Nueva legislatura, problemas viejos. Aunque el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aún no está constituido, todo parece indicar que tendrá que enfrentarse a los mismos problemas que ya ha arrastrado durante cuatro años. Al menos en lo que a política hídrica se refiere.

Tan sólo han pasado dos semanas de la celebración de las elecciones generales y la guerra del agua ha vuelto a estallar desde varios frentes. Y lo más significativo del caso es que las diferentes propuestas e intenciones de realizar o no trasvases han surgido desde el propio PSOE, lo que sume al partido en una serie de contradicciones y deja a su secretario general, el propio Zapatero, en una situación delicada.

Bien es cierto que el debate en torno al agua nunca ha llegado a desaparecer de la agenda política de los partidos mayoritarios. Durante la campaña electoral, de hecho, el trasvase del Ebro jugó un papel determinante tanto en el PP como en el PSOE, así como durante la legislatura. La inclusión de los trasvases en el programa electoral del PP pero sin citar explícitamente el del Ebro creó en la filas populares más de un quebradero de cabeza y una incógnita que quedó despejada cuando Mariano Rajoy garantizó que llevaría adelante el proyecto si se convertía en presidente del Gobierno.

Tanto en la legislatura como en la campaña electoral se repitió, no obstante, la misma tónica: el PP era el que reclamaba la ejecución de las transferencias de agua mientras el PSOE se oponía. El propio Zapatero aseguró durante la campaña -en una visita a Zaragoza-, que si volvía a ser presidente jamás se haría el trasvase del Ebro. Ahora el debate lo han reabierto los propios socialistas, y en el caso de los catalanes, para mostrarse a favor de una nueva cesión de agua.

Apoyo de ERC
El PSC -que gobierna en coalición con ERC e ICV- se ha mostrado interesado en llevar agua del Segre al Llobregat para abastecer Barcelona. Aseguran que se trata de una medida «de urgencia», que también apoyan sus socios republicanos -han llegado a pedir que no se haga una «batalla política» con la idea-.

Precisamente, el PP -sobre todo el valenciano- siempre ha atribuido a ERC y a su líder, Josep Lluís Carod-Rovira, las presiones que llevaron al primer Ejecutivo de Zapatero a derogar el trasvase del Ebro -fue su primera decisión importante como Gobierno-.

La petición de los socialistas catalanes de transferir aguas del Segre a Barcelona echa también por tierra la teoría de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, según la cual los votos ganados por el PSOE en Cataluña son un reflejo de cómo ha calado la política antitrasvasista del Gobierno central. Tal vez fuera así, pero el hecho de que el PSC se desmarque ahora -aunque sea de manera puntual- de esas directrices, sumado a que haya anunciado sus intenciones cuando ya han pasado las elecciones no es algo que haya pasado desapercibido.

En Castilla-La Mancha la postura de los socialistas sí se ajusta a los principios antitrasvase del PSOE, y es por tanto opuesta a la de Cataluña. Los socialistas, que también gobiernan en esa comunidad, han reiterado estos días su intención de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. Aunque la idea no es nueva, ha vuelto a suscitar dudas en el sur de la Comunitat y en Murcia sobre cómo se podrán abastecer los campos si la obra se paraliza.

Se trata, además, de una limitación -fijada en 2015- que se incluye en el Estatuto de Autonomía manchego, ya aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha pero pendiente de su ratificación definitiva en las Cortes Generales. La revisión del texto -en el que se incluye la fecha tope de 2015 para la obra- se prevé para finales de abril y supondrá, casi con total seguridad, la presentación de recursos por parte de otras administraciones, como es el caso de la valenciana.

El tercer frente abierto estos días a cuenta del agua está directamente relacionado con el caso de Castilla-La Mancha y ha llegado desde Murcia. El PSOE de esa comunidad ya ha advertido a sus compañeros de filas de que no permitirán que se limite el Tajo-Segura. Una batalla entre filas en la que Ferraz o el Gobierno deberán poner orden.

El PP valenciano no ha perdido la oportunidad de dejarse oír sobre toda esta polémica. El portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario popular en Les Corts, David Serra, aseguró ayer que los votos que consiguió el PP en la Comunitat Valenciana, Murcia y la provincia de Almería en las elecciones del 9 de marzo, «tienen que hacer cambiar la política hídrica del nuevo Gobierno central».

Serra señaló que el programa AGUA del Gobierno central ha sido un fracaso, «tal y como ha quedado demostrado en las últimas elecciones en las que, en circunscripciones con necesidades hídricas, como Murcia, Alicante, Valencia, Castellón e incluso Almería, los resultado electorales avalan las reivindicaciones y políticas hídricas del PP».

Desalinizadoras
Además, Serra explicó que la implantación «masiva» de desalinizadoras «no sólo no convence a los ciudadanos, sino que ha quedado patente que el agua que proviene de la desalinización no sirve para el uso agrícola». Por ello, afirmó que el PP «rechazará siempre el plan masivo de implantación de desalinizadoras orquestado por el Gobierno del presidente en funciones.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé, manifestó que la política del agua es «una cuestión de Estado que los españoles han avalado con sus votos».

Bernabé indicó que la política hídrica que lleva a cabo el Gobierno de Rodríguez Zapatero es «la que defiende y promueve la UE y en la que coinciden la mayor parte de expertos a nivel mundial», ya que, según dijo, «está basada en la gestión de los recursos hídricos y en actuaciones modernas».