MURCIA. Pocas horas duró la tregua en la batalla entre comunidades tras el anuncio de la reforma de la Ley de Aguas propuesto por la ministra de Medio Ambiente. Varios gobiernos autonómicos, tanto del PP como del PSOE, realizaron serias objeciones al texto que Cristina Narbona pretende aprobar antes de fin de mes.
Las críticas más severas procedieron ayer del Gobierno murciano, cuyo consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, criticó que Castilla-La Mancha «ganará más peso y protagonismo. Aunque el Ministerio diga que va a tener la última palabra, eso no es una garantía. Se va a liar todo más todavía», puntualizó.
Para Cerdá, «el Gobierno socialista es especialista en hacer la ley y dejar la trampa». «Esta reforma es una falacia porque el Ministerio hace dejación de sus funciones y ningunea a la Región de Murcia». Asimismo, calificó el borrador de «sospechoso y misterioso» porque no plantea ninguna novedad y enfrenta todavía más a los territorios.
«Los problemas sin resolver»
«Las comunidades autónomas siempre han sido consultadas, no sé a qué viene esto ahora. ¿En qué hemos avanzado con cambiar el nombre de confederación por el de demarcación? Lo cierto es que los problemas reales de falta de agua siguen sin resolverse», manifestó a este diario. Explicó que él es ya vicepresidente del órgano de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura y que los regantes también están representados; al igual que los gobiernos de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
El consejero considera que al Gobierno socialista «sólo le interesa hacer más concesiones a las comunidades autónomas porque debe responder a los intereses de determinados grupos de presión». Con referencia al trasvase Tajo-Segura, explicó que la prioridad del Gobierno murciano es que desaparezca la fecha de caducidad del 2015 del Estatuto de Castilla-La Mancha. Dijo que Cataluña recibe un trato diferente, y en este sentido criticó «las disposiciones misteriosas y oscuras que suele incluir el Gobierno socialista en sus leyes», ya que se «plantea la construcción de infraestructuras para el Delta del Ebro, mientras no hay ninguna reseña sobre a la única cuenca con déficit estructural de agua de España», explicó. «¿Por qué dejan la puerta abierta para los trasvases en Cataluña y no para Murcia?», dijo en referencia al trasvase del Segre autorizado por el Ministerio.
Cerdá lamentó además que «el Ministerio deje fuera de la ley a los verdaderos gestores del agua, a los usuarios y regantes», y criticó que en vez de buscar soluciones «vuelva a poner tasas y a penalizar el consumo». Advirtió de que los técnicos de su departamento estarán «atentos y expectantes», ya que el Gobierno murciano «se opondrá a cualquier norma que perjudique los intereses de los murcianos en el pleno del Consejo Nacional del Agua que deberá aprobar este borrador».
Lamentó que el Ministerio apenas haya dejado tiempo para estudiar la amplia reforma de la Ley de Aguas. Señaló que el Ejecutivo murciano ejercerá sus competencias a la hora de construir sus propias plantas desalinizadoras, ya que la nueva norma obliga a pedir la correspondiente autorización al Ministerio de Medio Ambiente.
Asimismo, anunció que el Ejecutivo regional no va a pedir las competencias de la cuenca interna de El Albujón, que carece de agua, ya que a su juicio no hay que «trocear» la demarcación hidrográfica del Segura.
Criterio por kilómetros
Tampoco está demasiado satisfecho el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, al que no convence la representación de las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas ponderando su voto en función de su población.
«La representación según la población -dijo el vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page- es una de las cuestiones que se tienen que discutir, porque no es un criterio tan objetivo como pudiera pensarse». Apuntó que se pueden considerar muchos factores, como los kilómetros de recorrido que tiene un río en una comunidad autónoma, las vinculaciones a cultivos o a proyectos de desarrollo: «La población no puede ser un criterio definitivo», afirmó.
Finalmente, también anda bastante preocupada la Administración socialista de Andalucía, cuya consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, expresó ayer a la ministra del ramo, Cristina Narbona, la «preocupación» del Gobierno andaluz por «el encaje» del artículo 51 del nuevo Estatuto de Autonomía, que reclama la gestión del río Guadalquivir, en la nueva Ley estatal de Aguas.
Encaje en el Estatuto
Coves, quien departió unos minutos a solas con Narbona tras la inauguración en Sevilla de la V Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, negó que haya «discrepancias» entre ambos gobiernos respecto al borrador de la reforma de la Ley de Aguas, que reserva al Ejecutivo central el 51 por ciento de los votos en los órganos de gestión de las cuencas hidrográficas que transcurran por más de una comunidad autónoma. «Obviamente, nos preocupa cómo va incidir esa reforma de la Ley de Aguas en el desarrollo del Estatuto de Autonomía», dijo Coves.
El artículo 51 del Estatuto andaluz, que ayer entró en vigor tras su publicación en el BOE, reclama para la Junta de Andalucía la gestión del Guadalquivir a su paso por territorio andaluz. La consejera reiteró que la reforma de la ley estatal de Aguas y el traspaso de las competencias del Guadalquivir a la Junta de Andalucía están en una fase «muy inicial» y vaticinó que esta negociación será «larga», dada la envergadura y complejidad de esta cuenca.
El recurso de Ibarra
Respecto al recurso de inconstitucionalidad anunciado por la Junta de Extremadura contra el Estatuto de Andalucía en relación al Guadalquivir, cuya cuenca discurre en una mínima parte por tierras extremeñas, Fuensanta Coves señaló que si hay algún artículo del texto autonómico andaluz «que ha sido revisado por multitud de juristas para que no sea inconstitucional» es, precisamente, el 51.
«Tengo la sospecha de que el pronunciamiento que haya, si se presenta el recurso de inconstitucionalidad, será de que estamos dentro del marco de la Constitución, porque se ha cuidado muchísimo la redacción y el contenido de ese artículo; las razones por las que el señor Ibarra recurre el Estatuto serán otras, pero no son estrictamente de legalidad», concluyó.