El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Albacete aseguró ayer «respetar» la sentencia del Tribunal Supremo que anula el pliego de condiciones que sirvió en 1997 para la adjudicación del servicio de distribución de agua potable de la capital, si bien subrayó que la gestión del mismo continúa siendo «indirecta y privada», pues el Ayuntamiento sólo tiene un 26% del capital de la empresa mixta Aguas de Albacete, mientras que el 74% restante pertenece a Aquagest.

En rueda de prensa para exponer su criterio en torno a la sentencia que se hacía pública la pasada semana, el concejal Juan Carlos López Garrido indicó que este fallo judicial entiende que no se puede aplicar la experiencia como criterio de puntuación para la adjudicación «y si los tribunales dicen que esto no está bien, llevarán razón, pero lo que es innegable es que en el proceso hubo pública concurrencia, algo que no sucedió en la constitución de Aguas de Albacete», recriminó el edil popular.

Garrido criticó que el alcalde de Albacete dijera que sabía que el Supremo iba a anular esta concesión porque el criterio de experiencia es ilegal y, sin embargo, «este mismo criterio se valora en otros concursos públicos de adjudicación hasta marzo de 2004; si el alcalde sabía que era ilegal, ¿por qué lo mantiene hasta ese año?», se preguntó el concejal del PP que consideró pues que «tan ilegales son los contratos que ha consentido el alcalde como la adjudicación del agua en 1997».

El concejal popular indicó que, a pesar de que los socialistas criticaron la privatización de la gestión del ciclo integral del agua, hoy por hoy esta gestión sigue siendo «indirecta» y corre a cargo de una empresa mixta, de la cual el Ayuntamiento sólo tiene el 26% de su capital, es decir, que el servicio «no es municipal», con la diferencia además de que a Aquagest «se le ha ampliado la adjudicación durante 25 años sin pública concurrencia».

Planta de ósmosis

Garrido, que en varias ocasiones acusó al alcalde de ser un «mentiroso profesional», se refirió también al retraso de la construcción de la planta de ósmosis inversa que mejorará la calidad del agua, una planta que todavía no está construida pero, a pesar de ello y según el concejal del PP, «en el recibo del agua estamos pagando el mantenimiento de una planta que no existe».

Por último, dijo no creer que una sentencia judicial no se pueda cumplir y consideró que es Pérez Castell a quien le corresponde ejecutarla.