Madrid, 1 feb (EFEverde).- El Gobierno ha aprobado hoy una serie de medidas para contener los costes del sistema eléctrico y evitar así subidas en el recibo de la luz, unos cambios que han chocado con la oposición de las renovables, que las consideran un recorte retroactivo de su retribución que las condena a la insolvencia.

El Consejo de Ministros ha recortado hoy, a través de un real decreto, la retribución de las actividades reguladas y ha introducido cambios en el sistema de retribución del régimen especial (renovables y cogeneración), con los que pretende ahorrar entre 600 y 800 euros.

El primero de estos cambios supone cambiar el sistema de retribución de las actividades reguladas del sistema eléctrico, que incluyen el transporte, la distribución y las primas al régimen especial, entre otros conceptos.

Esta actualización se hacía conforme al IPC y, a partir de ahora, se realizará en base a la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la evolución de los productos energéticos ni de los alimentos frescos- y a impuestos constantes.

Para el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, esta modificación no supone «cambiar las reglas del juego» sino racionalizar el modo en el que se actualizan dichas retribuciones.

Además de esto, el Gobierno ha modificado el sistema de retribución de las plantas acogidas al régimen especial, que hasta ahora podían elegir, generalmente cada año, si querían cobrar una tarifa regulada fija o el precio de mercado más una prima.

El nuevo método establece que todas las instalaciones del régimen especial recibirán una tarifa fija excepto aquellas que prefieran cobrar el precio de mercado (sin prima) y que, cualquiera que sea la opción elegida, no podrá cambiarse después.

Esta medida, con la que el Gobierno prevé ahorrar entre 250 y 500 millones de euros, evitará que los productores se acojan al mercado cuando el precio esté alto y a la tarifa cuando baje, lo que, según Soria, impactaba al alza en el recibo de la luz.

Además, el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado un anteproyecto de ley de crédito extraordinario por valor de 2.200 millones de euros para hacer frente a los posibles desfases que se registren a lo largo de 2013 en relación a las primas al régimen especial, con el fin de que éstos no se traduzcan en subidas de la luz.

El anteproyecto, que prevé la concesión del crédito por el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Industria, tendrá que ser aprobado en el Consejo de Estado para después continuar su tramitación en las Cortes Generales para incorporarse a los Presupuestos Generales del Estado 2013.

Soria ha defendido que el objetivo del Gobierno es que el déficit sea «cero» este año para que «no se encarezca la tarifa eléctrica ni para los hogares ni para las empresas».

El sector de las renovables ha criticado estas medidas al considerar que suponen, en la práctica, un recorte de las primas que las condena a la insolvencia.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha cifrado en 300 millones el impacto que tendrán las medidas, que considera «inaceptables, y ha asegurado que emprenderá «todas las acciones legales a su alcance» porque «atentan claramente» contra el respeto de la rentabilidad razonable.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha rechazado el real decreto de hoy porque «empeora una situación ya dramática» para el sector y aumentará «el número de instalaciones condenadas a la insolvencia».

Por su parte, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha criticado las medidas porque «constituyen nuevos pasos en la política de exterminio del sector» y ha apuntado que «el objetivo final de estas medidas no parece ser otro que hacer quebrar las plantas existentes».

La patronal termosolar, Protermosolar, ha denunciado que la modificación de primas aprobada hoy por el Gobierno pondrá a las plantas en una situación «peor que crítica» y es la puntilla de un conjunto de medidas que suponen la «expropiación forzosa del sector». EFEverde