Comisiones Obreras ha decidido encargar a sus servicios jurídicos que analicen la posibilidad de denunciar el acuerdo por el que la Consejería de Agricultura cede a Asaja la tramitación de los expedientes de la PAC. El sindicato considera que la adjudicación a entes de naturaleza privada de cuestiones reservadas por la legislación vigente a la gestión por funcionarios públicos viola la ley de Función Pública el Estatuto Básico del Empleado Público.
«A partir de ahora, los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha no tendrán que preocuparse por cumplir la normativa, aunque sí de tener un buen trato con Asaja, y por supuesto estar afiliado a esta organización agraria o a cualquier otra que suscriba el convenio», denunció ayer Carmen López, coordinadora del Área Pública de Comisiones.
Por otra parte, Comisiones denuncia que la consejera, María Luisa Soriano, ha dado orden de retirar de todas las dependencias de su departamento los carteles con la Carta de Derechos del Ciudadano, que entre otros derechos reconoce a la ciudadanía la gratuidad de los impresos públicos para la tramitación de expedientes; así como la gratuidad de las fotocopias de todos los documentos de obligatoria presentación. Así mismo, dicen que los directivos de la Consejería han notificado por correo electrónico a técnicos y auxiliares que a partir de ahora se cobrarán tasas por todos los servicios que se presten.