo «un uso del agua cada vez más eficiente», aseguró ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en la primera jornada del Foro Internacional sobre la Sequía que se celebra estos días en Sevilla. Los ecologistas, participantes en el encuentro, reclamaron, no obstante, un cambio en la gestión hídrica y en la política agraria que deje de primar a los regantes y a los cultivos de regadío por encima de los consumidores urbanos y el medio ambiente.

Durante su intervención, Narbona consideró que «afortunadamente, no falta agua» en nuestro país. Así, subrayó que, gracias a la planificación y la legislación impulsadas por el actual Gobierno «que prima el abastecimiento a las poblaciones frente a otros usos», en el último periodo de sequía no se han producido restricciones de agua para los consumidores como a principios de los años 90.

La ministra apuntó que cada vez se registra una gestión más eficiente del agua para «atender más usos utilizando menos agua», como corroboró Francisco Cubillo, miembro del Grupo de Especialistas en Gestión Eficiente del Agua de la Asociación Internacional del Agua y co-miembro del Comité de Expertos en Sequía del Ministerio de Medio Ambiente. Cubillo valoró que «el nivel es aceptable en cuanto a la capacidad para prevenir y mitigar los efectos de la sequía», y señaló que «en cuanto a lo que se puede hacer, España está en situación destacada».

Narbona alertó de la «ignorancia» que rodea el tema de la sequía, y la confusión, a veces interesada, entre «el uso responsable del agua» y un «retroceso en nuestro nivel de bienestar». El agua, dijo, «es el elemento común» a los principales desafíos ambientales de nuestro tiempo, como el cambio climático, el avance de la desertificación o la pérdida de la biodiversidad. Es un fenómeno que hay que abordar desde una escala «internacional» y con criterios de sostenibilidad ambiental.

La responsable de Medio Ambiente reclamó además la colaboración de administraciones, empresas y organizaciones para ayudar a los países con menos recursos para favorecer un desarrollo «duradero». Vivimos «en un mundo muy desigual, donde 1,8 millones de niños mueren cada año por enfermedades relacionadas con escasez de agua y la falta de saneamiento».

Depuración

Sin embargo, reconoció que aún quedan cuestiones pendientes en la mejora de la gestión hídrica, como la depuración de aguas residuales. En la actualidad se depura el 77 por ciento de éstas (frente al 44 por ciento de 1994), pero apenas el 13 por ciento se reutiliza para riego agrícola o de campos de golf. Narbona instó a las distintas administraciones a autorizar la apertura de estas instalaciones deportivas sólo si usan agua depurada para el riego.

Destacó el «avance sustancial» que se ha producido en los últimos años para un uso racional del agua en la agricultura, asegurando que el 2007 será «el primer año de la historia de España» en el que habrá un mayor número de hectáreas cultivadas por riego localizado que por riego por inundación.

La asociación ecologista WWF/Adena, asesora del foro, niega la mayor. Así, el responsable de agua de la asociación, Guido Schmidt, lamentó que la disponibilidad de agua para regadío y el precio que se cobra a los agricultores no se corresponda con la realidad hidrológica española, pese a lo que se están creando 30.000 hectáreas más de regadío. «Si hay en una situación crítica, lo es para todos y si hay un plan de sequía, es para cumplirlo», añadió.

El 30 de junio se cierra el plazo para solicitar la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburo del Gasóleo Agrícola. A día de hoy, un total de 37.532 agricultores de la región han realizado su solicitud por un importe de devolución de 17,3 millones de euros. En Albacete, casi 6.300 agricultores han pedido que se les devuelvan 3,2 millones de euros.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, que los planes de sequía del Gobierno alivian el problema de la falta de lluvias que atraviesa España, «pero no solucionan este problema endémico». Así, reclamó la construcción de nuevos embalses y trasvases para luchar contra el cambio climático.

La reserva de agua en los pantanos de la cabecera del Tajo, Buendía y Entrepeñas, aumentó en seis hectómetros cúbicos la última semana y alcanzó los 473 hectómetros cúbicos de agua embalsada, el 19,11 por ciento de su capacidad total.

El Consejo de Ministros autorizó hace diez días un trasvase durante los meses de verano de 92 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo, de los que 62 serán para consumo humano y veinte para regadío en la cuenca del Segura, mientras que las Tablas de Daimiel recibirán diez.

La Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora, en la provincia de Almería, ha recogido más de 3.000 firmas contra los puntos de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que recogen el traspaso de la gestión del agua a esta Comunidad Autónoma, sin la intervención del Gobierno central.

