El Gobierno murciano no piensa aceptar que se cambie agua de la cabecera del Tajo por otra de Extremadura. Estima que si se abre el grifo en Cáceres será «como complemento» al acueducto que ya funciona desde los pantanos de Guadalajara y Cuenca, ha señalado el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá. La opción de Extremadura se está barajando como la pieza de un difícil puzzle que trataría de contentar a todas las regiones implicadas en el conflicto del agua. Está guardada en la recámara a expensas de la negociación sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, que está bloqueada debido al rechazo del PP y PSOE de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana.
El consejero Antonio Cerdá considera que el canal de Extremadura «beneficiará principalmente a Castilla-La Mancha y permitirá resolver muchos de sus problemas». «Nosotros no vamos a renunciar al agua de la cabecera del Tajo, recogida por ley. No aceptamos ese trueque. Estamos hablando de un trasvase consolidado por otro que tendría que proyectarse y ser aprobado». Los regantes murcianos son de la misma opinión y no aceptan ese cambio que ya le sugirió el Ministerio de Medio Ambiente. Tampoco están por la labor los socialistas liderados por Pedro Saura.
«Que se retire»
Sobre el bloqueo del Estatuto de Castilla La Mancha, Antonio Cerdá manifestó que el presidente Rodríguez Zapatero «tiene ahora la oportunidad de poner orden en este caos sobre el agua. Debe pronunciarse sobre el Trasvase Tajo-Segura, que lleva 30 años funcionando y que es vital para nuestra Región y para la economía nacional».El consejero negó que el Gobierno de Murcia esté paralizando la negociación. «Nosotros mantenemos la misma postura de siempre en defensa del trasvase. No vamos a ceder un ápice. Tal y como está la situación, lo lógico es que el Estatuto se retire y se devuelva a las Cortes de Castilla La Mancha, ya que las posturas son inamovibles debido a que se presentó en el Congreso un texto que va demasiado lejos. Contiene al menos nueve artículos y disposiciones que son inconstitucionales. Ha sucedido lo que era previsible».
Antonio Cerdá invitó a Rodríguez Zapatero y a la vicepresidenta Fernández de la Vega a que «digan públicamente qué proponen y qué están negociando. El PSOE quiere poner como sea la fecha de caducidad del 2015 en el Estatuto y nosotros nos estamos dispuestos a eso». Señaló por último que la situación es culpa de los socialistas. «Primero votaron a favor de la derogación del Ebro en el 2004 y un año después apoyaron la disposición transitoria primera que modificó el Plan Hidrológico Nacional y que recoge la reducción progresiva de los caudales del Tajo al Segura», concluyó.