La portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, acusó ayer al PSOE de plantearse la retirada del Estatuto en la tramitación en el Congreso, ya que el lunes en junta de portavoces presentó una propuesta de resolución de la Presidencia parlamentaria que establece la retirada por mayoría simple. En rueda de prensa en sede parlamentaria, Guarinos recordó que el artículo 170.8 del texto aprobado por las Cortes regionales y registrado en el Congreso de los Diputados -aún no en vigor- plantea una mayoría de dos tercios para los casos de retirada y, por tanto, interpretó que el PSOE anticipa la posibilidad de una retirada sin consenso.
Guarinos afirmó que el PP está en contra de esta propuesta, aseguró que este partido defenderá el texto aprobado por unanimidad en las Cortes regionales durante su tramitación en las Cortes Generales y ligó la proposición del grupo socialista a la afirmación de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acerca de que el Gobierno no es partidario de establecer una fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura.
Al respecto, el secretario primero de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, aseguró que la resolución de Presidencia sobre la retirada del Estatuto durante su tramitación en las Cortes Generales es un «acto procedimental» para equiparar la Cámara a los parlamentos de comunidades históricas.
En rueda de prensa en las Cortes, Fernández Vaquero acusó de «deslealtad institucional» a la portavoz del PP, Ana Guarinos, por haber hecho una interpretación partidista de un requisito aprobado por otros parlamentos, incluidos aquellos de comunidades donde gobierna el PP, como Castilla y León, cuya resolución ha sido tomada como muestra.
Hoy jueves
Según indicó el diputado socialista, la resolución será aprobada por el presidente de las Cortes, Fernando López Carrasco, hoy jueves, tras la aprobación por la Mesa y la junta de portavoces que se reunirán después del pleno, ya que fue él quien presentó la propuesta de resolución a estos órganos.
Fernández Vaquero explicó que en 1993 las Mesas del Senado y del Congreso aprobaron resoluciones que habilitaban a los parlamentos de comunidades creadas por la vía del artículo 143 de la Constitución a obtener una facultad en principio limitada a las «históricas» del artículo 151, consistente en retirar una reforma estatutaria durante la tramitación en las Cortes Generales. En función de esta facultad varios parlamentos han aprobado resoluciones en este sentido, según explicó Fernández Vaquero, entre ellos, las Cortes de Castilla y León, que en diciembre aprobaron el texto estatutario y «veinte días más tarde» aprobaron una resolución de la Presidencia sobre la retirada. «Hemos hecho exactamente lo mismo» que en Castilla y León, aseguró el secretario del a Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Asimismo, explicó que la diputada del PP María Jesús Bonilla recibió el lunes copias de la resolución del presidente del parlamento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago.