El Pleno del Parlamento aprobó ayer por unanimidad de los grupos —PSOE, PP e IU— la toma en consideración de la Ley Orgánica para reclamar al Gobierno central la delegación de competencias del Guadalquivir, en respuesta a las sentencias del Constitucional y del Supremo que anularon tales atribuciones a Andalucía recogidas en el Estatuto. El PP prestó su apoyo, aunque muy condicionado, por respeto al espíritu de consenso que reinó durante la reforma estatutaria, y su presidente regional, Javier Arenas, anunció «multitud de enmiendas» durante la tramitación de la ley para conseguir un cambio «radical» del modelo de gestión en política de aguas, ya que a su juicio el trabajo desarrollado por el Gobierno andaluz en esta materia en los últimos años ha sido un «desastre».
De la defensa de la toma en consideración de la Ley Orgánica se encargó, en nombre del grupo proponente, el Socialista, su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, quien en su segundo turno de palabra y pese al voto favorable anunciado por la representante del PP, Carolina González Vigo, descargó sobre el primer partido de la oposición una sarta de improperios por las críticas y las objeciones a una medida que los populares, en su fuero interno, consideran que se trata de una «farsa disfrazada de debate» de la que tendrá que dar cuenta unas Cortes «disueltas». Según González Vigo, la intención de los socialistas es «empezar a preparar la oposición» al próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Debate de gestión
Señaló la portavoz del PP que el debate real no es el de las competencias sino el del modelo de gestión, «que ha fracasado —dijo— estrepitosamente». Tras valorar que los restantes grupos aceptaran solicitar del Consejo Consultivo un dictamen sobre la legalidad de la iniciativa parlamentaria, se mostró partidaria de alcanzar un gran pacto para la administración del Guadalquivir con la participación de todos los colectivos vinculados al río, un nuevo modelo de gestión que, auguró, lo llevará a la práctica el futuro Gobierno de Javier Arenas en la Junta.
Arenas, precisamente, en una visita al municipio sevillano de Gelves anunció que su partido presentará «multitud de enmiendas» a la Proposición de Ley Orgánica para propiciar «un cambio radical» del modelo de gestión en política de aguas. ya que el seguido hasta ahora ha sido, aseguró, un «desastre».
Mario Jiménez defendió con vehemencia en su primer intervención las bondades de la iniciativa legislativa, ya que a su juicio respeta la sentencias de los altos tribunales y permite dar continuidad a las reclamaciones recogidas en el Estatuto con una gestión de «máximo» de las competencias del Guadalquivir.
Y tras escuchar el posicionamiento del PP, acusó a esta formación de mantener una «actitud refractaria» hacia el texto estatutario y de no haber estado «a la altura de las circunstancias». Esta «oportunidad perdida», destacó, es una «ofensa al Estatuto» y un intento de jugar «a la confusión». Según Jiménez, los populares pretenden constantemente «limpiar el pecado original» que supuso «la traición al Estatuto de Carmona. Digan si están con Andalucía o con el centralismo que siempre ha caracterizado a la derecha española», pidió.
La postura de IU, favorable a la iniciativa, la expresó el parlamentario José Antonio Castro, quien no obstante señaló que la tramitación de la Ley Orgánica se podría haber resuelto antes de las elecciones generales del 20 de noviembre si se hubiera planteado en primavera. De forma irónica manifestó que si los socialistas han sido capaces de modificar la Constitución de manera «express», también podrían haber resuelto antes del conflicto de las competencias del Guadalquivir y recuperar la gestión de la cuenca.
Los regantes auguran nuevos conflictos por la reforma de la Ley de Aguas estatal
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, advirtió ayer de que el Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley de Aguas para ceder las competencias en materia de control y vigilancia del dominio público hidráulico «es perjudicial para todos los usuarios y, muy en particular, para los andaluces porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará conflictos territoriales por la distribución de los recursos hídricos, sobre todo, en épocas de sequía». Fenacore considera que Andalucía debe acatar «en letra y espíritu» la sentencia del Alto Tribunal, por la cual se devuelve al Estado, a través de la Confederación Hidrográfica de su Demarcación, las competencias exclusivas que se atribuía su Estatuto de Autonomía sobre el río Guadalquivir.
