Las precipitaciones que cayeron en la pasada primavera -ciertamente insuficientes en el sureste español- no nos debe impedir dar cuenta de la situación crítica a la que nos encaminamos, con un recurso natural como el agua cada vez más escaso, y objeto de enfrentamiento entre diferentes comunidades autónomas que se disputan entre sí el aprovechamiento de los ríos. Las reservas en las distintas cuencas hidrográficas andan ya por el 60 por ciento, panorámica que se agrava en las cuencas que nos afectan directamente a Castilla-La Mancha y a Albacete, teniendo en cuenta que los embalses del Segura están al 18 por ciento y los del Júcar al 20,8 por ciento (el año pasado por estas mismas fechas estaban al 21,4 por ciento).

Esta situación preocupante, que no de alarma, ha llevado a la Confederación Hidrográfica del Júcar ha solicitar a los 56 municipios de más de 20.000 habitantes situados en la demarcación de la cuenca de este río que cumplan lo establecido en el Plan Hidrológico Nacional y que dispongan de un plan de emergencia ante situaciones de sequía. Hace unas fechas, en este mismo espacio editorial, advertíamos sobre la injusticia que supone el mantenimiento, tras más de un cuarto de siglo de vigencia, del trasvase Tajo-Segura, mientras muchos de los pueblos de nuestra provincia pasan sed literalmente, hasta el punto de que es la Diputación Provincial quien debe echar mano de camiones cisterna para abastecer las necesidades más básicas de abastecimiento de algunos pequeños municipios albacetenses durante el verano.

El problema de la sequía es grave en el sur peninsular, y se intensifica en las cuencas deficitarias y por extensión en aquellas que son cedentes como la cabecera del Tajo. Una política hidrológica nacional, respetuosa con las necesidades de cada territorio y basada en un reparto equitativo, sigue siendo la gran asignatura pendiente en nuestro país desde que se empezó a hablar de la pertinaz sequía, hace ya décadas. Técnicos y políticos debaten sobre cuál es la solución idónea, pues hay épocas en las que se defienden los trasvases y otras tantas en las que se opta por fórmulas alternativas como las desaladoras, que se siguen viendo más como un añadido a la mejora de los canales de distribución del agua, que como una solución. Tal es así, que a día de hoy, la política hidráulica en nuestro país se ha convertido en encarnizada batalla ideológica entre los dos grandes partidos políticos nacionales. Nada hay más triste que la división y el encono en problemas de gran calado social como es el de la falta de agua en España. Una vez más, la anunciada velocidad política va muy por detrás de una realidad cada vez más acuciante.