La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha anunciado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal reivindicará un cambio del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2005, que modificó el de 2001, y que elaborará una nueva estrategia para la cuenca del Tajo.
Durante su comparecencia en las Cortes regionales para dar cuenta de la política que seguirá su departamento durante los próximos cuatro años, la consejera ha anunciado su compromiso con una nueva forma de entender la política de aguas en Castilla-La Mancha «ajena a la demagogia y al continuo enfrentamiento estéril».
Es por ello que ha aprovechado su presencia en el Parlamento regional para pedir el apoyo «presente y futuro» con el objetivo de trabajar para que la región tenga agua de calidad y en cantidad suficiente.
Según ha aseverado, para este Gobierno la defensa del agua es una «prioridad» y «lo haremos con firmeza, pero bajo la estrategia del acuerdo, y no de la confrontación».
Dicho esto, ha manifestado que es necesario restituir el espíritu del PHN del año 2001, que fue objeto de un «gran consenso» y logró la «casi total» adhesión de las comunidades autónomas. Ese plan, ha dicho, demostró que era posible el reparto de recursos hídricos, de modo que toda España y, muy particular, Castilla-La Mancha, tuviera garantizada sus necesidades hídricas actuales y futuras.
Por lo tanto, ha adelantado que la Consejería reivindicará un cambio del PHN de 2005, una reforma del Gobierno de Zapatero que «dejó nuevamente al Tajo como único río cedente de agua en España», y que ha demostrado ser un «fracaso», porque «no ha contribuido a establecer una paz hidráulica» sino que, «ha reabierto viejas heridas en este asunto entre comunidades autónomas y usuarios».
Aprovechando que los planes hidrológicos de demarcación están en pleno proceso de tramitación, en muchos casos, en fase inicial, la consejera ha dejado claro que la Consejería sabrá negociar siendo «firmes» en la negociación. «Esperamos que Gobierno de España que salga de las urnas después del 20 de noviembre muestre ese talante dialogante y tenga espíritu de resolver -de una vez por todas- los conflictos en materia de aguas».
Respecto al trasvase Tajo-Segura, ha aseverado que esta cuestión no puede centrarse únicamente en fijar una «línea roja» en los embalses de cabecera, «a cuya elevación no se renunciará», sino en establecer unas nuevas reglas de explotación -«que han aportado seguridad a la caótica situación anterior-, proponiendo la elevación de su rango, para dotar a las decisiones de mayor seguridad jurídica, satisfaciendo así las necesidades de abastecimiento a la población como al resto de usos que precise la región.
El Gobierno de Cospedal requerirá a la Confederación para que se respeten los caudales ambientales de los ríos de la demarcación y, muy concretamente, los del caude principal, a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera; «pero no de cualquier modo, sino con aguas de calidad».
En este contexto, ha avanzado que su Consejería iniciará un proceso negociador con los municipios afectados de cara a garantizar tanto el abastecimiento como la sostenibilidad financiera de las infraestructuras.
Respecto al Júcar, el Gobierno reivindicará la puesta en marcha de las infraestructuras que se encuentran paralizadas y en cuanto al Segura, hará especial hincapié en el desarrollo de las concesiones e infraestructuras hidráulicas en la cuenca del Segura, en la región, para reparar una histórica situación «discriminatoria» para con esta zona.
