E l presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, dio ayer un nuevo golpe de efecto en la batalla que mantienen los usuarios contra el Ministerio de Medio Ambiente en forma de una nueva demanda judicial contra el departamento que dirige la ministra Cristina Narbona, al que van a reclamar en los tribunales unos cien millones de euros -más de dieciséis mil millones de las antiguas pesetas- en concepto de indemnización por los presuntos daños y perjuicios ocasionados por la paralización de las obras en 2005 y por el posterior cambio del proyecto. Los servicios jurídicos de la Junta Central tienen ya preparada una primera demanda en la que reclaman 752.283 euros pagados por los usuarios entre 2003 y 2006 por diferentes conceptos, entre los que destacan, la comisión de apertura del fallido crédito sindicado de 75 millones de euros que acordaron con la Caja del Mediterráneo y otras entidades de ahorro para aportar su participación económica en las obras del proyecto original Cortes-Villena. Martínez, entiende, por otro lado, que la deuda de 43 millones de euros a 30 de septiembre de 2005 que en su día les reclamó Aguas del Júcar por certificaciones del proyecto «no tiene ningún sentido cuando la sociedad estatal cambió el trazado de forma unilateral y sin contar para nosotros. Incluso nos expulsaron del consejo de administración con lo que sólo faltaba ahora que tuviéramos que pagar por una obra que no nos hacen, sería surrealista». Recordar, además, que Aguas del Júcar había llegado a un acuerdo con los usuarios para que la deuda se pagara vía tarifas cuando llegara el agua. La ruptura de relaciones entre la Junta y la sociedad estatal dio al traste con los acuerdos y anunció el comienzo de la guerra del agua que ha llevado el proyecto a los juzgados.

Andrés Martínez considera que la Junta Central tiene argumentos legales suficientes para plantear la demanda «desde el 22 de junio cuando la ministra firmó la autorización para el comienzo de las obras en el tramo «C» del nuevo trazado y, por lo tanto, existe ya un documento oficial para reclamar daños y perjuicios a Patrimonio del Estado. Todavía no tenemos la cantidad exacta que nos correspondería de indemnización pero calculamos unos cien millones de euros», subrayó ayer el presidente de la Junta Central quien apoyó su reivindicación en dos argumentos para él irrefutables: el proyecto inicial preveía que el trasvase Júcar-Vinalopó fuera una realidad el pasado mes de mayo y el retraso está provocando un daño irreversible a los acuíferos del Vinalopó cuyo nivel desciendo, en algunos casos, a razón de diez metros al año.

La Junta Central ha intentado acercar posturas con el Ministerio de Medio Ambiente en los últimos meses renunciando incluso a la toma en Cortes de Pallás si Aguas del Júcar trasladaba la captación del agua desde el Azud de la Marquesa al de Antella. No ha habido respuesta ni de Madrid ni de Valencia al insistir el Ministerio en que la decisión del cambio de trazado fue técnica. La Junta Central continúa rechazando el agua del Júcar y Aguas del Júcar sólo tiene respaldo a su proyecto de dos comunidades de regantes – Agosto y Monóvar – y una agrupación de propietarios de Elche que, según la Junta, no forma parte del colectivo al no tener derechos sobre el agua subterránea.

Por otro lado, han pasado ya cinco meses desde que Aguas del Júcar presentara en febrero el tramo «C» – Barxeta-Xátiva – ante la Confederación Hidrográfica del Júcar anunciando para marzo el comienzo de las obras. La empresa asegura que este mismo mes pondrá la primera piedra pero sigue tramitando los otros cuatro tramos que no tienen fecha de inicio. La canalización Azud de la Marquesa-Villena tiene una longitud de 93 kilómetros, con un caudal contínuo de 2,6 m 3 por segundo y punta de 3,5 m 3 y capacidad para trasvasar 80 hm 3 al año.