IU quiere que el Ayuntamiento pida la derogación del convenio de Alarcón

El PSOE pedirá hoy a IU y al PP en el pleno del Ayuntamiento de Albacete que le apoyen en su pretensión de recurrir al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obliga a pagar a la ciudad una indemnización a los regantes valencianos por beber agua de Alarcón en tiempos de sequía.

La portavoz de IU, Rosario Gualda, socia de gobierno de los socialistas, quiere que el Ayuntamiento vaya más allá del recurso judicial, que por supuesto respalda. Quiere que el consistorio pida al Gobierno de la nación que derogue el convenio de Alarcón y la resolución de la Confederación del Júcar, que es a lo que se agarran los regantes de Valencia para exigir el pago de 1.087.000 euros al Ayuntamiento, por haber bebido agua del embalse de Alarcón cuando sus reservas estaban por debajo de un nivel establecido, durante las sequías de 2005, 2006, 2007 y 2008.

En rueda de prensa, Gualda hizo un repaso histórico para explicar cómo se ha llegado a esta situación. Detalló que en el artículo 24 del Plan del Júcar aprobado en 1998 se recogían los usos del embalse de Alarcón y se admitía la «prioridad» de los «riegos tradicionales» de la Comunidad Valenciana y el derecho de las hidroeléctricas a recibir indemnizaciones si se veían perjudicadas.

Pagaron la construcción

La Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), integrada por agricultores valencianos y empresas hidroeléctricas integradas hoy en Iberdrola, que en 1941 asumió el coste de construcción del pantano, unos 10 millones de pesetas, veía así consagrado su privilegio, el «uso preferente» del agua de Alarcón, pese a que la Ley de Aguas establece que primero es beber y después es regar.

En 2001, el Ministerio de Medio Ambiente, entonces presidido por el popular Jaume Matas, y la USUJ llegaban a un acuerdo, que fue bendecido por la Junta, entonces presidida por José Bono. Los regantes valencianos e Iberdrola cedían el uso del pantano, pero no la propiedad. Durante 60 años, quedaban libres de abonar los gastos de conservación de la presa, que pasaban a ser asumidos por la administración. Pero los propietarios se guardaron un as en la manga: una cláusula de salvaguarda, en la que fijaban un volumen de reserva mínima de agua, a partir de la cual no se puede derivar agua que no sea para regar. La curva se fijó en 263 hectómetros cúbicos para el verano, cuando el pantano tiene una capacidad de 1.105 hectómetros. En 2005, con la sequía, se alcanzó esa curva y la ciudad de Albacete tomó agua de Alarcón para beber. Los agricultores valencianos, acogiéndose a una resolución de la Confederación del Júcar donde se fijó la tarifa de las indemnizaciones, reclamaron al Ayuntamiento el pago de 1.087.000 euros. Iberdrola no ha dado ese paso, pero según los cálculos de IU, podría exigir una indemnización de hasta 2.098.531 euros. El consistorio se negó a pagar, recurrió a los tribunales, pero en primera instancia no ha conseguido que le den la razón. Ahora, el asunto llegará al Supremo. Pero IU insiste en que se debe ir más allá, «hay que revisar el Plan del Júcar de 1998 que es el que posibilita estos desmanes», dijo Gualda, que insistió en que, para empezar, debe cumplirse una sentencia del 2004 del Supremo en la que se delimitaba la cuenca del Júcar, «porque ni la ciudad de Valencia que bebe agua del Júcar, ni los regantes del Turia, pertenecen a la cuenca». «El agua -insistió Gualda- no es propiedad privada y es inmoral e ilegal pagar un peaje por beberla».