La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció ayer en Extremadura que se redactará un nuevo Plan Hidrológico Nacional que «garantice el principio de solidaridad entre toda España. Y para otros las peleas y la demagogia, vamos a hacer que el agua cree riqueza en toda España», sentenció Cospedal en el XI Congreso del PP de Extremadura, donde además dio «la bienvenida a la medida aprobada el viernes por el Consejo de Ministros para que el Gobierno central recupere las facultades sancionadoras en las cuencas «porque es verdad que el agua es un bien de todos».
Cospedal se une así al discurso del Gobierno, muy próximo a las tesis del Ejecutivo valenciano. Precisamente, el pasado martes el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dio un paso más allá en su discurso de defender la solidaridad entre cuencas y dijo en Zaragoza que «habrá un gran pacto nacional sobre el agua», sin descartar un hipotético trasvase del Ebro, derogado por el anterior Gobierno de Zapatero y que dio al traste con las aspiraciones de las regiones de Valencia y Murcia de conseguir una infraestructura que garantizara el agua para las próximas generaciones.
En este sentido, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, habló del «compromiso de elaborar un Plan Hidrológico Nacional basado en la solidaridad y en que el agua es un bien común que irá de donde sobre a donde falte». No se atrevió Sánchez de León a nombrar el trasvase del Ebro, pero sí parece recuperar el espíritu que permitió elaborar el proyecto antes de ser derogado a la llegada de los socialistas al Ejecutivo. Por eso, Sánchez de León cree que para el presidente Mariano Rajoy «el agua no es un elemento de confrontación entre territorios, sino de unión, y como tal asume su responsabilidad con sentido de Estado, lejos de la instrumentalización política que practicó el anterior Ejecutivo».
La delegada del Gobierno también se refirió a la decisión de recuperar para el Estado competencias que los socialistas habían cedido a algunas comunidades, zanjando cualquier duda sobre qué administración tiene encomendada por la Constitución la gestión de las cuencas intercomunitarias. Fue tras las sentencias del Constitucional, que negó la posibilidad de que los Estatutos de Autonomía de Andalucia o Castilla y León se arrogaran las competencias en materia hídrica del Guadalquivir o del Duero cuando los socialistas se plegaron a los andaluces para darles parte de la gestión, una decisión que fue precisamente recurrida por el Gobierno de la Comunitat Valenciana el pasado mes de noviembre.
Trasvase Tajo-Segura
La decisión de centralizar toda la gestión en el Estado, además de anunciar un Plan Hidrológico Nacional que garantice la solidaridad hídrica, permitirá la pervivencia del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que el Ejecutivo del socialista Barreda puso en serio peligro al intentar poner fin a los desembalses a partir de 2015. No llegó a prosperar, pero creó en Castilla-La Mancha una corriente contraria al trasvase que permite dar de beber a decenas de municipios de la costa de Alicante y Murcia.
Tampoco han sido las desalinizadoras la solución. El alto coste del agua desalada, así como las dificultades para ponerlas en marcha, han planteado la posibilidad de privatizarlas, para que al menos se pueda rentabilizar una inversión millonaria de un programa Agua que sirvió de excusa al Ejecutivo de Zapatero para eliminar de un plumazo el trasvase del Ebro. Además, el Ejecutivo de Rajoy ha eliminado de los presupuestos las dos desalinizadoras que todavía quedaban por construir en Alicante.
¿Significa que se puede recuperar el trasvase del Ebro? La crisis económica será quizás el gran escollo que se encuentre esta infraestructura en el camino, en el caso de que el Ministerio de Arias Cañete pretenda recuperarlo, sobre todo por su alto coste. Sin embargo, la posibilidad existe, y lo demuestra el hecho de que en las autonomías por las que atraviesa la cuenca del Ebro, como Aragón o La Rioja, ya han mostrado su preocupación por la recuperación de un proyecto al que se opusieron radicalmente durante el Ejecutivo de Aznar.