La Junta afirma que Moncloa acepta los 6.000 Hm3 a pesar de Puxeu

Barreda reitera que «que el Estatuto de Castilla-La Mancha no se decide en Murcia» y desafía así la proposición de ley en defensa del Tajo-Segura que ha aprobado la región vecina

 L.G.E. / S.L.H. / Toledo

Moncloa acepta la reserva estratégica de 6.000 hectómetros cúbicos que ha propuesto la Junta en el Estatuto. La portavoz del Gobierno regional negó que las declaraciones del secretario de Estado de Agua hayan obstaculizado la negociación del Estatuto. «Si bien es un miembro del Gobierno, Puxeu estaba manifestando sus opiniones personales más que la decisión del Gobierno», concretó. Isabel Rodríguez defendió que si a Puxeu le hacía daño a la vista los 6.000 hectómetros cúbicos, a Moncloa esta cifra le parece bien y por eso es la propuesta que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados.
«Las negociaciones se están trabajando para alcanzar ese acuerdo que exigimos venga a garantizar nuestros derechos de agua para presente y futuro», comentó Rodríguez, «se lo vamos a decir ante quien sea, ante el secretario de Estado, el presidente de Gobierno o ante quien sea necesario». De hecho Barreda tardó sólo un día en responder a Puxeu.
Rodríguez explicó que el presidente autonómico «habla alto y claro y antes quien haga falta». Por eso no se extraña por que se pueda «escuchar a mucha gente responder a Barreda y no a Cospedal, que pocas veces habla defendiendo los intereses de Castilla-La Mancha».
La anécdota del día vino protagonizada por las declaciones de la senadora del PP Carmen Riolobos, que el martes comentó que a este paso a Barreda le iba a cuestionar hasta el portero de la calle Ferraz. Ayer de mano de la portavoz del Gobierno se desveló que dicho portero se llama Daniel y que precisamente es castellano-manchego, concretamente de Alcázar de San Juan. «No tenemos ningún inconveniente con las opiniones de los porteros de ningún sitio», comentó la portavoz, «y me gustaría que los dirigentes el PP supieran que todos los porteros son respetables».
Al respecto, la diputada popular Ana Guarinos, tras dejar claro que su partido siente mucho respeto por todos los ciudadanos, incluido el portero de Ferraz, consideró que la reforma del Estatuto causa no solo discrepancias en el seno del PSOE, sino que el Gobierno de España debería «aclarar» cuál es su «opción» sobre la reserva estratégica.
Opinó que dentro del Gobierno central hay «muchas voces» que cuestionan las pretensiones de Barreda, por lo que acusó al presidente regional de ser «incapaz» de defender los intereses de Castilla-La Mancha. «Lo único que hace es enzarzarse en peleas con el Gobierno de España» y «abrir vías de escape interesadas».
Por último, insistió en que el PSOE puede sacar adelante la reforma estatutaria sin el Partido Popular.

Desde Murcia
La batalla del Estatuto también se libró ayer desde Murcia. La Asamblea regional de esta comunidad aprobó por unanimidad remitir a las Cortes Generales una proposición de ley en defensa del trasvase Tajo-Segura, como respuesta al debate sobre la caducidad del acueducto o las reservas estratégicas que ahora plantea la Junta de Castilla-La Mancha. Aun así, también hubo fuego amigo en el parlamento levantino. Los socialistas afirmaron que la iniciativa que se aprobó ayer, «se debió hacer antes». El PP contestó que con este aplazamiento han podido actualizar la iniciativa a las últimas propuestas del Estatuto regional.
La ofensiva murciana ha tenido rápidamente una respuesta de Barreda. El presidente autonómico declaró que «el Estatuto de Castilla-La Mancha no se decide en Murcia, se decide en Castilla-La Mancha» y que eso «está más claro que el agua». Barreda desafió así al parlamento murciano y a sus iniciativas que coinciden justo con la tramitación del Estatuto en el Congreso de los Diputados.

La Región revisará su normativa para suprimir los trámites de crear una empresa
Una empresa de índole industrial se tarda en constituir 150 días en Castilla-La Mancha y cuesta 2.000 euros. «Quizá a una persona muy emprendedora esto no sea un inconveniente, pero desde luego tampoco es alentador», comentó la portavoz del Gobierno. Para eliminar estas barreras, la Junta ha diseñado un nuevo Programa para la Simplificación de Trámites y para el Fomento de la Creación de Empresas.
Isabel Rodríguez explicó que el Gobierno va a revisar legislación y normativa para «reducir, simplificar e incluso eliminar algunas de las trabas administrativas». El programa no se queda ahí, también se van a volcar en internet todos los procedimientos necesarios para implantar una empresa. Entre otras medidas, la Junta formará específicamente a los funcionarios para ayudar a la simplificación de trámites.
Además se prevé ampliar el número de puntos de asesoramiento e inicio de trámites para comenzar una nueva actividad empresarial. Otro de los caballos de batalla será la coordinación y colaboración entre las diferentes administraciones implicadas. «Vamos a promover una red de carácter autonómica que ponga en común los recursos de asesoramiento e información que existen en la Región para empresarios y emprendedores», apuntó Rodríguez.

Dinero a los consistorios
Otro de los acuerdos de Gobierno va dirigido a aumentar el dinero que la Junta entrega a los ayuntamientos con el Fondo de Cooperación Local (Forcol). En concreto se incremente la parte incondicionada hasta un 70%, es decir la que se puede utilizar para gasto corriente. De esta forma la partida global para todos los municipios sube hasta los 41,2 millones a costa de reducir el presupuesto condicionado, es decir para obras e inversiones. Rodríguez señaló que espera que este dinero «sea un respiro también para los autónomos y pequeñas y medianas empresas que prestan servicios a los ayuntamientos».
Otro acuerdo del Gobierno regional repartirá 5 millones de euros a los municipios que acometan obras en su red de saneamiento. Con un tope de 100.000 euros por ayuntamiento, la portavoz explicó que la mayor parte de las obras serán para evitar que se filtre agua limpia, ya sea de lluvia o subterránea, en los conductos de aguas residuales que llegan a las depuradoras. La cuantía se fijará por el número de habitantes o el tipo de obras solicitadas.