La reforma del Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha podría estar antes del verano. Así lo anunció ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que asistió en Albacete a unas jornadas para debatir sobre el estatuto básico del empleado público. Sevilla recordó que todas las reformas estatutarias planteadas por las comunidades autónomas al Congreso han sufrido modificaciones tras su paso por la Cámara Baja y señaló que la de Castilla-La Mancha no tiene porque ser diferente.

Sevilla recordó que la fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura está incluida en la propuesta que ha salido de las Cortes de Castilla-La Mancha, «pero como todas las reformas estatutarias ahora tienen que discutirse, debatirse y aprobarse donde reside la soberanía nacional, aunque la experiencia demuestra que hasta ahora todas las propuestas se han pactado, negociado y discutido y se han cambiado, por lo que estoy seguro que también seguirá el mismo procedimiento el Estatuto de Castilla-La Mancha».

No obstante, el ministro de Administraciones Públicas no quiso pronunciarse sobre si la caducidad del trasvase será uno de los puntos que se modifique en esta negociación en el Congreso. «En este momento es prematuro decir si éste será uno de los puntos que será eventualmente negociado, pactado y corregido».

Sevilla recordó que la propuesta de reforma que ha emanado de las Cortes de Castilla-La Mancha ya ha llegado al Congreso de los Diputados, «por lo que es razonable que tengamos la reforma antes del verano». El ministro recordó que la Comisión Constitucional, que es la que se ocupa del seguimiento de las reformas estatutarias, «en las que esta legislatura ha cogido ya carrerilla, por lo que se pueden garantizar unos plazos como esos».

Siguen las negociaciones

También se pronunció el máximo responsable de Administraciones Públicas sobre el proceso de transferencias de Justicia a Castilla-La Mancha. En este sentido, Sevilla recordó que sigue el proceso negociador, «porque una de las grandes obsesiones de mi Ministerio hasta ahora ha sido abordar las grandes transferencias pendientes de los Estatutos hasta ahora en vigor». Recordó que de momento sólo se ha alcanzado un acuerdo con Asturias para cerrar las transferencias de Justicia, «y tenemos la negociación muy avanzada con Aragón, con Baleares y con Castilla-La Mancha». El ministro admitió que el obstáculo en las negociaciones se encuentra en la valoración y el coste económico que el Estado tendrá que traspasar a la Comunidad junto con las competencias.

Sevilla reconoció que la reforma estatutaria ha supuesto una cierta demora «porque la prioridad se ha puesto más ahí que en la transferencia, pero la voluntad del Gobierno de España, y entiendo que también del de Castilla-La Mancha, poder garantizar que antes de que finalice la legislatura nacional se haya procedido a ese traspaso de competencias, en el año 2008».