El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, acudió este jueves a Alicante con el palo y la zanahoria. Por un lado, demonizó las desaladoras y la política hídrica del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y por otro apeló al necesario “diálogo y al consenso” en la aprobación de los planes hidrológicos.
El ministro participó en la jornada Estrategia de recursos hídricos en España organizada por Casa Mediterráneo ante un auditorio con más ausencias que presencias. No hubo ningún miembro de la Generalitat, ni alcaldes, ni expertos universitarios, tan solo la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, algunos regantes, un puñado de concejales y decenas de sillas vacías.
Arias Cañete criticó el “dineral” gastado en desaladoras que, en su opinión, “no son la solución al problema del agua” y ahora “tocará integrar” en la planificación hidrológica, y destacó que el retraso en la aprobación de los planes se ha recuperado en solo dos años con el PP.
El ministro se mostró satisfecho concretamente por el “consenso básico” en torno al nuevo plan hidrológico del Júcar, que está solo pendiente de que lo apruebe el Consejo de Ministros y afecta principalmente a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Señaló que el plan ha sido “complicado” de negociar y agradeció el “gran esfuerzo” realizado por todas las partes en “la búsqueda del máximo consenso y la máxima racionalidad”. Reconoció, además, que las “presiones para utilizar el agua son más altas en la Comunidad Valenciana que en otras comunidades” porque la cuenca del Júcar es deficitaria.
El vicepresidente afirma que se busca una solución que haga viable la obra
Sobre el protocolo firmado con la Generalitat al margen del plan, que implica la revisión del trasvase Júcar-Vinalopó, el ministro confió en que con nuevas negociaciones “se logre un consenso absoluto”. El ministro pasó de puntillas sobre la polémica surgida por este protocolo, que prevé inversiones de 50 millones de euros para modernizar el regadío en el Júcar, pero también un posible replanteamiento del trasvase al Vinalopó exigida por los usuarios alicantinos sin el consenso de La Ribera, que cederá el agua.
El ministro explicó que una comisión técnica se encargará de analizar “la viabilidad y los precios” del agua del trasvase Júcar-Vinalopó y evitó decantarse por ninguna opción cuando se le preguntó sobre la posibilidad de construir una segunda toma de agua río arriba en Cortes de Pallás, frente a la opción de enviar el agua desde el azud de la Marquesa, la única conexión construida cerca de la desembocadura.
El protocolo califica el trasvase actual como “solución provisional”, con lo que abre la puerta a una segunda toma que defienden los usuarios del Vinalopó y a la que se oponen los del Júcar. Los regantes integrados en la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) trasladaron este jueves en una reunión al vicepresidente del Consell, José Ciscar, su “malestar” por un protocolo que no se consultó con ellos. En el encuentro, los regantes dejaron clara su postura sobre el trasvase, que consideran que “solo” es posible “desde la desembocadura en el azud de la Marquesa, donde hay [recursos] sobrantes” para llevar a Alicante.
Los regantes de La Ribera recalcaron que han sido solidarios “no solo con palabras, sino con un trasvase al Turia, otro al Palancia y finalmente al Vinalopó”, pero que este último debe realizarse desde la Marquesa. “En la situación actual, la capacidad del Júcar se ha superado y no caben más demandas”, afirmó USUJ.
En respuesta a la polémica generada, Ciscar aseguró que el protocolo “solo plantea que se estudie la solución que sea viable técnica y económicamente, pero no se pronuncia sobre la toma de Cortes de Pallás”, según destacó USUJ en un comunicAdo.
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