El abandono de la actividad productiva agrícola en una finca no exime del pago de la cuota a la comunidad de regantes, independientemente de que no se estén utilizando las infraestructuras, un dato que muchos propietarios desconocen y que está llevando a que crezcan de manera exponencial los procesos ejecutivos judiciales para recuperar los atrasos, situación que puede derivar incluso en el embargo del terreno.

El problema es cada vez más importante, según reconocen todas las organizaciones de agricultores y regantes, que advierten que “empeorará” en el próximo ejercicio, ante el imparable incremento de los costes productivos, mientras los ingresos, y sobre todo, la rentabilidad, se mantienen en los mismos malos niveles que arrastra el sector desde hace ya muchos años en la provincia.

POR LEY // Y es que ni el enfado ni la sorpresa de los propietarios, que van a sus respectivas comunidades de riego a quejarse de que quieren darse de baja por no utilizar sus servicios, les exime de cumplir sus obligaciones económicas. De hecho, el reglamento del dominio público hidráulico en vigor establece que todas las fincas de una comunidad con derecho a riego deben contribuir con los gastos que se generan. Es más, con las nuevas directivas europeas en vigor, a esos gastos se suma el pago de las infraestructuras hidráulicas, ya sean de nueva inversión o para el mantenimiento de las mismas.

EL 10% DE COMUNEROS // Para la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), tres son los motivos que explican esta situación: la ausencia de beneficios en los negocios, con unos precios de los productos que siguen yendo a la baja; los problemas para acceder al crédito que permita refinanciarse a los propietarios; y el imparable aumento de los costes de explotación, caso de las tarifas eléctricas, que suben “desde hace 2 ó 3 años, y ahora en octubre volverá a hacerlo otro 4,8%”, un escenario que les lleva a prever que “empeorará en el 2011”.

El expresidente del Sindicato Central de Riegos del Millars y presidente de la comunidad de regantes de la capital, José pascual, estima que el problema ya afecta al 10% de los socios de las entidades y subraya que “los derechos y las obligaciones con las comunidades están ligados inseparablemente a las fincas, no a los propietarios”, lo cual implica que hay que asumirlos siempre.

El secretario de Fepac-Asaja, Doménec Nàcher, recuerda que el sistema es idéntico al que se da en las comunidades de vecinos, y recuerda que “es el riego lo que precisamente revaloriza la propiedad”, un derecho “que hay que asumir también con todas las consecuencias”.