La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada¹, ha asegurado hoy ante el Pleno de las Cortes Regionales, que con la participación activa del Gobierno regional “y también con la de toda nuestra sociedad civil, las demandas en materia hidrológica de nuestra Comunidad van a ser impulsadas y defendidas por el Estado, dentro de un marco normativo infinitamente más seguro, eficaz y de aplicación en todo el territorio nacional”.

De esta manera se ha expresado la titular de Fomento en referencia a la iniciativa del Grupo Popular de retirar la Proposición de Ley relativa al agua de Castilla-La Mancha, presentada por el anterior Ejecutivo regional.

Marta García² de la Calzada ha subrayado que las circunstancias que daban aliento a esta Proposición de Ley han desaparecido, dado que “los objetivos contenidos en ella van a estar salvaguardados en los nuevos planes de demarcación que se están elaborando en el nuevo Plan Hidrológico Nacional³, que va a garantizar las necesidades hídricas de nuestra región, siendo beneficioso para Castilla-La Mancha y para nuestro país”.

“El nuevo Gobierno nacional, en apenas un mes tras su toma de posesión, se ha comprometido a alcanzar un Pacto Nacional del Agua que supere el fracaso de 2005 y el desacierto de una política hidráulica que no benefició a Castilla-La Mancha. Y, lo que es más importante, se abre la puerta al espíritu de consenso de 2001”, ha recalcado la consejera.

La titular de Fomento ha recordado ante el Pleno de la Cámara que el Plan Hidrológico⁴ Nacional de 2005, que supuso la derogación parcial del Plan Hidrológico Nacional de 2001 a instancias del Partido Socialista⁵, “dejó a Castilla-La Mancha huérfana en cesión de agua y dejó a la cuenca del Tajo como única cuenca cedente en todo el territorio nacional”.

Además, Marta García ha criticado que “la filosofía del Plan de 2005 era que las necesidades del sureste español se atendieran exclusivamente con aguas del Tajo y de las aguas procedentes de desaladoras que, por decenas, se iban a construir en el litoral mediterráneo”.

“De las 51 desaladoras previstas, sólo hay 17 en funcionamiento y a un nivel de capacidad del 16 por ciento, 15 están todavía en construcción, y el resto de las previstas están en trámites”, ha enumerado la consejera.

Además, para llevar a cabo este plan, Marta García ha detallado que la inversión ha sido de 1.664 millones de euros, “siendo necesario llegar a la cantidad de 2.420 millones de euros para poder finalizarlo, a lo que hay que sumar el alto coste energético y medioambiental de estas instalaciones”.

Por todo ello, la responsable de Fomento ha calificado el citado Plan Hidrológico del año 2005 como un fracaso. “Y así también lo debieron entender los miembros del Partido Socialista, porque inmediatamente iniciaron una catarata de iniciativas administrativas, judiciales y legislativas de escaso resultado, que revela no tanto la firme defensa de los intereses de los castellano-manchegos, sino un reconocimiento de su error al haber respaldado el Plan de 2005, y una rectificación por la vía inadecuada”.