El equipo de gobierno municipal ha esquivado, de momento, el ‘mazazo’ que suponía para el Ayuntamiento de Albacete y para las arcas municipales la sentencia del Tribunal Supremo que salía a la luz la semana pasada. Una sentencia que viene a dar la razón a la que ya dictó en el año 2000 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dando la razón a un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Izquierda Unida.
El Supremo vuelve a ahora anular -como ya hizo el TSJ- el primer punto del pliego de condiciones por el que, en 1997, se adjudicó a Aquagest la gestión del ciclo del agua. Al anularse ese punto del pliego, supondría consecuentemente la anulación de todo el pliego y, por tanto, invalidar la adjudicación a aquella empresa.
Y eso, como reconoció ayer el alcalde de la ciudad, Manuel Pérez Castell, al admitir que «el pliego de condiciones elaborado por el PP para la concesión de la gestión a una empresa fue ilegal y la concesión estuvo mal hecha». Añadió, además, Pérez Castell, que compareció ante una multitud de periodistas, «hubiera supuesto para el Ayuntamiento pagar 36 millones de pesetas». Una cantidad procedente de la devolución del canon de 12 millones de euros que se pagó en su momento (los dos mil millones de pesetas famosos que tantas veces han utilizado los representantes políticos municipales en sus debates) y otros 24 millones de euros de indemnización.
Solución a tiempo
«De no haber constituido inteligentemente la sociedad mixta ‘Aguas de Albacete’ tendríamos que haber indemnizado a Aquagest con 36 millones de euros», insistió Pérez Castell, que estuvo acompañado en su comparecencia por los concejales de Hacienda, Antonio Martínez, y de Sostenibilidad, Ramón Sotos.
Según contó el máximo responsable municipal, el equipo de gobierno socialista «era consciente» de que el tribunal Supremo podía dictar este auto, como así ha hecho, y «por ello creamos ‘Aguas de Albacete’ y así el municipio se ha ahorrado» esa cantidad millonaria.
Y es que desde el equipo de gobierno consideran que, cuando se creó Aguas de Albacete (donde el Ayuntamiento tiene el 26% de las acciones), se acabó con la adjudicación a una empresa privada (Aquagest) y se comenzó una nueva etapa con un sistema de gestión a través de una empresa mixta. Al no existir ya la adjudicación que se llevó a cabo en el año 1997, cuando gobernaba el Ayuntamiento el PP, no hay posibilidad de aplicar la sentencia. «Lo que dice el Tribunal Supremo es inejecutable porque tal empresa ya no gestiona el agua de Albacete», aseguró Pérez Castell.
De aquella adjudicación, insistió el alcalde, «no queda nada y hemos sido liberados de aquellos perjuicios que habríamos tenido que afrontar».
De momento, con esta solución el Ayuntamiento esquiva un grave problema económico que habría tenido que afrontar de continuar siendo Aquagest la adjudicataria. «La ciudad le ha ganado al PP en esto del agua», sentenció Manuel Pérez Castell, que acusó al PP de «haber actuado de un modo esquizofrénico» en materia hídrica, primero con la adjudicación a Aquagest en el año 1997 y más tarde con el intento de que los tribunales anularan la sociedad mixta ‘Aguas de Albacete’.