Barreda amenaza con usar más agua del Júcar y del Segura además de acabar con el trasvase

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, advirtió ayer de que, además de que el trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad “se pongan como se pongan”, también “vamos a aumentar el uso y el consumo responsable del agua de las cuencas del Júcar y el Segura”.

El sucesor de José Bono en la presidencia de la Junta dijo también que le “da igual lo que diga la señora vicepresidenta del Gobierno”, María Teresa Fernández de la Vega, quien afirmó que el Ejecutivo no es partidario de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura.

Barreda , que intervino ante el pleno de las Cortes regionales para informar sobre la III Conferencia de Presidentes autonómicos del pasado 11 de enero, en la que se habló sobre políticas de agua, dejó claro que no comparte el planteamiento de Fernández de la Vega. “Estoy radicalmente en contra de esa posición”, dijo.

Recordó que la propuesta de reforma del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, aprobada de forma unánime en las Cortes regionales y a la espera de su toma en consideración en el Congreso, establece el fin del trasvase para el año 2015, y añadió que en Murcia y en la Comunitat Valenciana están cada vez más nerviosos porque “nos vamos abriendo paso y la vulnerabilidad del trasvase es cada vez más evidente”.

Barreda apuntó en este sentido que ya sabían que lo que han hecho no le gusta ni al Gobierno de antes ni al de ahora, ni al PSOE de Murcia ni al de la Comunitat Valenciana ni a los populares de estas comunidades autónomas, “ya sabíamos que era difícil”.

Explicó que en la Conferencia de Presidentes hubo unas dificultades “enormes y hasta insalvables” para llegar a algún acuerdo por el antagonismo de algunas comunidades autónomas.

Los presidentes de la Generalitat y Murcia pretendieron que se firmara una declaración favorable al mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y “yo me opuse rotundamente”.

Argumentó también que Murcia y Valencia fueron contrarias a su propuesta de coparticipación de las comunidades autónomas en los órganos de gestión del agua porque “no quieren que participe Castilla-La Mancha, dado que ellos los han controlado siempre”.

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