La justicia anula el plan de reparcelación de La Losilla por no tener garantizada el agua

Nuevo varapalo, esta vez judicial, a la construcción de la macrourbanización de la Losilla. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número de 2 de Albacete ha anulado el plan de reparcelación aprobado por el Ayuntamiento de Chinchilla por considerar que no están garantizados los recursos hídricos para la construcción de esta macrourbanización. Lo que anula el juzgado es la resolución de alcaldía, aprobada el 27 de noviembre del 2007, en la que se aprobaba definitivamente el proyecto de reparcelación del área de reparto número 1 (APR-1, La Losilla) del Plan de Ordenación Municipal de Chinchilla, tras la denuncia interpuesta por Izquierda Unida en abril del 2008.

La Comisión Provincial de Urbanismo emitió en febrero del 2006 el informe favorable al plan de la Losilla, aunque lo condicionó a la resolución de varios factores, entre ellos a que contara con un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el que se expresara claramente si existían recursos hídricos suficientes para atender las necesidades de una macrourbanización de más de 1.800 chalés.

Pero según la resolución judicial, el Ayuntamiento de Chinchilla desoyó los requerimientos de la Comisión Provincial de Urbanismo y aprobó en el pleno municipal el 30 de mayo del 2006 el Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) con los votos del equipo de gobierno socialista y del PP en la oposición «ignorando la existencia de recursos hídricos suficientes para garantizar el abastecimiento a todo el área de reparto». Entonces el Ayuntamiento aportó una escritura con una opción de compra de la Finca de la Morena con dos pozos que aseguraban que garantizarían el suministro de agua, «obviando de manera incomprensible la condición que para tal aprobación le venía impuesta de manera vinculante».

En la sentencia, el juez incluso se muestra irritado con el Ayuntamiento porque «a pesar de los intentos por sostener lo contrario no existe hasta la fecha ningún informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar dando cumplimiento a lo interesado por la Comisión Provincial de Urbanismo». Explica además que el único informe que se presenta por parte del Ayuntamiento chinchillano es uno del 12 de abril del 2007 en el que la Confederación asegura que no se puede pronunciar sobre la existencia de recursos hídricos para La Losilla porque los pozos de la Finca de la Morena pertenecían al término municipal de Albacete y no al de Chinchilla.

Ilegalidad de todo el PAU

Lo que anula el juez es el decreto del Ayuntamiento que aprueba definitivamente el proyecto de reparcelación pero considera que toda la aprobación del PAU debe ser considerada nula, ya que no se habían solventado los problemas remarcados por la Comisión Provincial de Urbanismo.

Para ello, como reconoce que no tiene competencias para hacerlo, plantea elevar, cuando la actual resolución sea firme, una cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para que se declare la nulidad de todo el PAU.

Izquierda Unida se opuso desde el principio a la construcción de La Losilla «porque suponía una modificación encubierta de Plan de Ordenación Municipal de Albacete», tal y como recordó ayer durante la valoración de la sentencia la portavoz izquierdista en el Ayuntamiento de Albacete, Rosario Gualda.

La edil de IU recordó que en un principio el Ayuntamiento de Albacete también se opuso a la construcción de esta macrourbanización «por los graves perjuicios que tendría para la ciudad» en la fase de consulta interadministrativa que era obligatoria ya que La Losilla se ubicaba en el límite con el término municipal de Albacete, pero poco a poco esa oposición desaparición según IU porque la urbanización «estaba amparada e impulsada» por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por el entonces consejero de Urbanismo, Alejandro Gil «y financiada por CCM, que por actuaciones como esta fue intervenida por el Banco de España», aseguró el coordinador provincial de IU.

Esta urbanización supondría triplicar la población de Chinchilla que sumaría más de 7.000 nuevos vecinos a los apenas 2.300 habitantes con que contaba cuando se inició su tramitación allá por el 2003.

La portavoz izquierdista en el Ayuntamiento de Albacete recordó que su formación siempre había considerado La Losilla como un «pelotazo urbanístico» porque «se había ahí para evitar la construcción de viviendas de protección oficial» (la normativa regional sólo obligaba a construirlas en localidades mayores de 10.000 habitantes).

Amparado por la Junta

El coordinador provincial de la formación izquierdista mostró ayer «una doble satisfacción» tras conocer la sentencia porque se «ha conseguido frenar el modelo de desarrollo impulsado por la Junta que busca beneficiar a unos pocos promotores, aunque sea a costa de perjudicar al medio ambiente» por un lado y por otro «que conseguimos que se cumplan las leyes».

Aguilar anunció que su formación estudiará en los próximos días si inicia un proceso para pedir responsabilidades de tipo político y penal «por una supuesta prevaricación, ya que se aprobó el proyecto a sabiendas de que no había recursos hídricos».

Se da la circunstancia de que el proyecto se encuentra paralizado por la actual situación económica ya que, como admitió uno de los promotores, Sebastián Moreno, a este diario hacía falta un crédito de 60 millones de euros para llevarla a cabo y no encontraban una entidad que lo financiara.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ya rechazó en marzo del 2009 el recurso presentado por IU a todo el PAU «por defectos de forma, sin entrar al fondo del asunto».

La sentencia ha provocado «sorpresa y extrañeza en el Ayuntamiento de Chinchilla» que recuerda que la Confederación Hidrográfica del Júcar ya ha tramitado el cambio de uso del agua, de uso agrícola a uso residencial, de unos derechos que tenía el agente urbanizador.

Así lo explicó ayer a este diario el concejal de Urbanismo chinchillano que aseguró que la resolución incluso está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 12 de agosto de este mismo año. Ballesteros aclaró que lo que se ha hecho es un cambio de uso de las aguas cuyos derechos ostentaba el agente urbanizador por 985.000 metros cúbicos de agua, «aunque para La Losilla sólo harían falta 655.000». Además, recordó que el agente urbanizador ha renunciado incluso al 15% que tiene que ceder al Estado.

«Alguien nos tendrá que explicar esto», argumentó Ballesteros que aseguró estar «muy tranquilo» porque «desde el principio hemos actuado con mucho rigor».