El PSPV se opuso al dictamen del PP por considerar que sólo plantea propuestas «antiguas» y «autocomplaciones», que además son «escasas» y no incluyen «ni novedad ni modernidad en sus enfoques», mientras que EU-Entesa aseguró que las aportaciones que pretende realizar este informe están «obsoletas» y son propias de planteamientos políticos del siglo XIX como los que formulaba en esa época Joaquín Costa. Tanto socialistas como EU-Entesa anunciaron que mantendrán sus conclusiones para el pleno a través de votos particulares.
El PP rechazó durante el debate una petición que le planteó el PSPV de que rectificara su dictamen de conclusiones para eliminar del mismo la afirmación de que el Ministerio de Medio Ambiente se negó a facilitar los informes que le reclamó la comisión de la sequía.
El socialista José Antonio Godoy tildó de «gran mentira» esta acusación, ya que, según alegó, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no se negó a entregar estos informes, sino que pidió que, en aplicación de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se solicitaran a través del Consell de la Generalitat.
El parlamentario del PSPV aseguró que Narbona lo expresó en un escrito que dirigió en septiembre al presidente de las Corts, Julio de España, en el que, además, le comunicaba que no comparecería en la Cámara. El presidente de la comisión, el popular Rafael Maluenda, rechazó que ese informe hubiera llegado a la Mesa de este órgano, y acusó a Godoy de haberlo «ocultado», una acusación que motivó un cruce de acusaciones entre ambos.
El diputado socialista le respondió que el escrito fue registrado en la Cámara y se preguntó por las razones por las que De España no se lo había «pasado» al PP, mientras que Maluenda insistió en que la Mesa de la comisión no recibió ese escrito, aunque reconoció que sí supo, a través de la letrada, que Narbona había excusado su no comparencia, pero argumentó que la comisión «es soberana para solicitar directamente al ministerio» los documentos.
El portavoz del PP en la comisión, Joaquín Soler, mantuvo sus críticas al «boicot» realizado, en su opinión, por el PSPV y por el Ministerio de Medio Ambiente a los trabajos de la comisión. Soler negó además que el documento incluya ninguna «mentira» y destacó que, al contrario de los presentados por la oposición, el suyo se ajusta a los trabajos de una comisión «modélica» y constata la necesidad de los trasvases y el «fracaso» de las alternativas que plantea el Gobierno central para paliar el déficit hídrico.
Soler rechazó además las críticas a la falta de «pluralidad» de los comparecientes que han participado en la comisión, y subrayó en este sentido que resulta «muy difícil contrarrestar opiniones» cuando tanto la ministra de Medio Ambiente, como el director general del Agua, Jaime Palop, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, o los alcaldes socialistas de Aspe y Villena «se han negado a venir». También alegó que no han comparecido primeros ediles o usuarios de la Ribera, porque la oposición no solicitó su presencia.
Autocomplacencia
Por su parte, el diputado socialista José Antonio Godoy señaló que el dictamen del PP incluye «muchas horas» de trabajo mecanográfico, pero «pocas propuestas», y además «antiguas» y «autocomplacientes», porque que no incluyen «ni una sola gota de crítica al Consell». El parlamentario denunció que «ha faltado la representación de la mitad del pueblo valenciano» en esta comisión, en la que el 95 por ciento de los comparecientes defendían las tesis del PP, partido que ha pretendido «amordazar» a los discrepantes y que, según agregó, tampoco quiso la comparecencia de ningún alcalde ni de ningún representante de los regantes de la Ribera.
Godoy insistió en la oferta de diálogo al PP para llegar a acuerdos y defender posturas conjuntas en Madrid, especialmente cuando se están realizando reivindicaciones estatutarias por parte de otras comunidades que afectan a los intereses de la Comunitat Valenciana, y lamentó que el Consell se niegue a aceptar este consenso que, sí es posible, recriminó, en comunidades como Aragón o Castilla-La Mancha.
El portavoz de EU-Entesa Joan Ribó EU-Entesa denunció que las conclusiones del PP son «obsoletas» y propias de planteamientos políticos del siglo XIX, con los que se pone fin a una comisión «de adoctrinamiento» y de «propaganda» que no incorpora, dijo, medidas para hacer los «deberes» en materias como la reutilización de agua, la mejora de las redes de distribución o la modernización de regadíos.