El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente piensa introducir cambios en la Ley de Aguas para liberalizar el sistema de cesión de derechos, más conocido como bancos de agua. Es una de las principales bazas que están negociando los gobiernos de Murcia y de la Comunitat Valenciana junto con el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Fenacore, también reclama esta reforma legal. La modificación consistiría en eliminar las restricciones que existen actualmente para que los usuarios de una cuenca pueden comprar caudales a los de otra que no los necesiten temporalmente.
Esta reclamación ha sido propuesta y discutida en las últimas semanas coincidiendo con la negociación para desbloquear el plan hidrológico del Tajo asegurando el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, como publicó ayer ‘La Verdad’.
Los regantes del acueducto recurrieron años atrás a la compra de derechos de agua con motivo de la sequía extrema que redujo los excedentes de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Los bancos de agua funcionaron como una fórmula de suministro temporal para complementar los envíos de la cabecera. Aunque lo hicieron bajo un estricto control del Gobierno central, que debía autorizar la compraventa al amparo de unos decretos de sequía, a la vez que tutelaba el precio. Sin tal decreto, las operaciones no pueden llevarse a cabo. El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, explica que se trata de modificar la Ley de Aguas para que operen con mayor libertad los usuarios de cada cuenca, sin que sean necesarios los decretos ni las situaciones excepcionales de sequía como hasta ahora.
Según Cerdá, debería bastar con una comunicación de los interesados al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para realizar la operación. Opina que los propios usuarios se autorregularían para comprar solo el agua que necesiten en cada momento, habida cuenta del precio, que sería superior al que se paga ahora por cada metro cúbico de la cabecera del Tajo.
Los regantes del Trasvase ya tienen experiencia con este tipo de operaciones que realizaron durante varios años, en los cuales adquirieron caudales a los agricultores de Estremera (Madrid) que vendieron temporalmente sus concesiones de Tajo.
Lo mismo ocurrió con los regantes de Aranjuez, que cedieron sus derechos a la Mancomunidad de Canales del Taibilla. El consejero Cerdá señala que muchas comunidades de regantes de la cuenca del Tajo estarían dispuestas a vender transitoriamente sus concesiones de agua o parte de ellas. Recuerda que el requisito imprescindible es que exista un acueducto para transportar esos caudales, como el canal del Tajo-Segura. Los gobiernos de Murcia y de la Comunitat Valenciana también plantearon que se puedan comprar recursos a regantes de la cuenca del Ebro, sobre todo los de la zona del Delta, que cuentan con elevadas concesiones.
El plan hidrológico del Tajo, por otra parte, no modificará las leyes que regulan el Trasvase Tajo-Segura, indican fuentes del Gobierno regional. La legislación se remonta a mediados de los años 70 y sobre todo a la norma de 1980 sobre el aprovechamiento conjunto del acueducto. En este sentido, el máximo trasvasable desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura seguirá siendo de 600 hectómetros cúbicos anuales para los abastecimientos a la población y los regadíos. Sí variarán las condiciones para fijar los excedentes, ya que la reserva de los embalses de cabecera aumentará de 240 a 400 hectómetros cúbicos anuales para subir la lámina de agua en los embalses.
El Gobierno regional, por último, es contrario a que se cambie agua del Tajo por agua desalinizada para cubrir las necesidades de los abastecimientos de 2,5 millones de personas en la Región de Murcia, Alicante, Almería y Albacete. Sostiene que repercutiría de forma negativa en la tarifa que soportan los ciudadanos. En este sentido, apuesta porque se mantenga la dotación completa del Trasvase para la población, que alcanza un máximo de 130 hectómetros anuales en destino.