Francisco Camps considera que la disposición que incluye la reforma estatutaria castellano-manchega para el cierre definitivo del trasvase Tajo-Segura es una «consecuencia directa» de la paralización del trasvase del Ebro, y dijo temerse que se produzca un nuevo «capítulo» en las actuaciones contrarias a los intereses de la Comunidad. Así, expresó su miedo a que «el Júcar, en algún momento, sea utilizado de forma casi exclusiva por Castilla-La Mancha» y a que «al final» el Gobierno de Zapatero diga: «ustedes tienen el mar. Apáñense con ese agua».