El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón advirtió ayer «una actitud positiva» en materia hidráulica en el ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino después de que el departamento que dirige Elena Espinosa decidiera aplazar durante un mes el debate sobre el Real Decreto que fijará el ámbito de la nueva demarcación hidrográfica del Júcar.
El conseller reconoció en el Gobierno central una «reflexión en buen camino» sobre la política hidráulica tras asistir en Madrid a la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua que debatió el informe del borrador del Real Decreto.
La decisión de aplazar el debate provocó un efecto balsámico sobre las comunidades en disputa por el río y sus afluentes. Aragón anunciaba como un triunfo la retirada del borrador y se felicitaba de que no se hubiera aceptado la anexión del río Cenia a la demarcación del Ebro, algo que defiende la Generalitat Valenciana y que apoya el Gobierno en su propuesta.
Mientras tanto, el gran rival en la pugna abierta por el control del Júcar, Castilla-La Mancha, guardaba ayer un silencio poco habitual en sus portavoces.
Por su parte, García Antón, eludió criticar al Gobierno y admitía que la actual situación del Júcar, «viene como consecuencia» de la sentencia del Tribunal Supremo sobre un recurso que presentó una asociación de Albacete, y que que vino a «poner en crisis» una forma de actuar que venía funcionando «desde hace muchos años».
El principal escollo actual es la no aceptación por parte de la Generalitat de la separación entre las cuencas del Vinalopó-intercomunitaria- y L’Alacantí (intracomunitaria) que se deriva de la citada sentencia y del propio Estatut de Autonomía.
El Consell argumenta el elevado grado de interconexión que existe entre ambas cuencas pero admite en documentos remitidos al ministerio, que su pretensión de mantener juntas ambas cuencas en manos del Gobierno-demarcación mixta- obligaría a «una reforma legal».
En caso de que sea inviable modificar la legislación, la Generalitat exige garantías sobre el mantenimiento de los caudales que llegan al Alacantí.
El conseller destacó que la mejor forma de obtener las «garantías jurídicas» que reclama es que «permanezca el Alacantí junto al Vinalopó».
Así, indicó que se llevan el «compromiso» ministerial de que se va a «colaborar en esta línea», y si finalmente esto se produce, «le tenderemos la mano para llegar al mejor acuerdo posible», destacó García Antón, quien además señaló que el próximo mes volverán a reunirse para ir «mejorando» algunas condiciones del borrador.
La sentencia que ignoró el Consell
La sentencia a la que aludía el conseller, dictada por el Tribunal Supremo el 20 de octubre de 2004, anuló algunos preceptos del Plan Hidrológico del Júcar en cuanto afectaban a los cauces intercomunitarios cuyas competencias debería asumir la Generalitat.
El Gobierno valenciano no ejerció su derecho a personarse en el recurso y solo cuando se produjo la sentencia del Tribunal Supremo reaccionó intentando que fuera anulada mediante un recurso imposible. Posteriormente, el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana recogió el contenido de la citada sentencia al reclamar las competencias exclusivas de la Generalitat sobre los ríos «intercomunitarios, unas competencias que ahora molestan .
En la sentencia, aseguró ayer García Antón, se tuvieron consideraciones «no muy afortunadas» que obligaban a «hacer algo», que en los últimos cuatro años ha ido en la dirección de «dividir» la demarcación del Júcar en pequeñas cuencas, lo que hace que esas pequeñas cuencas de la Comunitat queden en una situación «muy perjudicial», aseveró el conseller.
