La Comisión de Explotación del acueducto del Tajo-Segura decidió ayer elevar al Consejo de Ministros de hoy una petición de trasvase de 48,8 hectómetros cúbicos para los próximos tres meses, once de ellos para riego de socorro. Del total, 37,8 hectómetros serán para consumo humano y diez en destino -por lo que saldrán once de la cabecera del Tajo- para un riego de socorro en la cuenca del Segura.
A la espera de lo que hoy decida el Gobierno central, el Ejecutivo autónomo tachó ayer de «imprudente» que se puedan trasvasar 11 hectómetros cúbicos para regadío a la cuenca del Segura, dada la situación de los embalses de la cabecera del Tajo, cuyas reservas están decreciendo, a la vez que «injusto», pues ahora mismo no hay problemas para la supervivencia de los cultivos.
La situación la dibujan más pesimista enla cabecera del Tajo. El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños a los Embalses de Entrepeñas y Buendía, Julián Rebollo, demandó ayer la implicación de toda la sociedad civil para trasladar al resto de los españoles y, sobre todo, a Levante «algo tan claro y tan cierto como que al río Tajo no le sobra agua». Rebollo calificó de «un disparate y una gran irresponsabilidad» que la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura recomiende derivar 48,8 hectómetros de agua: «no es nada riguroso trasvasar agua cuando los pantanos de la cabecera están bajo mínimos y, encima, no hay previsiones de que vaya a llover. Es más, sólo hay que mirar un poco las estadísticas para comprobar que en Levante lleva dos meses lloviendo y aquí nada de nada», añadió.
No opina lo mismo el Gobierno de Murcia, que ayer calificó como auténtico «parche» la nueva derivación hídrica. El director general del Agua de aquella Comunidad autónoma, Miguel Ángel Ródenas, señaló que con esa cantidad «sólo se atendería una sexta parte de las peticiones de los regantes. Hay excedentes para trasvasar más agua», y comparó «los 322 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo con los 19 hectómetros cúbicos con los que cuenta la cuenca del Segura, descontando el embalse muerto, para atender 260.000 hectáreas de regadío. El Ministerio no ofrece soluciones, tiene encefalograma plano y se agarra a la desalación como salvación».
Mientras, en el seno de los partidos políticos de la región, la posible aprobación de un nuevo trasvase desató un nuevo episodio de enfrentamiento. l viceportavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, advirtió que, de aprobarse el trasvase de 60 hectómetros que solicitan los regantes del Segura, se pondría en riesgo el abastecimiento humano, pues con esa derivación las reservas de la cabecera del Tajo quedarían cerca del límite por debajo del cual no se puede trasvasar. Considera Caballero que en este momento del año no está justificado un riego de socorro como el que piden los regantes murcianos, y reiteró la posición del PSOE de Castilla-La Mancha a favor del fin del trasvase Tajo-Segura «en los términos que hoy se conoce», a la vez que confió en la «fuerza de nuestra región» para que se apruebe en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía, que fija el fin de trasvase en 2015. Criticó el «silencio y complicidad» del PP de Castilla-La Mancha con las sucesivas declaraciones a favor de los trasvases de dirigentes nacionales de su partido, así como de Murcia y Valencia, ante las que no escuchamos «ni una sola reprobación» de la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal.
Por el PP contestó el secretario segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputado del PP, Leandro Esteban, quien responsabilizó al Gobierno regional de la situación hídrica de la región. «Mientras que haya un ciudadano en España que necesite agua para poder beber y haya un lugar donde pueda prestársele esa ayuda es de justicia que se haga. Lo que es de recibo es que algunos pasemos sed para que otros puedan beber.. esas barbaridades ocurren por culpa de un Gobierno que durante más de dos décadas ha sido incapaz de defender adecuadamente los intereses de su región».
El nuevo trasvase al Levante que el Consejo de Ministros podría aprobar hoy ha desatado la polémica en Castilla-La Mancha y otro rifirafe PSOE-PP. Mientras, Murcia lo considera un «parche».
