El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, lanzó ayer una nueva ofensiva en la guerra del agua. Fue a las puertas de la sede del PP. Y a cuenta de la fórmula que ultiman el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Ejecutivo catalán de José Montilla para evitar los problemas de abastecimiento que afectarán a Barcelona este verano si no se adoptan medidas urgentes. Una fórmula que pasa por colocar una tubería entre Tarragona y Barcelona por la que pasará el agua sobrante que el Gobierno piensa comprar a los regantes tarraconenses.

«No voy a admitir la humillación que significaría que lo que no se admite para nosotros se permita para otros territorios de España», aseveró Camps. Y luego añadió: «Nadie en esta tierra se arrodillará ante decisiones de semejante calado y tan injustificadas como la que, presumiblemente, de forma callada además, va a hacer el Gobierno de España».

El presidente del Consell aseguró que está dispuesto a recurrir a todo tipo de movilizaciones, manifestaciones incluidas, para reclamar el trasvase del Ebro a la Comunidad Valencia, Murcia y Almería. De hecho ya ha anunciado sin fecha concreta una reunión con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y el líder del PP de Andalucía, Javier Arenas. Camps hizo un llamamiento a toda la sociedad valenciana para que respalde sus exigencias al Gobierno socialista sobre el trasvase del Ebro. Tras él salieron con argumentos similares el resto de miembros de su gabinete y altos cargos del PP.

Tanto el Gobierno socialista, a través de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, como el PSPV por boca de Joan Lerma, negaron que se trate de un trasvase, ya que no saldrá del Ebro ni una gota adicional más.En medio del encendido debate sobre el agua -Cataluña se convirtió ayer en un auténtico guirigay-, Lerma explicó que la solución para abastecer a Barcelona supone que no se sacará «ni un litro más del Ebro». Y que, además, se trata de una medida «puntual y provisional» hasta que entre en servicio la planta desaladora que se construye junto al río Llobregat y que garantizará a la capital catalana 200 hectómetros cúbicos a partir de 2009.

La solución del Gobierno socialista para evitar los cortes de agua potable en Barcelona y su área metropolitana consiste en comprarles a los agricultores del Camp de Tarragona agua -que ya tienen asignada y que procede del Ebro- y enviarla por la tubería que se construirá sin soterrar junto a la AP-7 hasta el sistema de potabilización del río Llobregat que abastece la capital catalana. Los excedentes de los agricultores -que ahorran agua mediante la modernización de regadíos o el riego con agua de depuradora apta para cultivos- alcanzan cerca de los 40 hectómetros cúbicos anuales, que son los que el Gobierno piensa transportar a Barcelona para que beban los catalanes.

Lerma recordó ayer que es la misma solución que ha adoptado el Gobierno en la Comunidad Valenciana en los últimos años: comprar agua a los regantes del Júcar y del Tajo en Castilla-La Mancha y transportarla a través de los canales Tajo-Segura y Júcar-Turia para evitar los cortes de suministro de agua potable en Alicante y Valencia y sus respectivas áreas metropolitanas.

Para el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, los argumentos socialistas son excusas de mal pagador. García Antón -y el PP- consideran que si se construye una tubería entre Tarragona y Barcelona para transportar agua que ha salido del Ebro se está realizando un trasvase que obligará, entre otras cosas, a cambiar la ley que regula la actual transferencia de agua desde el Ebro a Tarragona y sus comarcas.

García Antón explicó que la transferencia de agua que el Gobierno socialista pretende realizar mediante una nueva tubería entre Tarragona y Barcelona forma parte del derogado trasvase del Ebro, que previó la construcción de un ramal hacia el norte para abastecer a Barcelona y su área metropolitana y otro hacia el sur, que llegaba hasta Almería.

Paradójicamente, la situación generada convirtió al tripartito catalán -que ha hablado desde el primer momento de trasvase- en el principal aliado de Camps en sus reivindicaciones sobre el Ebro. Un auxilio que se completó desde Cataluña con la Plataforma en Defensa del Ebro, que considera una «traición» la solución propuesta. El Gobierno de Zapatero no ha utilizado el término trasvase y fue la propia vicepresidenta De la Vega, la que impidió un trasvase desde el Segre -afluente del Ebro- porque ello suponía sacar más agua del río.

En cualquier caso, las magnitudes del derogado trasvase del Ebro y la transferencia de excedentes a Barcelona que ahora se propone no tienen nada que ver. El primero tenía que transportar 1.050 hectómetros cúbicos sobre un trazado de 845 kilómetros, con un coste de 4.207 millones de euros y nueve años de obras. El segundo, cuyas obras durarán meses, es de 62 kilómetros. El coste está por fijar y llevará 40 hectómetros cúbicos.