El Real Decreto de Demarcaciones Hidrográficas aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros obliga a la Generalitat a asumir las competencias sobre los ríos que nacen y desembocan en el mar dentro de la Comunidad Autónoma aunque al hacerlo se arriesgue a perder peso en los órganos de decisión en materia de agua en beneficio de Castilla-La Mancha, con quien ahora mismo mantiene intereses contrapuestos.

Junto al citado decreto, el consejo de Ministros aprobó otro por el que crea y determinan las funciones de los «comités de autoridades competentes», un órgano consultor para la formación y revisión del Plan Hidrológico del Júcar en el que todas las comunidades autónomas afectadas- Aragón, Castilla-la Mancha, Cataluña, la Comunitat Valenciana y Murcia estarán representadas por igual y no en función de su territorio o población como ocurre hasta ahora en otros órganos de la Administración hidráulica.
La administración central se reserva el derecho a igualar con sus representantes los que aporten la comunidades y ha excluido de este organismo a las federaciones de regantes, pese a que habían pedido expresamente formar parte de los comités como entidades colaboradoras de derecho público y gestoras de casi el 80% del agua que se consume en España.
La nueva demarcación del Júcar, destinada a sustituir a la actual Confederación Hidrográfica del Júcar y consecuencia directa de la nueva directiva de aguas, comprende desde la margen izquierda de la gola del Segura hasta la cuenca del Cenia. Quedan excluidas las «cuencas intracomunitarias» que pasaran a formar parte de las competencias autonómicas.
Mientras se produce el traspaso «efectivo» de las cuencas intracomunitarias a la Comunitat, la futura demarcación hidrográfica del Júcar mantiene provisionalmente todos estos ríos -Serpis, Girona, Palancia, etc- dentro de la competencia estatal, lo que paradójicamente puede beneficiar a los intereses valencianos, que aportan más población y territorio-que se traduce en votos- los órganos de dirección de la actual Confederación Hidrográfica y que perderán esta situación preeminente en beneficio de Castilla-La Mancha cuando se culmine el traspaso
Desde la Generalitat se pedía ayer tiempo para estudiar el contenido de la nueva normativa antes de dar a conocer una posición oficial al respecto.