El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó hoy una resolución que insta al Gobierno de España a cumplir las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura mientras exista, apoya a la Junta en su recurso al último trasvase y pide al Ministerio de Medio Ambiente ‘controles exhaustivos’ del uso del agua.

La propuesta de resolución presentada por el grupo socialista fue aprobada con los votos de los diputados del PSOE y con la abstención de los del PP, quienes habían planteado una propuesta alternativa que fue rechazada por la mayoría socialista.

La resolución aprobada considera ‘improcedente’ el acuerdo del Consejo de Ministros del 2 de febrero que autoriza un trasvase de once hectómetros cúbicos de agua desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura y exige al Gobierno que cumpla las reglas de explotación del trasvase mientras éste exista.

Además, en la resolución se ‘apoya’ a la Junta de Castilla-La Mancha en su decisión de recurrir ese acuerdo del Consejo de Ministros, así como otros actos administrativos ‘que vayan contra los intereses de Castilla-La Mancha’.

También las Cortes castellano-manchegas instan por medio de esta resolución al Ministerio de Medio Ambiente a llevar a cabo ‘controles exhaustivos’ del uso del agua para los cultivos de regadío leñosos y solicitudes previas y justificaciones ‘caso por caso’ de las asignaciones a las comunidades de regantes.

La resolución del PP que fue rechazada instaba a la Junta a realizar obras y a acometer infraestructuras para que las poblaciones de Castilla-La Mancha tengan agua en condiciones salubres para el consumo, así como para el regadío que beneficie al desarrollo.

También pedía esta resolución presentada por la oposición que la Junta ‘aclare el destino’ de los 81 millones de euros de ‘compensación’ por el trasvase Tajo-Segura.

Además, incluía otro punto que instaba a la Junta a rechazar ‘todo trasvase que no sea para consumo humano’.

La consejera de Obras Públicas, María Encina Alvarez, intervino en el debate general de la Cámara e indicó su extrañeza por las dudas de la líder del PP, Dolores de Cospedal, sobre si apoyar al gobierno regional en el recurso a la decisión del Gobierno de España.

Alvarez recordó que De Cospedal dijo ayer, miércoles, en Valdepeñas que ‘lo más seguro’ apoyaría el recurso, horas después de que la portavoz parlamentaria de su partido, Ana Guarinos, asegurase el apoyo.

En cualquier caso, Alvarez ironizó acerca de si De Cospedal ha pedido permiso ‘a su jefe de filas’, el presidente del PP, Mariano Rajoy, para apoyar el recurso.

En la explicación de las propuestas, el diputado del PP Miguel Angel Montserrat pidió unidad a la hora de defender el acuerdo logrado para la reforma del Estatuto.

También lamentó que en el Gobierno de España tuviera ‘más peso ERC que (el ex presidente de Castilla-La Mancha, José) Bono y se derogase el trasvase del Ebro’ y el Plan Hidrológico Nacional (PHN).

Montserrat señaló que a su grupo parlamentario le interesa saber dónde se gasta el agua una vez trasvasada por el acueducto Tajo-Segura, pero también el uso del trasvase, ya que han sido invertidos 81 millones de euros para el canon.

El diputado del PSOE Francisco Moya explicó que ese montante ha sido invertido en obras hidráulicas en municipios ‘ribereños’, entre los que incluyó no sólo a los de los embalses Buendía y Entrepeñas, sino también a los que son ‘ribereños’ del río Tajo o de sus afluentes, como Cuenca capital.

‘Si hoy -dijo Moya- hablamos de fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura es gracias a José María Barreda’, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Moya achacó a la líder del PP regional, María Dolores de Cospedal, que mantenga un discurso sobre política hidráulica en Castilla-La Mancha y otro diferente junto a sus compañeros de partido de Murcia y Valencia.

También indicó que el grupo socialista rechazaba la propuesta del PP porque instaba a algo que los gobiernos regional y estatal ‘ya hacen’, como obras e infraestructuras hidráulicas, algo que, recordó, no hacía el Gobierno del PP, y el PP regional votaba en contra de resoluciones para ello.

Moya subrayó que hoy se ha aprobado en las Cortes Generales el Estatuto de Aragón con el visto bueno del PP, y remarcó que en ese Estatuto se establece una reserva de agua en favor de Aragón de 6.500 hectómetros cúbicos para el desarrollo de la comunidad aragonesa.

En réplica a Montserrat acerca de la derogación del PHN, Moya señaló que ‘esa traición que consideraban a Bono está ahora en nuestro Estatuto’, por lo que pidió prudencia a la hora de tratar un tema sobre el que hubo consenso entre el PSOE y el PP para aprobar la reforma estatutaria.