«Hay unos 7.000 agricultores que deberán acreditar si son activos»

Mantenimiento del presupuesto,  mantenimiento del apoyo a sectores que corrían riesgo de quedarse excluidos y respaldo preferente a los agricultores y ganaderos que de verdad viven del campo. Estos son los tres motivos por los que la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, hizo ayer una valoración positiva del acuerdo de la semana pasada entre las autonomías sobre aplicación de la nueva PAC y del que dio cuenta ayer en rueda de prensa, en la Delegación de la Junta en Albacete para informar sobre los resultados de la negociación sobre la aplicación de la Política Agraria Común en España.
De acuerdo a los datos aportados por la consejera, la ‘ficha financiera’ de la nueva PACpara la Albacete es de 909 millones de euros, una cifra prácticamente idéntica a la Política Agraria Comúnaún vigente. Pero esta vez hay una condición nueva: que al menos el 20 por ciento de sus ingresos agrarios procedan de la venta de productos agrícolas o ganaderos, «con lo que se evita que personas o entidades ajenas a la actividad agraria perciban ayudas, o que el cien por cien de los ingresos de una explotación sean ayudas».
Por último, destacó que, gracias al mantenimiento de las llamadas ‘ayudas acopladas’,  unos 10.918 beneficiarios albacetenses mantendrán unas ayudas que, en la versión inicial de la nueva PAC, iban a perder.
En lo tocante a la obligación de  acreditar que, al menos, el 20 por ciento de los ingresos procedan de ventas de productos agrícolas o ganaderos y, a preguntas de los medios, la consejera estimó que hay unos 7.000 beneficiarios en Castilla-La Mancha que deberán justificar «si son agricultores activos de verdad», por lo que se  les pedirá que acrediten si entran o, no, dentro de esta categoría.
No obstante, Soriano puntualizó que se trata de una cifra aproximada «porque habrá quién podrá acreditarlo, y quién no, por lo que la cifra podría variar». En todo caso, avanzó que la aplicación de esta medida evitará que, en el futuro, haya entidades deportivas, empresas de transporte y, en general, personas físicas o jurídicas ni vinculadas al campo que cobren de la PAC.
Durante su comparecencia, Soriano señaló que, cuando se hizo cargo de la Consejería, en lo tocante a las negociaciones de la PAC, lo que se encontró fue «un desastre total, porque el texto que se había negociado bajo los gobiernos de Zapatero y Barreda dejaba al campo, especialmente a la ganadería, en una situación auténticamente desastrosa», de forma que, en muchos aspectos, hubo que negociar casi desde cero.
De acuerdo a sus cálculos, de haber prosperado las propuestas  que había sobre la mesa, había numerosos perceptores de ayudas que hubiesen debido conformarse «con el 50 por ciento de las ayudas que venían percibiendo», lo que hubiese abocado al cierre a numerosas explotaciones de la región.

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