El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó ayer a los servicios jurídicos de la Junta a ejercer las acciones oportunas ante el Tribunal Supremo para impugnar el artículo 2 de la disposición transitoria única y la disposición final primera del real decreto de 2 de febrero de 2007 que fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.
Según informó la Junta de Comunidades en una nota de prensa, el ejecutivo considera que este real decreto perjudica los intereses de Castilla-La Mancha, ya que implica una mayor representación en los órganos de gestión del agua de las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva sobre las cuencas intracomunitarias incluidas en las demarcaciones del Júcar y del Segura, en perjuicio de Castilla-La Mancha.
Desvincular La Albufera
Además, el Gobierno regional afirma que esa norma vulnera el ordenamiento jurídico en lo que se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ. En realidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha cuestiona tanto la representación como el reparto geográfico de las distintas cuencas, apartado en el que pretende desvincular La Albufera del sistema Júcar para hacerse con el control de este río en cuyos órganos de dirección, de aceptarse la tesis castellano-manchega, apenas tendrían peso los usuarios valencianos.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reiteró ayer que ante los nuevos Estatutos de Autonomía sigue prevaleciendo la Constitución y que ésta establece que en la gestión de los ríos que trascurren por más de una comunidad autónoma «la última palabra la tiene el Gobierno».
Narbona indicó en un desayuno informativo organizado por Fax Press e Intereconomía que «otra cosa son los mecanismos de concertación con las comunidades autónomas» y afirmó que el objetivo es incorporar a las CCAA en los ámbitos de concertación para lo que se creó el pasado Consejo de Ministros la Conferencia Sectorial del Agua. Un foro en el que están representadas la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y donde se analizarán y debatirán los proyectos de ley relativos a política del agua, planes hidrológicos de demarcación y Plan Hidrológico Nacional.