El pacto PP-PAR alcanza a la presidencia de la CHE, pese a los recelos de algunos colectivos de regantes y ecologistas

El pacto PP-PAR alcanza a la presidencia de la CHE, pese a los recelos de algunos colectivos de regantes y ecologistas

La pugna por el control de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se ha inclinado a favor de Aragón, fruto de los pactos en vigor desde mediados del año pasado entre PP y PAR. El PP aragonés liderado por la presidenta de la Comunidad, Luisa Fernanda Rudi, ha cedido a la petición del PAR de ocupar la presidencia de la CHE. Rudi no ve con malos ojos que sus actuales socios tengan presencia destacada en ciertos órganos en los que —como es el caso de la CHE— puede haber necesidad de presionar en defensa de intereses estratégicos para la región.

Así las cosas, todo apunta a que el nuevo presidente de la CHE será el aragonesista Xavier de Pedro, de la plena confianza del líder del PAR, José Ángel Biel. Esto no significa que el gobierno de las aguas del Ebro quede en mano del PAR, pero, de facto, sí evidencia que el Gobierno de Rajoy da relevancia a los pactos entre ambos partidos en una cuestión sensible como es la política hídrica.

Y, para Rudi, supone hacer valer también los compromisos asumidos del pacto con el PAR como «escudo» para retos espinosos: negativa a cualquier hipotético trasvase del Ebro; exigir al Estado que otorgue a Aragón de forma efectiva la gestión de los 6.550 hectómetros cúbicos de aguas del Ebro que le reconoce el Estatuto de Autonomía (ley orgánica) como reserva exclusiva de esta región; dar prioridad a la construcción de los embalses pendientes en Aragón; y contrarrestar la aspiración catalana de controlar los caudales del Ebro, porque la Generalitat, desde hace años, intenta que el caudal ecológico del Delta sea algo a negociar bilateralmente entre ellos y el Estado.

Los nacionalistas catalanes quieren elevar sustancialmente el caudal ecológico fijado actualmente, y eso limitaría el aprovechamiento de las aguas del Ebro en las regiones situadas más arriba, entre ellas Aragón.

Todo eso son asuntos pendientes que pueden generar tensiones. Y, de momento, el primer capítulo —la pugna por la presidencia de la CHE— se ha inclinado del lado del PAR por su pacto con el PP. Y eso a pesar de que la cuestión ha generado recelos entre algunos colectivos políticos, de regantes y ecologistas, que —con distintos argumentos— critican que un partido regionalista presida un organismo en el que están representadas otras ocho regiones —Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña—.

Desde Riegos del Alto Aragón, la comunidad de regantes más extensa de la región con 2.500 kilómetros cuadrados de superficie de influencia y más de 25.000 familias dependientes de la agricultura, sostienen que debe ser un técnico y no un político quien ocupe el cargo, ya que en juego está la politización del agua. Su presidente, César Trillo, asegura que será «un error monumental» que un político de un partido regionalista se haga cargo de la CHE. Trillo apuesta por que sea un técnico o bien un político de ámbito nacional quien dirija la Confederación. Es —dice— la única forma de que se mantenga el principio de unidad de Cuenca y de unidad de gestión. Algo que los regantes defienden por encima de todo.

Razones bien distintas llevan a los ecologistas a oponerse al nombramiento de un aragonesista al frente de la CHE. En este caso, su posición a favor de construir los embalses pendientes en Aragón es lo que lleva a estas organizaciones a rechazar la posibilidad de que el PAR controle el Ebro.

Menor rango

Por otra parte, la decisión del ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de rebajar el rango de los presidentes de las confederaciones limitará su margen de maniobra. Las decisiones de más calado se tomarán desde Madrid. A partir de ahora los presidentes de las confederaciones hidrográficas serán subdirectores generales, dependientes del secretario de Estado y del director general del Agua del Ministerio.

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