El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que autorizó la utilización por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, en Alicante, de 6,1 hectómetros cúbicos regulados en el embalse de Alarcón, en Cuenca.

Según informó la Junta de Comunidades en una nota, el Consejo de Gobierno de esa región acordó ayer interponer un recurso contencioso-administrativo contra esa decisión, que fue adoptada el pasado 23 de julio.

El agua cuyo uso se autorizaba se destinaría a Alicante y a los municipios alicantinos de San Vicente del Raspeig, Elche, Santa Pola y Hondón de las Nieves.

El ejecutivo que preside el socialista José María Barreda fundamenta su recurso en que las localidades de Alicante, Santa Pola y San Vicente del Raspeig no pertenecen a la demarcación de la cuenca del Júcar, sino que se encuentran geográficamente en cuencas internas de la Comunidad Valenciana.

Por ello, el Gobierno castellanomanchego sostiene que la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar «supone un auténtico trasvase entre distintos ámbitos territoriales, competenciales y de planificación», argumenta.

Ésta no es la primera ocasión en la que la Junta de Castilla-La Mancha muestra su oposición a trasvasar agua. A día de hoy, el ejecutivo de Barreda ha elevado tres recursos por la venta de derechos de agua a la cuenca del Tajo para regadíos en el Levante.

Cabe recordar, además, que está estudiando recurrir también la decisión adoptada este pasado viernes por el Consejo de Ministros de autorizar un trasvase desde la cabecera del Tajo para este trimestre de 69 hectómetros cúbicos, de los que 37,6 son para consumo humano y 31,4 para riego en las zonas servidas con aguas procedentes del acueducto Tajo-Segura.

Para el ejecutivo de Barreda, la decisión del Gobierno de Zapatero es una medida «imprudente» y se mostró especialmente crítico con el destino de 31,4 hectómetros a regadíos. El consejero de Ordenación del territorio, Julián Sánchez Pingarón, sostuvo entonces que la «acreditada solidaridad» castellano-manchega para el abastecimiento a poblaciones le «da legitimidad» para exigir que no se aprueben trasvases «para usos no prioritarios».