05.04.13 – 09:22 –

BERNAT SIRVENT | ALICANTE.

PROTAGONISTAS

ANDRÉS MARTÍNEZ PRESIDENTE JUNTA CENTRAL USUARIOS

«Es una especie de espada de Damocles que está ahí y hay que tenerla muy en cuenta, porque el Ministerio todavía no se ha puesto en contacto con nosotros, con los usuarios, para firmar un convenio para consumir el agua del trasvase y hacerlo económicamente viable; no renunciamos incluso al agua del Azud de la Marquesa, pero solo será sostenible si llega agua de Cortes de Pallás».

M. ARIAS CAÑETE MINISTRO DE AGRICULTURA

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, aún no se ha dirigido oficialmente a los usuarios de la Junta Central del Vinalopó desde la formación del nuevo Gobierno de Rajoy. No hay convenio para el uso del agua para riego. Ni precios. La obra empezó en el año 2004 y, un año después, se cambió la toma para ceder ante las pretensiones entre el PSPV y los regantes de Valencia.

El Gobierno de España recibirá a final de este mismo mes una notificación de la Unión Europea, a través de la dirección general competente en ayudas y subvenciones, para que devuelva unos 120 millones de euros recibidos en los últimos años para obras de mejora y ahorro de agua en toda la cuenca, incluido el controvertido trasvase Júcar-Vinalopó. El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez Espinosa, advirtió de esta problemática que se cierne sobre los regantes alicantinos y valencianos en próximas fechas de concretarse esta demanda.

Andrés Martínez Espinosa, que asistió a la creación de la comisión técnica de la Mesa del Agua de la Diputación el pasado miércoles por la mañana, participó al mediodía en el almuerzo y junta directiva de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, que tuvo lugar en su localidad natal, Villena.

Los empresarios querían conocer las últimas novedades sobre el debate del agua y, más en concreto, qué ocurre con el polémico trasvase Júcar-Vinalopó, iniciado hace una década y cuyo funcionamiento se halla totalmente bloqueado por falta de convenio entre Administración y usuarios y, además, por la rotura imprevista de la balsa de San Diego, en Villena, cuyas obras se dilatarán durante varios meses para reparar las filtraciones que obligaron a su vaciado.

Martínez Espinosa realizó una larga intervención en la que alertó de que, «frente a las decisiones e intereses políticos concretos, falta una base jurídica que está obsoleta y que no se ha renovado, pese a que las directivas europeas así lo establecen desde el año 2009». Se refiere a que, mientras el plan de cuenca del Tajo (que también genera polémica por el aumento de la reserva estratégica y su efecto en el trasvase al Segura) y el del Segura (pendiente de información pública pero ya elaborado técnicamente), el del Júcar todavía no se ha elaborado.

El líder de los regantes de la provincia, que abanderó en el 2005 una dura campaña contra el Gobierno central por el sorpresivo cambio de toma desde la construida ya en Cortes de Pallás, en el curso medio, hasta el Azud de la Marquesa, en la desembocadura, en Cullera, está convencido, como ayer ratificó a este diario, de que llegará la denuncia a finales de este mes, según fuentes de altos funcionarios del Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete. ¿Por qué?. Por el incumplimiento flagrante de la aprobación del plan hídrico del Júcar, con cinco años de retraso y paralizado por diversas controversias, y por el bloqueo sistemático del trasvase al Vinalopó.

En realidad, Martínez Espinosa cree que el Gobierno de Bruselas podría hacerle devolver al Gobierno de Madrid los 400 millones de euros invertidos en la tubería entre Cullera y los Alhorines, en Villena, así como las canalizaciones realizadas por la Conselleria de Agricultura en obras de regulación del postrasvase en la margen izquierda y derecha del río Vinalopó.

Los usuarios creen que el Ministerio de Arias Cañete debería haberse dirigido ya a ellos para tratar de reconducir el trasvase y darle contenido al necesario convenio para fijar precios y volúmenes trasvasables. «Podemos usar agua del Azud de la Marquesa con depuradoras, pero no podemos renunciar al proyecto económicamente sostenible de Cortes de Pallás», explica Martínez Espinosa.

Para colmo de males, la balsa de San Diego, el tramo más costoso de todos, con 40 millones de euros, sufrió fugas de agua el pasado año y tuvo que ser vaciada para su reparación. La operación dilatará en el tiempo el inicio real del trasvase. Solo se aprovecharon 4,3 de los 12 hectómetros cúbicos que había almacenados tras las primeras pruebas de la canalización en los dos últimos años. Esta obra tiene por objeto regular el envío de las aguas procedentes de la desembocadura del Júcar, en el Azud de la Marquesa, en Cullera, aunque la Junta Central no descarta tampoco la revisión del proyecto integral, desde Cortes.