El portavoz de la Junta, Fernando Rubio, manifestó el «peligro» que esta medida supone para el trasvase Tajo-Segura y anunció que la campaña de recogida de firmas continuará durante las próximas semanas, como se está haciendo también en Murcia y en la Comunidad Valenciana. Rubio calificó de «insuficientes» para los regantes del Levante almeriense los 0,7 hectómetros cúbicos que le corresponden a Almería -con una participación del 13,75 por ciento en el trasvase Tajo-Segura- de los 20 hectómetros cúbicos aprobados por el Consejo de Ministros hasta el 30 de septiembre. A su juicio, la cantidad necesaria para abastecer a los regantes almeriense sería de 15 hectómetros cúbicos.

El portavoz anunció que están estudiando realizar una concentración el próximo 24 de julio frente al Ministerio de Medio Ambiente en defensa del trasvase Tajo-Segura.

Las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha han acogido con «satisfacción» la eventual decisión del Ministerio de Industria de aplazar hasta julio de 2008 la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas para regadío, pero consideran que esta no es la solución definitiva y que este sector debe mantener un tratamiento preferencial.

Así lo expresó el secretario provincial de Asaja Ciudad Real, Florencio Rey, quien aseguró que seguirán reivindicando ante el Gobierno central para que tengan en cuenta la situación de crisis que atraviesa el sector agrario, las inversiones que se han realizado en la modernización de regadíos, y los beneficios medioambientales de esta aplicación tecnológica.

«La situación del sector agrario es crítica, fruto del incremento de los costes de producción, de la congelación de los precios, y de la falta de rentabilidad de los productos. Por ello es importante que mantengamos esta tarifa especial para el riego, y esta prorroga nos viene bien, pero no es la solución definitiva».

ACCIONES SINDICALES. Por su parte, Rafael Juárez, de los servicios técnicos de COAG, explicó a Europa Press que esta eliminación de tarifas especiales, sería la última fase de un proceso por el que el Gobierno central pretende liberalizar la energía, acogiéndose a las orientaciones expuestas por la Comisión Europea.

«Nuestra organización está radicalmente en contra de la eliminación de estas tarifas especiales de riego porque el sector agrario no se encuentra en estos momentos en una situación como para afrontar el nuevo incremento de costes, que en función del tipo de tarifas al que se acoja el agricultor puede estar en torno al 20 por ciento», alertó.

Desde COAG dudan de que la liberalización del mercado, que afectaría sobre todo a las explotaciones familiares de carácter profesional, «vaya a beneficiar al consumidor, pues en el pasado hemos sufrido liberalizaciones parecidas y la experiencia nos dice que nunca ha representado una rebaja de los precios al consumidor, sino todo lo contrario».

Esto, unido a otros motivos, como el hecho de que la facturación eléctrica para regadío sea una mínima parte de la facturación eléctrica total (apenas un 1 %) y las ventajas medioambientales que supone la electrificación del regadío frente a los motores de combustión, justificaría plenamente, en opinión de COAG-IR, el que se suspenda ‘sine die’ la desaparición de estas tarifas.

«Esperamos que el Gobierno entre en razones y de marcha atrás, porque a nivel estatal la organización pretende agotar todas las vías de negociación, y llegado el caso tomaremos las acciones de carácter sindical que estimásemos oportunas» advirtió.

UPA. En términos parecidos se expresaron desde UPA, que en boca de su responsable regional de Agricultura, Elena Escobar, dijeron estar «muy contentos» por la moratoria conseguida hasta julio del 2008. «A pesar de que hemos conseguido su aplazamiento un año más, el objetivo no está conseguido porque la subida contempla este Real Decreto podría suponer un 300 por cien en algunos casos», indicó la representante de UPA, quien lo calificó de «autentica barbaridad».

Escobar manifestó que la subida «de un plumazo» de las tarifas del regadío, «un recurso cada vez más necesario», junto con la «crítica» situación de los precios, y la sequía, «harán que muchas explotaciones cierren porque van a ser inviables» alertó.

De otro lado defendió que esta subida frenaría en seco la modernización de los regadíos en bajo consumo, una medida imprescindible en el ahorro de agua «ante la escasez de recursos que vivimos». «Y por ello –anunció– durante este año seguiremos negociando, porque hemos ganado una batalla pero no la guerra».

Actualmente, de los 4,2 millones de hectáreas de cultivo que existen en la región, 417.100 son de regadío, suponiendo el 10 por ciento. Así en Albacete hay 124’6 miles de hectárea de regadío; en Ciudad Real 167,4; en Cuenca, 27,8; en Guadalajara 17,7 y en Toledo 79,6

Esta medida provocaría una subida del entorno 22 por ciento para el precio de la energía eléctrica para regadío en alta tensión y del 28 por ciento para baja tensión, siendo los cultivos más afectados el maíz, el olivar, los viñedos y la remolacha.

Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena dedican este año el «Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía» a denunciar el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), por ser un paradigma de cómo las Administraciones pueden diseñar una política que llevará a desertificar un área rica en humedales de importancia Internacional.   Según Naciones Unidas, España es el país más árido de Europa. Un tercio de su superficie sufre una tasa muy elevada de desertificación y un 6% ya se ha degradado de forma irreversible. Las zonas más afectadas hasta ahora son la vertiente mediterránea y las islas Canarias.   La desertificación es un proceso de degradación de tierras por efecto directo de la acción humana. Las principales causas de este proceso son la sobre explotación de los recursos hídricos, la agricultura intensiva, la tala indiscriminada de bosques, el sobre pastoreo, los incendios y la ocupación del suelo por el negocio inmobiliario.   Los ecologistas denuncian hoy que el PEAG fomentará un incremento significativo de la desertificación en la mayor área de humedales del centro de la península, unos ecosistemas imprescindibles para el equilibrio del clima y la conservación de los cada vez más escasos recursos hídricos y la biodiversidad que albergan.   Para las organizaciones ecologistas, el PEAG no sólo no corregirá el desastre ecológico de sobreexplotación y de falta de gestión hídrica, sino que promoverá un proyecto medioambiental ineficaz con la excusa de recuperar las Tablas de Daimiel y otros humedales de la zona. Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena piden la profunda rectificación modelo de consumo de agua del PEAG y exponen alternativas para la elaboración de un nuevo plan para la recuperación hídrica de la zona, entre otras razones, porque:   –       Otorga a Castilla-La Mancha más de 3.900 millones de euros, el presupuesto más alto que se ha dado jamás a un proyecto «ambiental». Sin embargo, el dinero, en su mayor cuantía, no se utilizará en la recuperación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel ni del resto de humedales, sino en mantener una agricultura insostenible y la sobreexplotación ilegal del agua de los acuíferos disfrazado en forma de «reconversión agrícola». Las ONG ambientales proponen que la  mayor parte del presupuesto se dirija a reconvertir el regadío y sus servicios hacia otro tipo de desarrollo económico, industrial y social, y a la recuperación del patrimonio natural.   –        No cumple la Directiva Marco del Agua (DMA) y consolida el alarmante déficit de los acuíferos sobre explotados. Por exigencia de Castilla-La Mancha, el PEAG mantendrá una extracción legal de 200 Hm3/año en el acuífero 23 (según el PEAG, actualmente se consumen hasta 400 Hm3/año por las extracciones ilegales). Pero este volumen no reduce la sobreexplotación, pues es el mismo que ya exige en la actualidad la Confederación Hidrográfica del Guadiana a los regantes legales en su Régimen anual de explotación. Esta falta de compromiso real y de falta de transparencia en la toma de decisiones para cambiar la situación llevará a que no se cumplan las obligaciones que exige la DMA ni en su segunda prórroga de 2027. Conseguir la recuperación mediante el PEAG nos llevaría en el mejor de los casos hasta 2042. Por ello, se debería realizar un esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas, y la Junta y los regantes tendrían que bajar de 130 Hm3/año su pretensión de consumo si se quieren cumplir realmente los objetivos pretendidos en el Plan.   –       Subvenciona la consolidación de usos ilegales del agua en el Guadiana. El Plan prevé comprar derechos de riego a los que los poseen legalmente. Pero al incluir al mismo tiempo la exigencia de Castilla-La Mancha de mantener la misma superficie de regadío, implicará que se siga usando la misma cantidad de agua que hasta ahora y en buena parte por los regantes ilegales, que no serán eliminados por el proceso de compra. Para las ONG, el Ministerio de Medio Ambiente debería prioritariamente comprar derechos sin admitir la superficie regada que reconoce Castilla-La Mancha y que ha fomentado con su política agraria (i.e. viñedo en espaldera).   –       Es una amnistía de facto para los pozos ilegales. Las medidas del  PEAG para la sanción de los regantes ilegales no son creíbles pues son similares a las actuales. La Confederación Hidrográfica del Guadiana no realiza ningún tipo de medida eficaz contra los 60.000 pozos ilegales. Si la Confederación admite que los 2.000 expedientes que ha abierto están paralizados y que sólo han cerrado 6 pozos en el último año, ¿Dónde está el resto?. Las ONG solicitan que el Gobierno incremente los mecanismos de sanción, pero ello pasa porque La Junta cree un entorno socioeconómico propicio activando de inmediato las alternativas de reconversión.   –       Encubre y paga un nuevo trasvase desde el Acueducto Tajo-Segura (ATS) a la Llanura Manchega que afectaría negativamente a las provincias de Toledo y Guadalajara, a Extremadura y Portugal. Con la pérdida de caudal empeorará la sequía en el alto Tajo y secará el cauce en La Sagra y Talavera. También, aumentará la contaminación del agua de los embalses que ya están bastante eutrofizados aguas abajo de Toledo. Las ONG consideran que no puede justificarse el aumento de la oferta de agua a la zona, pues el trasvase reactivará el consumo de agua.   –        Provocará una contaminación irreversible de las aguas subterráneas. El PEAG no introduce medidas que ayuden a disminuir el vertido continuado de nitratos, fosfatos y pesticidas procedentes de las aguas de retorno de la agricultura intensiva, que está contaminando los acuíferos. (nuestras reservas estratégicas de agua). Los acuíferos 23 y 24 están seriamente afectados y los niveles de nitratos ya superan en algunos puntos los 50mg/l, el límite establecido por la legislación (Directiva 91/676, Real Decreto 261/96).   –        No reducirá suficientemente el consumo de agua. Los regadíos de la zona de los acuíferos sobre explotados del Alto Guadiana son en estos momentos los mayores consumidores de agua de España en proporción a sus recursos, pues utilizan más del 93% del agua disponible.   –       No tiene en cuenta suficientemente los efectos del cambio climático. En la cabecera del Tajo las aportaciones medias naturales se han reducido desde finales de los años setenta a la actualidad en un 50,16%. La situación en el Alto Guadiana es similar.   –       Castilla-La Mancha quiere usar el PEAG con fines políticos para reivindicar el agua del Acueducto Tajo-Segura y dar un paso adelante hacia la declaración de su caducidad. El PEAG esconde la pretensión del Gobierno de Castilla-La Mancha de que el Alto Guadiana sea considerada una cuenca con déficit hídrico en 2008. De conseguir esta clasificación podría utilizarse como argumento para restar derechos del trasvase a Murcia.

