La Consejería de Economía resolvió el pasado 9 de febrero denegar la solicitud de Acuajúcar. La sociedad estatal pedía conocer los detalles del aval de un millón de euros que el Consell concedió mediante decreto el pasado 22 de diciembre a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de la Marina Baja, contrarios al actual trazado del trasvase. El aval se concedió precisamente para cubrir los gastos derivados de la obra.

Acuajúcar alegó -mediante un informe elaborado por la Abogacía del Estado- «su interés legítimo y directo» sobre el asunto al tratarse de un aval público y considerarse además acreedora de la Junta.

El contencioso arranca del convenio suscrito en 2001 entre los regantes y el Gobierno, entonces gobernado por el PP. La junta se comprometió entonces a sufragar el 33% del coste del trasvase Júcar-Vinalopó -el resto de la obra la financian el Gobierno central y la Unión Europea-. Con la llegada del PSOE al Gobierno central, los responsables de la sociedad estatal corroboraron que pese a lo avanzado de la obra, la junta sólo había desembolsado unos 19.000 euros. Los impagos de los usuarios le habían generado además a la mercantil estatal un coste financiero adicional de 927.000 euros. De hecho, Acuajúcar acabó rompiendo el convenio de 2001.

La resolución de Economía -que se acompaña de un informe de la Abogacía General de la Generalitat- considera, pese a todo, que la sociedad estatal no tiene derecho al expediente porque incluye documentos de carácter nominativo o privado. Tampoco cree la Generalitat que tenga interés legítimo y directo. «Su petición se sostiene», dice la resolución, «únicamente en el dato de que el trasvase es una de las actuaciones encomendadas a Aguas del Júcar, así como en el hecho de que la Junta Central de Usuarios adeuda supuestamente una cantidad económica a dicha mercantil». El informe insinúa incluso a Acuajúcar que ejerza la acción popular si le preoucupa la legalidad de esta actuación. Respecto a la solicitud de Acuajúcar de conocer la identidad de las autoridades y funcionarios responsables de la tramitación del aval, la Generalitat le remite al Reglamento orgánico y funcional de la Consejería de Economía y a la «guía de personas y servicios de la Generalitat».

José María Marugán, consejero delegado de Acuajúcar, lamentó ayer la respuesta del Consell, pues «contradice el informe elaborado por la Abogacía del Estado, en el que se destaca que la sociedad estatal tiene derecho a solicitar esta documentación a fin de consultarla».

«¿Por qué se niega el señor Camps a facilitarnos el acceso a ese expediente? ¿Dónde irá a parar en realidad ese millón de euros? ¿Qué intentan ocultar? Si todo es legal… ¿a qué tienen miedo», plantea el consejero. Según Marugán, «el oscurantismo y la falta de transparencia de la Generalitat respeto al aval, nos hace tener fundadas sospechas sobre una presunta financiación irregular de la campaña del PP en la denominada guerra del agua, como sucede igualmente con la Fundación Agua y Progreso».

El consejero delegado anunció que la sociedad estatal llegará al fondo y exigirá a la Generalitat que asuma su responsabilidad.