«Ni por asomo vamos a cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura», manifestó ayer con rotundidad un alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente, que quiso aclarar el alcance que tendrá el grupo técnico que revisará el protocolo de desembalses. Según el Ministerio, a esta comisión no le corresponde cambiar las reglas recogidas en el Plan de Cuenca del Tajo aprobado por el Congreso de los Diputados. Añade que lo único que se persigue es mejorar el funcionamiento del trasvase para transportar de otra forma el agua que se manda a la cuenca del Segura, de tal forma que los caudales permanezcan más tiempo en los pantanos de cabecera para que puedan ser disfrutados por los municipios ribereños del Tajo. Por ejemplo, que el volumen autorizado se mande conforme se vaya necesitando y no de una tacada, como se hace habitualmente.

Los vecinos de la cabecera del Tajo también quieren disponer de una lámina de agua estable en los embalses de Entrepeñas y Buendía que garantice sus actividades económicas ligadas al turismo. Los regantes están de acuerdo en pausar los envíos de agua. Esto también repercute en la costosa factura eléctrica que se paga en la Región de Murcia con los bombeos del agua que llega del Tajo.

Reunión Valcárcel-Claver

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, asegura que la proposición de Ley que plantea el Ejecutivo de Castilla-La Mancha para recoger todas las demandas de esta Región en materia hídrica «tiene un matiz exclusivamente electoral». Asimismo, afirma que «no tendría sentido adelantarse con la ley murciana» en defensa del trasvase porque «les estaríamos haciendo el juego».

José Manuel Claver opina que «no se debe echar más leña al fuego», en referencia a la petición realizada por el PSRM de que se recupere la proposición de Ley para la defensa del Trasvase Tajo-Segura, que ya fue retirada a petición de los propios regantes de la Asamblea Regional. El presidente de los regantes murcianos hizo ayer estas declaraciones tras la reunión que mantuvo con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, para analizar la situación a la finalización del año hidrológico, e iniciar la entrada en el nuevo curso político, según explicó el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.

Claver ratifica que la nueva proposición de Ley «resulta un claro y casi exclusivo matiz electoralista de cara a las próximas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha que lleva a plantear nuevamente el tema del agua cuando el mismo Parlamento acaba de rechazar el Estatuto manchego». Respecto a la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, el titular de Agricultura se muestra abierto a la posibilidad de «discutirla y analizarla», porque las normas fueron redactadas hace 10 ó 12 años y «a lo mejor las circunstancias de ahora requieren que se discutan, pero siempre predominando los criterios técnicos, no los caprichos políticos».

No obstante, Cerdá explica que la Comunidad está centrada en «defender los intereses de los murcianos y de los regantes con uñas y dientes», al tiempo que muestra su disposición a «ayudar a resolver los problemas de los demás».

Claver tampoco se opone a la modificación de las normas «siempre que se haga con criterios objetivos técnicos». No obstante destaca que el cambio «no quiere decir necesariamente una rebaja, sino adecuar las reglas a lo que dice la realidad actual». A su parecer, lo que no se puede hacer es «política con lo que significa el trasvase Tajo-Segura».

Ayudas europeas

Cerdá pone como ejemplo de «solidaridad» el modelo del pago de las pensiones o la Política Agraria Comunitaria (PAC), cuyos fondos proceden de los estados miembros, que participan con un porcentaje del PIB y del IVA que se recauda, que se envía a la Unión Europea y se redistribuye. Así, precisa que en España, hay comunidades como Castilla-la Mancha que «reciben más de lo que aportan». En concreto, recuerda que Castilla-La Mancha «recibe 750 millones de euros por año más de los que aporta, mientras que la Región de Murcia recibe 58 millones de euros menos de los que aporta».