La representante de la plataforma María José Romero, explicó tras reunirse con eurodiputados que la Comisión debe «demandar a España por incumplimiento» de directivas comunitarias relacionadas con las energías renovables y la eficiencia energética, así como por «la ausencia de competencia en el mercado eléctrico español».
Por una parte, esta plataforma considera que España vulnera la directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, al «haber un problema de tutela efectiva del Derecho europeo».
Desde el punto de vista de la organización, «sistemáticamente los tribunales nacionales se están oponiendo» a que se puedan plantear cuestiones prejudiciales que tengan que ver con la discriminación de algunas tecnologías renovables en España.
Así, asegura la plataforma, «el propio abogado del Estado recomienda al tribunal» nacional en cuestión que no someta cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de las directivas europeas al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo.
Asimismo, cree que España ha hecho una «ineficiente adaptación» de la directiva mediante la aprobación de una serie de decretos que, a su juicio, imponen «más barreras» al autoconsumo energético (como la instalación de placas solares en los hogares) que defiende esa ley europea.
«Vulnera la directiva en la medida en que es discriminatorio, porque penaliza más a algunas energías renovables», especialmente la cogeneración, la fotovoltaica y la termosolar, apunta la plataforma.
Por otro lado, la organización denuncia que España incumple las directivas 2009/72/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y 2009/73/CE, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, y recuerda que «ha habido ya varias denuncias en la Comisión Nacional de Competencia».
Según la organización, las autoridades españolas «trasladan competencias que actualmente están en el organismo regulador en la Comisión Nacional de Energía y las manda al Ministerio de Industria», algo que «va en contra de estas directivas, que intentan que los reguladores sean independientes de los gobiernos». EFEverde
