Ni vinculantes, ni determinantes. El Gobierno de la Nación seguirá manteniendo el control de los grandes ríos para decidir futuros trasvases. El Ejecutivo de Aragón y los partidos de aquella comunidad no podrán impedir que el Estado plantee futuras transferencias del Ebro a otras cuencas hidrográficas, en caso de que sea necesario. Los aragoneses no podrán vetar legalmente esta posibilidad, aunque de facto pongan todas las trabas imaginables. Aragón podrá emitir informes preceptivos ante cualquier nueva transferencia, pero no serán vinculantes. Tampoco podrán hacerlo Cataluña ni Andalucía; esta última en el caso del Guadalquivir.
La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobada el pasado jueves en el Congreso, deja la planificación última del Ebro en mano del Estado, con la participación de las comunidades. Las regiones ribereñas tendrán mayor participación que antes, pero no decisión sobre los trasvases y la planificación general. Otra cosa distinta es la voluntad política del momento de promover o arrinconar esta opción. También es cierto que el Estado tenía antes las manos más libres que ahora en la gestión de las cuencas intercomunitarias y en la política trasvasista.
La conclusión del Estatuto de Aragón es un nuevo aviso a las pretensiones de Castilla-La Mancha, que es la comunidad autónoma que más ha legislado sobre la política del agua en su nuevo texto estatutario con el propósito de controlar al máximo los ríos Tajo, Guadiana y Júcar, principalmente. La norma seguida en el Congreso de los Diputados con los cinco estatutos aprobados hasta ahora, de salvaguardar las competencias exclusivas del Estado sobre los ríos intercomunitarios, se aplicará igual en Castilla-La Mancha, aseguran desde el Ministerio de Medio Ambiente y el PSOE murciano.
De esta forma, se da por hecho que será eliminada del texto la alusión a la fecha de extinción del trasvase Tajo-Segura en el año 2015. Políticamente, el Gobierno central ya se ha pronunciado en diversas instancias sobre la continuidad del acueducto. Asimismo, podría corregirse gran parte de la redacción de la disposición transitoria que establece la necesidad de un informe «precepctivo y determinante» de la Junta de Comunidades sobre cualquier trasvase o intercambio de agua. Con el uso de la palabra «determinante», en lugar de «vinculante», se pretende evitar que ocurra lo mismo que en Cataluña, donde quedó eliminada esta prerrogativa del texto final.
En la oportunidad de esos informes se incluyen además las cesiones de derechos y los futuros bancos de agua, que rechaza abiertamente Castilla-La Mancha. En el último año y medio se ha autorizado el envío de casi 130 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura en cuatro operaciones -la última se estudia esta semana- para comprar derechos de agua a los regantes madrileños de Aranjuez y Estremera, por parte de los regantes murcianos y de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
Sustitución de caudales
Otra prerrogativa que entra de lleno en la esfera estatal es la «sustitución progresiva de los caudales» del Tajo-Segura por aguas desalinizadas, a lo cual aspira el pacto de Barreda (PSOE) y Cospedal (PP). El director general de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Adrián Baltanás, ha asegurado que no habrá canje de aguas desalinizadas por aguas del Tajo, sino que las primeras son un complemento al trasvase.
El cuarto punto más polémico es la fijacion de nuevos caudales ambientales y ecológico en el río Tajo, unido a las nuevas necesidades de agua de Castilla-La Mancha que deben ser recogidas en el Plan de Cuenca del Tajo que se está revisando y que debe ser aprobado en el año 2009. El nivel de participación de Castilla-La Mancha en los órganos decisorios y de gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo -y en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, a la cual también aspira- no llegará al extremo de dominar este organismo, aunque sea a través de la nueva estructura de demarcaciones. El Estado se asegurará la mayoría y el control, según la nueva reforma de la ley de aguas.
Mínimo ecológico
El mayor peligro sobre los volúmenes excedentarios trasvasables al Segura se encuentra, técnicamente, en la fijación de nuevos caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez, como principal punto de referencia en el curso alto de este río. Duplicarlo o aumentarlo en un 50 por ciento (ahora es de 6 metros cúbicos por segundo) implicaría una merma considerable de los excedentes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Ésta es una de las cuestiones por las cuales mostró mayor interés el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura en su reunión con el presidente Rodríguez Zapatero.
De todas las reformas estatutarias referidas al control de los ríos, la de Castilla-La Mancha es la más amplia y ambiciosa. El texto ha entrado recientemente en el Congreso de los Diputados y muy probablemente no estará aprobado hasta después de verano. Las reivindicaciones castellano manchegas ocupan un capítulo entero de su Estatuto, con ocho artículos y una disposición transitoria dedicada exclusivamente a liquidar el trasvase Tajo-Segura.Las comunidades autónomas que la han precedido no han ido tan lejos. Cataluña, por ejemplo, sólo dedica explícitamente al agua un artículo con cinco apartados. Andalucía, por su parte, refleja un sólo artículo al agua y otro breve a la cuenca del Guadalquivir. Y Aragón, se centra en la coparticipación en los órganos de gestión, de acuerdo con la Constitución; así como en la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de su territorio.
Aportaciones del Ebro
Esta reserva ya venía recogida en el Pacto del Agua de Aragón de 1992, y fue asumida después por el Plan Hidrológico Nacional del PP. En este sentido, los caudales que podían ser trasvasados anualmente desde el Ebro ya tenían descontada esa reserva, apuntan en el Partido Popular. Esto quiere decir, a juicio del PP, que los 6.550 hectómetros no invalidan futuros trasvases, sobre todo teniendo en cuenta que las aportaciones del Ebro al Mediterráneo en su desembocadura oscilan entre los 10.000 y 15.000 hectómetros cúbicos en los últimos años.