El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, afirmó ayer que las críticas del consejero de Murcia, Antonio Cerdá, a las Cortes regionales por aprobar la Ley del Agua revelan que «les preocupa que haya una voz autónoma, fuerte, potente y firme» que haga valer los derechos de la región.

Cerdá señaló que su Gobierno no podía hacer nada contra la Ley del Agua aprobada en la Cortes de Castilla-La Mancha porque estas «son soberanas para hacer las tonterías que quieran». En ese sentido, Barreda exigió, en declaraciones a los periodistas, «más respeto al Parlamento regional, que representa la soberanía del pueblo en la región». Asimismo, aseguró que Cerdá «sabe que no es una tontería, lo que pasa es que no les gusta, pero lo van a seguir oyendo». «No le parece una tontería que en los pantanos de Entrepeñas y Buendía tiene que haber una lámina permanente de agua y que por el Tajo tiene que circular un caudal suficiente que garantice la vida de la flora y la fauna del río», puntualizó.

Pidió «respeto» por parte del Gobierno murciano a la soberanía de las Cortes regionales, y aseveró que Murcia «no puede hacer nada» contra la Ley del Agua manchega porque es una Ley «que han aprobado las Cortes de Castilla-La Mancha, que son soberanas para hacer las tonterías que quieran».

Tras asistir al acto de constitución del Comité organizador del 175 aniversario del Instituto de Educación Secundaria ‘Brianda de Mendoza’, el responsable regional insistió en que en Murcia «saben que la propuesta no es una tontería pero no les gusta oírlo pero van a seguir oyéndolo. Por su parte, el PSOE en Lorca propuso ayer el regreso de empresas agrícolas que abandonaron la producción en esta localidad murciana por la sequía y se trasladaron a Castilla-La Mancha y Andalucía, como fórmula para crear empleo en el sector primario del municipio.

El candidato socialista a la alcaldía, Manuel Soler, dijo que si gana las elecciones del 22 de mayo convocará una mesa de trabajo con las principales cooperativas agrarias del municipio con el objetivo de crear un inventario de fincas agrícolas sin uso en las que poder radicar a las empresas que optaron por deslocalizar su producción hace unos años.

Soler consideró que el regreso de estas empresas supondría el fortalecimiento del sector primario y la generación de empleo, ya que las garantías de suministro futuro de agua de riego puede propiciar un clima de confianza.