La pregunta aún sigue en el aire y la incertidumbre se mantendrá hasta el último momento. Supuestamente el próximo 1 de julio tendría que entrar en vigor las nuevas tarifas eléctricas para riego que, según los regantes y las organizaciones agrarias, supondría un incremento en los costes de producción de hasta el 300 por ciento.

Las protestas y reuniones con los responsables del Ministerio de Industria se han sucedido en los últimos tiempos pero, hasta ahora, lo único que ha quedado claro es el compromiso del Gobierno de trasladar a los ministerios implicados la petición de nuevas moratorias. El sector agrario, por su parte, espera que la subida de las tarifas se retrasen hasta que la liberalización del mercado de la energía sea real y efectiva. De momento, habrá que esperar para conocer los resultados.

El secretario general de Energía del Ministerio de Industria, Ignasi Nieto, mantuvo una reunión, el pasado mes de mayo, para debatir la posible moratoria sobre la subida de las tarífas eléctricas para riego con los responsables nacionales de Fenacore, las principales organizaciones agrarias y de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, además de responsables de la patronal eléctrica Unesa, Pedro Rivero, así como de las distintas empresas suministradoras y distribuidoras de energía eléctrica.

Los portavoces del agro y los regantes solicitaron al Ministerio de Industria un aplazamiento de la desaparición de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión para el regadío —que deberán entrar en vigor el próximo 1 de julio de acuerdo al Real Decreto 809/2006 de 30 de junio— al menos hasta que la liberalización del mercado energético se haga realmente efectiva.

En opinión del presidente de Fenacore, Andrés del Campo, la supresión de estas tarifas especiales que aplican los agricultores regantes podría suponer un incremento de costes para los agricultores del orden del 400 por ciento en términos de potencia instalada. En la actualidad, el 25 por ciento del regadío español tiene contratadas tarifas de baja tensión.

Asimismo, Del Campo propuso que se constituya un grupo de trabajo —integrado también por el Ministerio de Agricultura y los sectores eléctrico y agrario— con el fin de estudiar alternativas que faciliten la adaptación gradual de las explotaciones agrarias al mercado liberalizado.

Abaratar los costes

La Comisión de Energía de Fenacore, que reúne a representantes de comunidades de regantes de toda España (incluidas las insulares), acordó en su encuentro solicitar ofertas conjuntas de suministro eléctrico, de manera que actuando como “cliente único, y agrupando las necesidades de energía de todas las comunidades asociadas, pueda obtener un precio más asequible que permita la disminución del coste del kilowatio/hora”.

La Federación de Regantes considera que la aplicación de las nuevas tarifas eléctricas —que deberán entrar en vigor el próximo mes de julio si no se consigue la prórroga solicitada— puede frenar el proceso de modernización y transformación de regadíos —con el consiguiente ahorro de agua que éste conlleva— ya que supondrá un encarecimiento de la factura eléctrica de entre un 20 y un 40 por ciento en función de las distintas zonas regables.

Según datos de Fenacore, en los últimos años el precio de la electricidad para la agricultura de regadío se ha incrementado en un 30,3 por ciento para todos aquellos regantes que se han mantenido en el mercado regulado, mientras que para las comunidades que se han acogido a los precios del mercado, por la liberalización del sector eléctrico, el precio ha aumentado en torno a un 42 por ciento.

Argumentos de ASAJA y UPA

En la reunión celebrada en el Ministerio de Industria, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA insistió en el mantenimiento de las actuales tarifas con distintos argumentos. En primer lugar, destacó que no existe normativa europea que establezca fecha alguna para la eliminación de las tarifas eléctricas. Las directivas europeas se refieren a la “apertura del mercado” pero ésta en ningún caso puede comenzar por la eliminación de tarifas sino por asegurar las condiciones de libre mercado (libre competencia, oferta suficiente…), explican los portavoces de la asociación agraria.

Asimismo, recuerdan que el sector del regadío, muy atomizado, está atravesando una mala coyuntura debido a las crisis de precios en origen y las reformas de OCMs, pese a todo, es el que mayores índices de exportación y empleo presenta. Una subida de las tarifas de riego que significa casi un 300 por ciento en términos de potencia en la factura eléctrica supondría, según ASAJA, una merma de competitividad inasumible para la agricultura de regadío en estos momentos.

Además, recordaron que tanto los planes y programas de desarrollo sostenible elaborados por el Ministerio de Agricultura como la propia Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 abogan por un uso eficiente y sostenible de la energía.

La OPA advierte en este sentido que una subida de estas características llevaría al sector a recurrir a los generadores de gasoil, es decir, mayor contaminación y empleo de recursos fósiles. »La eliminación de las tarifas eléctricas es incongruente con los principios defendidos tanto en estos programas de desarrollo rural como en la propia Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética», aseguran.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) consideró »positiva» la reunión con el Ministerio de Industria, aunque no se haya conseguido de momento el objetivo de establecer una nueva moratoria para la entrada en vigor de las nuevas tarifas para riegos.

UPA estima que se ha producido un »cambio de actitud por parte de la Administración» que, según los portavoces de la organización agraria, »ha tomado conciencia» de la grave situación por la que atraviesa el sector agrario con un proceso de reestructuración en algunos sectores como la remolacha, el algodón, las frutas y hortalizas o el vino que hacen que un cambio como el que se propone en el régimen tarifario de la electricidad supusiera un elemento definitivo para el abandono de miles de explotaciones familiares agrarias, por inviabilidad económica para seguir en la actividad.

COAG convocará movilizaciones

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, no ha dudado a la hora de convocar movilizciones en todo el país si el Ministerio de Industria no aprueba la moratoria sobre la subida de las tarifas eléctricas para riego.

Entre tanto, la organización agraria ha pedido que se constituya una mesa de negociación con el fin de establecer unos precios reducidos para la electricidad utilizada para riego, »propuesta que ha aceptado el Ministerio», confirma COAG.

»Es indudable que los agricultores no podemos soportar un aumento más de los costes.

Tras las duras reformas de la PAC y el proceso de reconversión al que han forzado a muchos sectores, la caída de los precios en origen y el recorte de ayudas, el sector agrario no puede soportar un aumento de las tarifas elécticas para riego», subrayó el secretario general de COAG, Miguel López.