El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha propinado una severa reprimenda al Gobierno español porque considera que ha incumplido sus obligaciones para elaborar y aprobar los nuevos planes de cuenca dentro del plazo establecido, según la sentencia dada a conocer ayer en la que el tribunal da la razón al recurso por incumplimiento presentado por la Comisión Europea. Resalta que el Ejecutivo español ha vulnerado la Directiva Marco de Agua, ya que la nueva planificación hidrológica debía estar aprobada en 2009. Solo se ha renovado la planificación de las Cuencas Internas de Cataluña, competencia del Gobierno catalán. El Ministerio de Medio Ambiente ha culpado al anterior Gobierno socialista por este retraso. Los nuevos planes de cuenca son la base para la planificación hidrológica nacional que debe resolver el déficit estructural de la cuenca del Segura, la cual está pendiente desde entonces.
Ecologistas en Acción, que presentó en el año 2010 una queja por este motivo, advierte de que puede producirse una segunda sentencia condenatoria con la correspondiente sanción económica, ya que dichos planes no estarán aprobadas hasta el año que viene, acumulando más retraso. Los planes del Segura y del Tajo son los más complicados de casar debido al Trasvase.
Complejidad autonómica
En esta ocasión, el Reino de España ha sido condenado al pago de las costas. En el periodo de alegaciones, el Gobierno no niega el retraso producido -el cual le viene imputando sistemáticamente la Comisión Europea- en la adopción y publicación de los planes, pero alega que esta dilación «se debe a la complejidad del sistema jurídico e institucional existente en España y, en concreto, al reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas». Asimismo, el Reino de España invocó los progresos alcanzados y señaló que, en cualquier caso, existen planes hidrológicos en vigor para todas las cuencas y que no existe un vacío en la protección de las aguas en España. Dijo que le correspondía a la Comisión Europea aportar la prueba de que estos planes no son conformes con los objetivos la Directiva de Aguas, cosa que no ha hecho, por lo que a juicio del Gobierno español no se ha demostrado la existencia del incumplimiento.
Esta línea de defensa que ejerció España ante el Tribunal de Justicia de la UE no se compadece con la postura adoptada ayer por el Ministerio de Medio Ambiente, que sí ha reconocido el incumplimiento por parte del Gobierno central, culpando del mismo al PSOE.
Críticas de los ecologistas
La Comisión Europea había pedido al Tribunal que declarara el incumplimiento de España por tres motivos, empezando porque el país no había respetado la obligación de adoptar y publicar antes del 22 de diciembre de 2009 los planes hidrológicos de cuencas, excepto Cataluña. Además, recriminaba a España la falta de notificación a Bruselas de los planes antes de la fecha límite del 22 de marzo de 2010. Por último, la CE consideraba que, salvo en 13 demarcaciones hidrográficas, España había incumplido el proceso de información y consulta públicas sobre los borradores de planes. Entre éstos se encuentran los del Segura ni del Tajo.
Ecologistas en Acción recalca que según la sentencia el Gobierno central no elaboró a tiempo los planes de cuenca (excepto el de las Cuencas Internas de Cataluña), que debían haberse entregado a la Comisión Europea en 2010. Este colectivo espera que esta sentencia «sirva para que los planes sean elaborados cuanto antes y que se corrija el rumbo de los borradores que ya se conocen, para evitar así una serie de nuevas condenas».
«Hasta ahora el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguraba que los planes no estarán listos hasta 2013. Esto podría provocar una nueva sentencia condenatoria que, dado el volumen de planes que incumplen el plazo, podría ser muy elevada», indica.
Explica que la sentencia reprende al Gobierno por no haber cumplido con los requisitos de información y consulta al público en una serie de cuencas. En este sentido Ecologistas en Acción también solicita al Gobierno que garantice unos periodos de consultas de calidad que permitan que las aportaciones de las distintas partes interesadas sean tomadas en cuenta.