La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha rechazado la implantación del nuevo impuesto sobre el agua que pretende establecer el Ministerio de Medio Ambiente y advierte que, de llevarse aefecto, será un nuevo atentado contra la competitividad agraria, precisamente en unos momentos muy delicados para la economía del sector rural, por la crisis de bajos precios y por la grave sequía.
Andrés del Campo, presidente de Fenacore, ha explicado que la nueva “tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua”, que incorpora el borrador de reforma de la Ley de Aguas, supondrá un coste anual de más de 30 millones de euros para el regadío español duran te el primer año, y considera que se trata de una nueva denominación, un “eufemismo”, para rescatar la “controvertida ecotasa’’ que ya pretendió implantar el Gobierno tiempo atrás.
Del Campo criticó la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente de gravar a los regantes con un nuevo canon de 0,0002 euros por metro cúbico de agua consumido al año, cuando, en realidad, esta tasa ya está incluida dentro de los costes del organismo de cuenca. Asimismo lamentó la potestad que se arroga el Gobierno de modificar los precios del agua periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado, por considerar que genera “inseguridad jurídica” para los usuarios y pérdida de competitividad para el regadío español, ya que la Administración podrá hacer oscilar “arbitrariamente” los precios en función de sus propios intereses y “afán recaudatorio”.
Además, el responsable de los regantes españoles señaló que el borrador de reforma de la Ley de Aguas carece de una evaluación económica que permita conocer los criterios económicos empleados para fijar esta tasa por prestación de servicios, así como los efectos en términos de coste/beneficio que su aplicación tendrá sobre el regadío. Andrés del Campo asegura que el gobierno está incumpliendo su compromiso de no aplicar un nuevo canon del agua o ‘ecotasa’ al menos hasta 2010, tal como establece la Directiva Marco de Aguas de la UE. Afirma que es ‘‘inoportuno’’ y que se incumple el principio de recuperación de costes.