Cristina Narbona, pidió ayer a los ciudadanos mantener el consumo responsable de agua y “no cambiar los hábitos”, pese a considerar que la sequía de 2005 está superada.

No obstante, en el Día Mundial de Lucha contra la Desertización y la Sequía, la ONG de WWF/ADENA ha alertado de que España es el país de Europa con más riesgo de desertización, con un 30 por ciento de su superficie en riesgo.

Narbona consideró que ya se puede dar por superada la sequía de hace dos años y que la situación prevista para 2007, desde el punto de vista de disponibilidad de agua, es “muy buena”. Pero recordó que no debemos “cambiar de hábitos” en el uso y almacenamiento responsable del agua.

La ministra, quien recordó que el Gobierno está trabajando para que se utilice el agua con la “máxima eficacia”, precisó que Murcia la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha “todavía presentan una situación de escasa capacidad de agua almacenada”.
“No habrá ningún problema para el abastecimiento de toda la población española, pero seguirá habiendo restricciones para el regadío donde se consume más del 70 por ciento del total del agua en algunas zona”, afirmó.

Aniversario del trasvase
Por su parte, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, señaló ayer en una nota que el programa AGUA “sólo cubre el 18 por ciento de las necesidades hídricas de la región de Murcia”, y que de los fondos europeos Feder destinados a ese plan del Gobierno central “sólo se ha ejecutado el 0,01 por ciento”.

Con motivo del cumplimiento, hoy, del tercer aniversario de la derogación del trasvase del Ebro por parte del Ejecutivo central, Cerdá señala que “no es casualidad que esa fecha coincida con el día mundial de la sequía, porque es lo único que ha conseguido el Gobierno socialista, que se tengan que arrancar miles de frutales”.

En su opinión, el programa AGUA «cercena el futuro económico y medioambiental de la Región, ya que la desalinización masiva, alternativa que se ofrece, es muy costosa y de mala calidad para la agricultura murciana, y contamina el litoral».

Con datos de los ministerios de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente del pasado 16 de marzo, el consejero indica que «tan sólo se ha ejecutado el 0,01 por ciento de los fondos europeos de desarrollo regional (Feder) para abastecimiento y regadío del programa AGUA».

El portavoz de los socialistas murcianos, José Ramón Jara, salió ayer al paso de las declaraciones del consejero de Agricultura y Agua que el grado de ejecución de los fondos europeos de desarrollo regional (Feder) en Murcia es de entre el 65 y el 82 por ciento, no del 0,01 por ciento, como afirma el representante del Gobierno autonómico.

Jara sostiene que, el pasado 30 de abril, de una de las medidas la ejecución es del 65,15 por ciento, y de otra, del 82,64 por ciento, mientras que de esas mismas medidas, en la época en la que presidía el Gobierno central José María Aznar, la ejecución era del 4,97 por ciento y del 3,12 por ciento, respectivamente.