Si la Generalitat ejerce la competencia sobre sus ríos perderá prevalencia en la gestión de su principal fuente de recursos hídricos

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 + «Hay una confiscación de las aguas del embalse de Alarcón».  Comunitat Valenciana

J. SIERRA VALENCIA El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que preside Miguel Arias Cañete ha tirado por la calle de enmedio en el conflicto abierto por el control del río Júcar por las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana y ha propuesto al Consejo Nacional del Agua un Real Decreto de Demarcación Hidrográfica en el Júcar que favorece en el fondo las tesis representadas por María Dolores de Cospedal y solo «provisionalmente» mantiene el esquema actual que da cierta prevalencia a los intereses valencianos.

La Generalitat Valenciana podría verse obligada a modificar su Estatut de Autonomía y renunciar explícitamente a sus competencias hídricas si no quiere poner en peligro la ligera ventaja que tiene en la gestión del Júcar. Los regantes tradicionales valencianos que usan las aguas de este río y la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (Fecoreva) ya se lo han pedido abiertamente.

Falta por conocer —a lo largo del día de hoy se esperan reacciones— la posición del Gobierno valenciano.
El nuevo decreto de demarcación sortea el espinoso asunto de qué ríos y cuencas hidrográficas deben quedar adscritos a la «gestión única» de la Confederación Hidrográfica del Júcar y cuáles deben ser rescatados para la gestión autonómica por las comunidades de Castilla-la Mancha y Valencia reforzando la provisionalidad de la nueva delimitación.

Además de una cuestión geográfica, la mayor o menor porción de territorio y/o población que permanezca inscrita en la Confederación Hidrográfica del Júcar determina el peso de cada comunidad en la planificación hidráulica y la gestión de este río, el más importante para los valencianos por los recursos que atiende.

Además, mantener el estatus actual, permite, aunque solo provisionalmente, que el Júcar-Vinalopó sea un canal entre territorios del Júcar y no un trasvase entre distintas cuencas hidrográficas al aceptar que el Vinalopó-l’Alacantí es un sistema único de explotación. Castilla-La Mancha sostiene que la Comunitat Valenciana debe asumir imperativamente y «forzada» por sentencias del Tribunal Constitucional las competencias hídricas sobre las cuencas «intracomunitarias» de ríos que nacen y desembocan dentro de territorio valenciano. De este modo, gana peso y población —control— sobre el Júcar.

Desde la Generalitat Valenciana se ha argumentado que si finalmente asumía o se veía obligada a ejercer las competencias sobre estos ríos, Castilla-La Mancha, debería hacer lo propio sobre sus cuencas endorreícas—grandes extensiones de terreno situadas en Albacete sin un cauce definido y sin conexión con los ríos principales actualmente adscritas al Júcar. De este modo se mantendría el «status quo» actual, por lo que el Gobierno de María Dolores de Cospedal se niega a asumir cuencas cerradas como la de Pozo Hondo.

Salomónica pero menos
El Ministerio de Agricultura interpreta en el nuevo decreto propuesto al Consejo Nacional del Agua que la definición actual de la Demarcación Hidrográfica del Júcar «no incluye cuencas intercomunitarias de competencia estatal y cuencas intracomunitarias de competencia autonómica, puesto que estas últimas no lo son hasta que no se produzca el traspaso de funciones y servicios». Insiste así en la provisionalidad y ficción bajo la que se está elaborando el Plan de Cuenca del Júcar y abre la puerta a recursos judiciales, ya anunciados, provenientes de Castilla-La Mancha.

Además, el Real Decreto no incluye las cuencas endorreícas entre las que deben ser consideradas intracomunitarias y asumidas por las comunidades, por lo que en caso de traspaso competencial, la ventaja quedaría del lado de la vecina comunidad autónoma.

El «especial problema» de Albacete
La exposición de motivos del decreto de delimitación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar alude a «la especial problemática del abastecimiento de Albacete», un problema «inexistente», según los regantes valencianos, a los que ha indignado la inclusión —en el borrador previo no figuraba— de este párrafo que justifica en parte el voto particular que han presentado. El Ayuntamiento de Albacete no reconoce ni el plan del Júcar ni el convenio para la gestión del embalse de Alarcón y se niega a pagar por el suministro de aguas superficiales del río Júcar procedentes de este pantano pese a que al usarlas obliga a utilizar pozos, con agua mucho más cara, a los regantes valencianos que financiaron la construcción del gran embalse. j. s. valencia.